Los usuarios consideran "inadmisible" el euro por receta indiscriminado

Aluvión de reacciones al copago sanitario para todos. La Generalitat de Cataluña pretende fijar un peaje de un euro por medicamento para los usuarios de la sanidad pública que necesiten fármacos con prescripción médica, indistintamente de su renta, según el proyecto de ley que acompaña los presupuestos para 2012, que presentó ayer el Gobierno catalán. "Inadmisible": así ha calificado la propuesta Carme Sabater, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad de Cataluña, que considera que el euro por receta médica "indiscriminado" no se puede aceptar. 

"El lunes nos dijeron que no afectaría a las personas que no tienen recursos, y ahora han cambiado. Nos parece muy duro y muy fuerte añadir un euro al 40% que ya estamos pagando", afirma Sabater. "Tenemos constancia de que hay personas en paro que tienen que dejar el tratamiento porque ya no pueden pagar el 40% de los medicamentos". Sabater reclama buscar recursos por otros medios. También el sindicato Médicos de Cataluña ha apuntado que la medida "puede suponer un agravio para los enfermos crónicos y para las personas en paro".

"Sea la medida que sea, esta o cualquier otra, no puede pasar determinadas líneas rojas. No sabemos cómo se aplicará ni cómo influirán los futuros anuncios de Rajoy", ha afirmado esta mañana el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc Pla. El colegio y la Generalitat todavía no se han reunido. "Tenemos muchos temas pendientes para 2012", ha añadido Pla.

Las farmacias, por su parte, se mantienen a la expectativa y prefieren no entrar en la polémica. “Nosotros no pintamos gran cosa, solo estamos en medio”, señala Àngels Díaz, farmacéutica del barrio barcelonés del Eixample. Según el proyecto de ­ley que ha diseñado la Generalitat, las farmacias deben cobrar el euro que cada ciudadano abonará por medicamento; después el Gobierno catalán se lo cobrará descontándolo de la factura farmacéutica que abona periódicamente a estos establecimientos en concepto de los medicamentos dispensados gratuitamente a los usuarios de la Seguridad Social. “Claro que nos parece exagerado cobrar a todo el mundo igual”, ha afirmado Díaz. “Pero si nosotros recaudamos esta tasa es como si la Generalitat nos avanzara parte del pago y ya nos va bien. ¡Nos pagan con más de tres meses de retraso!”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa  de la Sanidad Pública (FADSP) ha calificado hoy en un comunicado de "ilegal" la propuesta de la Generalitat catalana de cobrar un euro por receta médica, ya que Cataluña carece de competencias sobre la política de medicamentos. La FADSP ha calificado de "injusta" e "insolidaria" la medida, y ha subrayado que "pone trabas" al acceso a la prestación farmacéutica y tiene "especial repercusión" en las personas más enfermas (que precisan más medicamentos) y las que tienen menos recursos económicos.

Receta médica en mano, María Contreras aguardaba esta mañana para ser atendida en el ambulatorio Roger de Flor de Barcelona. “Pues mira, vengo a buscar uno, dos… tres medicamentos. Tres euros que me costará, más que el desayuno”, ha protestado esta jubilada de 68 años que se halla en tratamiento por una neumonía. “Me parece perfecto que limiten el abuso de medicamentos, pero los que estamos enfermos, ¿qué?”, ha preguntado. “A pagar, siempre a pagar”, ha añadido Luis Mestre, empresario de 48 años que también aguardaba con una receta para dos medicamentos. Otros dos euros para las arcas de la Generalitat una vez que haya aprobado el copago sanitario.

La medida aún debe negociarse en el Parlament, pero se ha diseñado con carácter universal y sin atisbo de equidad social: la nueva tasa afectará por igual a pensionistas, jubilados y enfermos crónicos. “No lo hacemos con finalidad recaudatoria”, aseguró ayer el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, en la presentación del proyecto de presupuestos.

El consejero justificó la universalidad del copago por la “complejidad” de discriminar entre usuarios, aunque no descartó hacerlo al cabo de unos meses y ponerlo encima de la mesa en la negociación con el resto de las fuerzas parlamentarias. La Generalitat, por otra parte, pretende pactar algún tipo de límite que se determinará durante la negociación parlamentaria. Este techo se fijaría previsiblemente alrededor de los 61 euros anuales por persona.