Nuestros tribunales penales suelen incumplir el mandato legal de abstenerse de dictar sentencia cuando hay cuestiones civiles o administrativas determinantes de la culpabilidad o la inocencia
El Tribunal Supremo cambió abruptamente su doctrina tradicional sobre la malversación al permitir la condena de los políticos andaluces
No hay ninguna razón para que la Constitución hiciera al poder judicial inmune al control ante violaciones de derechos fundamentales
La elección directa del CGPJ por los jueces compromete la afirmación constitucional de la justicia como emanación del pueblo
Los principios de cada juez no pueden ser el único criterio de sus resoluciones ni sustituir la búsqueda objetiva de la dimensión ética más plausible que subyace en la Constitución y las leyes
Se le está dando a Junts el estatuto de único representante de una Cataluña eterna e intemporal, en asuntos que son de todos los catalanes de hoy
No es asumible que Puigdemont (quien no ha pasado ni un día en prisión) resulte, sin más, amnistiado, lo que lo redimiría ante los suyos y revestiría de proeza su conducta
El indulto no tiene sentido en el caso de Puigdemont, fugado y cabeza de un Consell que aún propugna la violación unilateral de la Constitución. Por eso pretende una amnistía políticamente imposible en su situación
Urkullu hace algunas propuestas nuevas que, más allá de su discutible oportunidad, podrían caber en un modelo descentralizado no confederal. Otras, en cambio, no caben en nuestro modelo constitucional
Si la Constitución exige consultas es porque se quiere que el Rey tenga todos los elementos para saber quién tiene más probabilidades ciertas de ser elegido presidente: podrá ser quien tiene más escaños o, por contra, el siguiente u otro
En la actualidad, en la gran mayoría de los países avanzados se ha transformado la pulsión retributiva de las leyes penitenciarias al subrayar la orientación de reinserción social y reeducadora de la pena
La resolución del Tribunal Constitucional es muy grave y puede poner en cuestión la credibilidad e independencia del mismo
El principal partido de la oposición secuestra las instituciones desde hace cuatro años
Lo que necesita nuestro país es reforzar la protección del orden constitucional frente a nuevas formas de romperlo que consisten en utilizar las instituciones y las leyes como ariete contra la Ley Fundamental y la democracia
La alteración por el PP del normal funcionamiento de uno de los poderes estatales a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional
La ley de 1977 no fue amnesia, desmemoria o preferencia por dejar impunes determinados delitos, sino que se hizo con plena conciencia de lo ocurrido, dando una oportunidad de empezar un tiempo nuevo
Hay que cumplir las leyes que uno mismo hizo. Una democracia peligra cuando partidos relevantes, al despreciar deliberadamente la Ley, se sitúan fuera de ella, como está sucediendo en torno al CGPJ
No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace
En su resolución sobre la aplicación del estado de alarma durante la pandemia el Tribunal Constitucional recupera la letra y el espíritu del modelo de estado de excepción de la Ley de Orden Público de 1959
Si se concede el indulto, urge recuperar en el Código Penal la figura del delito contra la forma de gobierno que sancione la conducta de autoridades que actúen ilegalmente contra el sistema constitucional
El objetivo compartido debe ser vencer definitivamente la pandemia cuanto antes para afrontar sus consecuencias posteriores y hacerlo con la mayor seguridad jurídica
Lo que eran exabruptos en el bar, sin apenas trascendencia social, ahora son excesos delictivos amplificados en el ciberespacio. Una democracia necesita debate, pero ¿aporta algo banalizar la violencia y la humillación?
La petición de 10 vocales del CGPJ caducado de que un pleno extraordinario del Congreso debata aspectos de la ley que afecta a los Consejos en su situación no es procedente y está en línea con una estrategia política
Las derivas que pueden debilitar la democracia empiezan mucho antes de sucesos como el vivido el 6 de enero en Washington. Hay que detectarlas para detenerlas a tiempo, también en Europa y en España
La demonización que han hecho algunos partidos de oposición de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio está en el origen del desconcierto en el que ahora nos encontramos
No se respetaría la Constitución si las restricciones de derechos que se pueden hacer con el estado de alarma se impusieran al amparo de cualquier ley infraconstitucional y al margen del control del Congreso
Puede haber monarquías republicanas y repúblicas absolutistas o dictatoriales. El radicalismo divisivo puede derivar hacia cambios constitucionales drásticos, innecesarios o perturbadores, sobre la forma de gobierno
Aplicar el estado de excepción a situaciones motivadas exclusivamente por acontecimientos naturales o tecnológicos supondría una modalidad de violación constitucional, es decir, un fraude de ley
Las medidas adoptadas en el estado de alarma delimitan o restringen nuestra libertad, pero no violan ningún derecho porque anteponen la ineludible obligación de no poner en riesgo la vida de los demás
En contra de lo que se ha sugerido sin razón, el real decreto del sábado nada tiene que ver con la aplicación del artículo 155. No suspende el régimen normal de competencias, aunque las asume de forma temporal
Resulta procedente recuperar ahora el delito de rebelión de la fórmula de consenso de 1981 y 1985 o, mejor aún, la fórmula de Jiménez de Asúa del Código de la República del delito contra la forma de Gobierno
El presidente-diputado solo cesa cuando la condena es firme, lo que no ocurre en el caso del ‘president’ de la Generalitat. Sería lamentable que una sentencia ejemplar resulte embarrada por una ejecución desacertada
Las dificultades derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras implican una cuadratura del círculo. Cumplirla con exactitud supone incumplir nuestra Constitución
El tribunal ha postergado la persecución de los fraudes concretos y se pronuncia sobre el sistema de concesión de ayudas como causa de los delitos; pero así se dificulta el avance en las piezas separadas
La propuesta de Sánchez de modificar el artículo 99 de la Constitución no resuelve el problema de la estabilidad durante la legislatura. Sin mayoría, depende de pactos coyunturales con unos y con otros
José Vida Soria, parlamentario socialista en las dos primeras legislaturas de la democracia, fue un hombre clave para alcanzar los acuerdos que sustentan la Constitución
El hecho es que nuestro Tribunal Constitucional ha relajado su poder de controlar al legislador
La ley de estabilidad presupuestaria es nula. Condiciona el poder del Ejecutivo por acuerdos previos de las Cámaras
Dilucidar si hubo declaración de independencia depende de la perspectiva con la que se analice. Una cosa permanece: la nueva fórmula promulgatoria de las leyes del Parlament muestra que se ha querido acabar con el Estatuto
El Parlament puede poner en marcha una reforma de la Constitución y no declarar la secesión