El origen de buena parte de nuestros actuales males

Imposible entender la actual crisis que suscita la amenaza de suspensión del proceso legislativo de modificación de la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y la verificación de su idoneidad sin tener bien presente su origen. Éste se localiza en el secuestro de las instituciones que el principal partido de la oposición viene realizando desde hace más de cuatro años; ejecutado mediante el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dicho partido, y que no se ciñe al propio CGPJ al extenderse por todo el sistema de poderes e instituciones sucesivamente afectados. El primer secuestrado fue el CGPJ y contaminó el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y del resto de tribunales hasta abril del año pasado. La conformación del Poder Judicial mismo se ha seguido haciendo por quien conscientemente se sabía que no debía hacerla, afectando indirectamente al derecho fundamental al juez predeterminado por la ley.

Ahora asistimos al secuestro del Tribunal Constitucional (TC) bloqueado porque en el secuestrado CGPJ algunos impiden nombrar, con todo tipo de pretextos, los dos magistrados del TC que le corresponden. El último secuestro es el de la potestad del Gobierno mismo, atribuida por la Constitución (CE), de nombrar a dos magistrados del TC pretextando que si el CGPJ no nombra a sus dos magistrados (como sucede desde septiembre pasado) los que nombre el Gobierno no pueden ser sometidos al trámite de idoneidad que corresponde hacer al actual TC.

Solo teniendo siempre bien presente este secuestro original se puede comprender el problema que suscita una enmienda introducida a última hora en una proposición de ley sobre materia ajena completamente a los nombramientos del TC. Una enmienda que trata de solucionar el problema del citado secuestro, cambiando las mayorías que se exigen en la ley vigente y modificando el requisito de verificación por el TC de la idoneidad de los nuevos magistrados con la que el TC amaga con no permitir la eficacia de tal nombramiento.

Esa enmienda, sin entrar aquí en sus eventuales problemas de fondo, tiene el grave defecto de haberse introducido como enmienda a una ley sin relación con los nombramientos de nuevos magistrados del TC. Defecto completamente incomprensible, pues todos saben (aunque no siempre se respete) que a través de enmiendas no pueden introducirse cuestiones que no guarden conexión alguna con el tema objeto de la proposición de ley enmendada.

Solo desde la precipitación o desde la desesperación de contemplar impotentes el secuestro de poderes e instituciones durante cuatro años, se puede explicar —nunca justificar— el error en que han incurrido los autores de la enmienda. Lo que hubiera procedido es haber presentado una iniciativa legislativa autónoma para la cuestión del nombramiento de magistrados del TC y nunca una enmienda; error que todavía se puede corregir empleando el instrumento adecuado.

Se trata de un error grave, aunque sea un error reaccional; es decir, cometido para acabar con la violación constitucional que supone el deliberado y permanente secuestro de las instituciones. Esta crítica a la pretensión de modificar, de forma contraria a los procedimientos más elementales, leyes orgánicas del CGPJ y del TC no habilita al PP a presentarse como víctima escandalizada cuando hace tan sólo un año aprobó en el Senado —después en el Congreso— una enmienda completamente ajena al proyecto de ley que se tramitaba (Ley 13/2021 de transportes terrestres) sobre el importe que AENA debía percibir por los arrendamientos de la zona comercial después de la pandemia. Ninguno de esos comportamientos inadmisibles se convalidan, sin embargo, por su mutua práctica, sino que deben denunciarse.

Equivocarse en la forma de solucionar una conducta inconstitucional sólo sirve para difuminar las responsabilidades; ello hará pensar al público que todos son iguales sin distinguir el origen del problema. Para acabar con el secuestro que está en el origen de todo, el Gobierno y los partidos que lo sostienen han de ser exquisitos en las formas y escrupulosos en los medios. Exquisitos también en las palabras. Las referencias al golpismo judicial realizadas por los diputados sostenedores del Gobierno o por alguno de sus miembros son preocupantes e inadmisibles. Toca rebajar el tono y apelar a la razón, sin perderla por los medios o las formas que se emplean.

Tras señalar el error de modificar leyes tan esenciales como la del poder judicial o el TC por enmienda es preciso destacar el error, muy grave también, en que incurriría el TC si llegase a acordar la suspensión de la tramitación de la enmienda que afecta a la elección de magistrados del TC o a la verificación de su idoneidad. Tal suspensión se haría a petición de diputados del partido secuestrador —lo que no les priva del derecho a pedirlo— en un recurso de amparo (contra la admisión a trámite de dicha enmienda) solicitando medidas cautelarísimas (sin oír al Congreso) para que anulase tal admisión y se suspendiera el debate sobre ellas; debate ya concluido al haberse remitido la proposición al Senado.

Nunca hasta ahora, salvo con ocasión de los acontecimientos secesionistas de Cataluña (en circunstancias extraordinarias y distintas, pues se suspendió la convocatoria de un pleno por tratarse de un pleno de ejecución que una ley ya suspendida había expresamente prohibido convocar), se había accedido a tal suspensión, aunque se haya solicitado en más de una ocasión. Lo explica la preservación de la separación e independencia de los poderes y el principio general de que los recursos de amparo no conllevan suspensión, salvo cuando, de no suspenderse, sea irreparable el daño producido y superior este daño al derivado de la suspensión.

Aunque la tramitación continuase en el Senado y se llegase a aprobar la ley, el TC siempre podría llegar, de estimarse el amparo, a dictar una segunda sentencia, ante un eventual recurso de inconstitucionalidad del PP, que declarase la nulidad de la ley. Una ley no sólo es inconstitucional por la violación sustantiva de la Constitución, sino también puede llegar a serlo porque en el procedimiento de aprobación se haya violado el derecho de participación política (artículo 23 CE). Así lo afirmó la STC 114/2017 que declaró nula la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña del referéndum de autodeterminación. En esas condiciones no hay daño irreparable que legitime la suspensión ahora, pues siempre podría anularse posteriormente la ley.

Además, la existencia del Senado como Cámara de segunda lectura exigirá considerar si se convalidan los defectos producidos en el Congreso al no tener los senadores limitación alguna (de debate y enmienda) sobre lo que ya no son enmiendas, sino artículos de la proposición remitida por el Congreso.

Urge recuperar la serenidad y reconstruir los destrozos y el mal ambiente que ha generado el secuestro denunciado más arriba; secuestro que es el origen de nuestros actuales males que contaminan la vida política y el funcionamiento de los demás poderes e instituciones del Estado. Diagnosticar con claridad la enfermedad que padecemos es la primera exigencia, aunque la claridad parezca dura, pues no se pretende ser duro sino claro en el diagnóstico, sin confundir la enfermedad con sus síntomas y consecuencias para no equivocarse en su tratamiento. Ello exige reconstruir lo que se ha degradado, correspondiendo al principal partido de la oposición acabar con su comportamiento obstruccionista origen de todo. Al TC, en tan delicado momento para la institución, le corresponde no dejarse arrastrar al barro partidista y aplicar estrictamente, y si es posible con el consenso de todos sus miembros, la Constitución. Al Gobierno y a los partidos de la coalición, no dar pasos en falso siendo exquisitos en la forma, los medios y las palabras para propiciar condiciones que permitan centrarnos en la tarea de recuperar entre todos y con todos el consenso que un día hizo posible aprobar nuestra Constitución sentando las bases de la convivencia.