El Gobierno pagó un “significativo” sobrecoste al duplicarse los sistemas

Las supuestas irregularidades destapadas por el Gobierno en el proceso de informatización judicial entre 2000 y 2009 causaron a las arcas públicas un sobrecoste aún sin cuantificar, pero “significativo”, según el informe elevado por Justicia al fiscal, al obligar a la coexistencia de dos sistemas distintos de gestión procesal, así como a simultanear dos aplicaciones informáticas. Este es uno de los perjuicios más reseñables que constan en la información remitida a la fiscalía sobre los contratos supuestamente irregulares.

El fiscal superior, Juan Calparsoro, decidió ayer remitir a la fiscalía de Álava, cuyo titular es Josu Izaguirre, todas las diligencias para que decida “las acciones penales que sean procedentes”. Álava es el lugar donde se produjeron los hechos pues allí se encuentra la sede del departamento.

El citado perjuicio se produjo al estar inacabados trabajos que, en cambio, habían sido pagados en su integridad, afirma el documento. Ni siquiera en los casos en que las tareas contratadas se completaron, aun después de pagadas y fuera de plazo, se pueden considerar cumplidos realmente los contratos, porque “registraban un número de incidencias anormalmente elevado”.

Calparsoro decide remitir todas las diligencias del caso a la fiscalía alavesa

Dichas incidencias venían dadas por los “defectos generalizados de construcción del aplicativo informático” que gestionaron principalmente Ibermática —en solitario en unos casos y junto a Seintex y Azertia, dos firmas absorbidas por Indra, en otros— y la propia Indra. Por parte de la Administración, el proceso lo gestionaron la directora de Relaciones con la Justicia desde 1995, Inmaculada de Miguel, y la jefa del servicio de Informática Judicial, Ana Molina.

Ese análisis sobre la calidad del trabajo prestado consta en informes de 2009 firmados por la nueva responsable del servicio de Informática Judicial. Está incluida, en concreto, en el expediente número 2, por el que se adjudicó en noviembre de 2001, por 570.000 euros, la primera fase del sistema de gestión procesal en los órganos jurisdiccionales, conocido como JustiziaBat. Los trabajos de este debían concluir dos años después; sin embargo, hasta octubre de 2006, no se produce la implantación en un solo juzgado.

“No se explica”, dice el documento que firma la actual viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, por qué De Miguel dio el visto a la entrega y pago de los trabajos y la devolución de los avales depositados en garantía. Además, abonó otras dos facturas por 12.000 euros cada una a Ibermática, y una de 12.000 para la actual Indra por conceptos ya incluidos en los contratos. Esta última pagaba algo que no existe ni siquiera hoy: la implementación de JustiziaBat en la jurisdicción de Menores. Ni uno solo de esos juzgados cuenta aún con ese sistema.

El expediente número 1 detalla cómo la actual Seintex, ahora Indra, cobró 20 millones de pesetas, e Ibermática 10, casi un año antes de la fecha de la fecha de entrega de otro encargo. Más aún, cobraron antes de la fecha señalada para iniciar el trabajo y empezaron este antes incluso de adjudicarse los dos lotes. Paradójicamente, es después de ese comienzo cuando se realiza un estudio de viabilidad.

En ese mismo caso se descubren también “irregularidades en el precio por hora” y en el número de horas “teóricamente” trabajadas, que resultaría “a todas luces imposible”. Indra e Ibermática reconocieron por escrito que no entregaron el trabajo completado, pero sí cobraron en su integridad los contratos: 80 millones de pesetas Indra y 40 Ibermática. El contrato es de 2000. Otro trabajo abonado en 2003 — 180.000 euros por incorporar el servicio de justicia juvenil a JustiziaBat— está por hacer.

En un tercer expediente, el Gobierno duda que se pudiera realizar un trabajo en solo los 29 días que median entre la firma del contrato —el 2 de diciembre de 2004— y su cobro el 31 siguiente. La empresa debía saber de antemano que le iba a ser concedido, es la sospecha. Como señala Justicia en sus conclusiones, resulta llamativo el escaso —“a veces escasísimo”— plazo para ejecutar los trabajos contratados, “lo que permite suponer, en unos casos, que la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria” y, en otros, que los contratantes no tenían “intención de realizar lo convenido”.

Tampoco acepta la necesidad de otros 900.000 euros satiosfechos ese mismo año para mejorar JustiziaBat, puesto que el sistema no estaba en ninguna parte. También hay reconocimiento escrito de las empresas. La misma duda sobre el plazo pesa en otros de los casos analizados. Sobre un contrato de 686.320 euros, el Gobierno calcula que, a un precio teórico de 60 euros la hora, debieron trabajar 70 personas a tiempo completo durante el mes que medió entre la adjudicación y el cobro.

En el caso referido a la compra de un gestor de contenidos, el informe ve la prueba de que no había intención de cumplir el contrato en el hecho de que las licencias no se compraran hasta un año después.