El PP también usó la vía de enmiendas para frenar el Plan Ibarretxe y recibió la censura del Constitucional

El PP ha tachado de “ataque al orden constitucional y al Estado de derecho” la tramitación de la reforma legal para facilitar el desbloqueo del Tribunal Constitucional por la vía de dos enmiendas a la proposición de ley sobre el delito de sedición. Sin embargo, el PP ha incurrido en el pasado exactamente en las mismas prácticas legislativas contra las que ahora reacciona con la máxima indignación. Hasta el punto de que el precedente jurisprudencial que puede utilizar ahora el tribunal de garantías para darle la razón al PP en su recurso de amparo es por una actuación del PP. Se trata de una sentencia del Constitucional del año 2011, que dio la razón a un grupo de senadores socialistas que había recurrido en amparo porque el Gobierno de José María Aznar tipificó en el año 2003 un nuevo delito de convocatoria de referéndums ilegales utilizando una enmienda a la Ley de Arbitraje, que nada tenía que ver, en el Senado. La dirección popular recibió este jueves con frustración que el tribunal de garantías haya aplazado la decisión sobre su recurso de amparo hasta el lunes, aunque en la cúpula eran conscientes de que era muy difícil que el tribunal frenara la votación en el Congreso.

En noviembre del año 2003, el Consejo de Ministros de José María Aznar aprobó una acelerada reforma del Código Penal para frenar el Plan Ibarretxe. El Ejecutivo de Aznar tipificó un nuevo delito de convocatoria ilegal de referéndum en virtud de la cual el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, podría ser condenado a penas de tres a cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta si decidía convocar el referéndum sobre su plan soberanista, como había anunciado. A su vez, el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, también del PNV, podría ser condenado con penas de tres a cinco años de prisión por subvencionar con fondos públicos al grupo parlamentario de la disuelta Batasuna. El Gobierno de Aznar tramitó entonces aquella reforma del Código Penal a través de una enmienda del Grupo Popular del Senado a la Ley Orgánica de Arbitraje, que entró en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de aquel año.

El PSOE recurrió en amparo y el Constitucional falló ocho años después, en la sentencia 119/2011 de 5 de julio de 2011, dándole la razón a los socialistas. Ese fallo es el precedente jurisprudencial más claro de la deliberación que va a abrir ahora el tribunal de garantías sobre la reforma legal del Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la renovación del propio tribunal. En aquella sentencia, el Constitucional argumentó que “con la admisión a trámite como enmiendas de unas propuestas de modificación del Código penal que no guardaban relación material alguna con el contenido de la Ley de arbitraje remitida por el Congreso de los Diputados, los recurrentes vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto que planteaba una problemática política por completo ajena a la que hasta el momento había rodeado al debate sobre la Ley de arbitraje, frente a la que no pudieron tomar una postura que se concretase en propuestas de enmienda o veto”. El alto tribunal decidió, en consecuencia, declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Senado por los que se admitieron a trámite las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje.

El PP pone el grito en el cielo ante un procedimiento legislativo que fue utilizado por otros Gobiernos del PP, aunque efectivamente fue censurado por el Constitucional. Fuentes de la dirección popular argumentan que la diferencia es la finalidad, porque entonces Aznar trataba de endurecer la ley contra las ambiciones soberanistas de Ibarretxe, y ahora Sánchez hace lo contrario con los independentistas catalanes. Pero el debate por el que el PP ha acudido en amparo al tribunal de garantías en esta primera fase tiene que ver con el procedimiento legislativo, que fue idéntico en uno y otro momento.

En la cúpula popular recibieron con frustración este jueves la decisión del Constitucional de aplazar su decisión al lunes y, por tanto, no paralizar la votación en marcha en el Congreso de los Diputados sobre la ley de sedición, una situación que habría resultado insólita en democracia. En la dirección veían de antemano complicado que el tribunal decidiera aceptar su petición de medidas cautelarísimas, pero habrían estado perfectamente cómodos si así hubiera sucedido, ante el “atropello a la justicia” que observan por parte del Gobierno. En Génova la decisión del Constitucional no sentó nada bien, y fuentes de la cúpula lamentaban en privado tras conocer la noticia que el tribunal “se ha reunido para decidir que no se mojan”. El PP espera que el tribunal termine dándole la razón, pero teme que sea lento y no les sirva para liderar la acción política.

Con todo, en la cúpula del PP están satisfechos con este movimiento que les ha permitido recuperar la iniciativa en un marco en el que ha cogido vuelo Vox al promover una moción de censura. Pero aunque en el corto plazo el PP haya ganado la táctica a la extrema derecha, todavía queda partido. Tras el tensísimo debate de este jueves en el Congreso, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo defendió en los pasillos que, de acuerdo al discurso del PP, que considera esta situación un ataque a la democracia, lo lógico sería no quedarse en un recurso a los tribunales, sino que Alberto Núñez Feijóo lidere una moción de censura contra Pedro Sánchez.