Los catalanes deberán pagar un euro por receta a partir del año próximo

El copago farmacéutico será una realidad en Cataluña el año próximo. Todos los catalanes, sin excepción, deberán pagar un euro por medicamento dispensado con receta médica. Así lo establece el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras que acompaña a los presupuestos de 2012 y que este mediodía ha presentado en el Parlament el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. Esta medida, queya esbozó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hace apenas dos semanas, supondrá unos ingresos de 102 millones de euros en 2012. La medida entrará en vigor cuando el Parlament apruebe los presupuestos, lo que previsiblemente ocurrirá en el primer trimestre del año.

Los usuarios de la sanidad catalana abonarán el euro por receta cuando los farmacéuticos les dispensen el medicamento. Es decir, las farmacias serán las encargadas de recaudar esa tasa. Estos comercios se quedarán el dinero recaudado y posteriormente el Servicio Catalán de la Salud se lo descontará de las transferencias que deben recibir por los medicamentos dispensados.

El copago no discriminará, al menos en su entrada en funcionamiento, por nivel de ingresos ni por tipo de enfermedad. Es decir, lo deberán abonar desde pensionistas hasta enfermos crónicos. Mas-Colell ha justificado esta decisión alegando que la Generalitat quiere "simplificar" ese trámite y ha considerado que fijar exenciones resulta "complejo". Por ello, ha apostado por una tasa "universal". "Preferimos empezar por un nivel muy bajo e irla adaptando y, si cabe, desarrollar estructuras de exenciones", ha asegurado. Mas-Colell ha negado que la tasa tenga un fin "recaudatorio". "Se trata de poner barreras al sobreuso y abuso en el ámbito de la prescripción farmacéutica", ha concluido.

El secretario general de Sanidad en funciones, Alfonso Jiménez, advirtió el pasado mes de noviembre a la Generalitat de que, en su opinión, "es inconstitucional imponer un copago a las recetas para que los pacientes paguen un fijo por cada medicamento", porque invade competencias. Fuentes del Ejecutivo catalán han mantenido que la medida es constitucional porque, a su juicio, no es un copago en sentido estricto, sino una medida disuasoria para evitar abusos en el uso de la sanidad pública.