Cuando los bancos de desarrollo invierten en proyectos que salen mal: en busca de una salida responsable

Juan Pablo Orrego lleva más de diez años exigiendo una reparación. Desde que en 2008 el Gobierno chileno anunció la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, a unos 50 kilómetros al sureste de Santiago de Chile, él advirtió que podría salir mal. “Desde el comienzo la evaluación de impacto ambiental fue deficiente”, explica a través de una llamada con EL PAÍS. “Y aunque lo advertimos desde el principio, no se tuvo en cuenta el impacto que el cambio climático tendría en este proyecto”.

Pese a esto, el proyecto recibió una importante financiación por parte de los bancos de desarrollo: en 2013, BID Invest —el brazo privado de ese banco de desarrollo en América Latina— prestó 200 millones de dólares y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial dio 150 millones de dólares más. En 2014, además, se sumaron otros apoyos financieros, como el de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos.

A medida que la construcción de la hidroeléctrica – que comenzó en 2013 – avanzaba, las dudas que tenía Orrego sobre el proyecto se materializaron. La comunidad vio cómo se contaminaba el agua; se prolongó el tiempo de construcción de cinco a 12 años y se intensificó la contaminación del aire. En 2017, de la mano del Center for International Environmental Law (CIEL), la organización Ecosistemas, que lidera Orrego, y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, pusieron una queja ante los mecanismos de rendición de cuentas de ambos bancos: el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID, y el Compliance Advisor Ombudsman (CAO) del IFC.

“Tardaron más de cuatro años en dar un informe, mientras el proyecto se seguía construyendo”, agrega Orrego. Incluso, en 2021, se reestructuró la deuda, llevando a que el BID dejara el proyecto en 2022, ya que, como explicó ese banco a EL PAÍS, “fue una reestructura de índole comercial y más apropiada para inversionistas privados que para un banco de desarrollo”. En 2018, el IFC también había tomado la decisión de desinvertir en el proyecto.

Para Carla García Zendejas, de CIEL, esta estrategia de los bancos de “saldar la deuda y romper relaciones con el cliente” cuando hay denuncias y problemas de por medio, ha sido una forma de abandono a las comunidades. “Cuando ven que la cosa va mal, lo que hacen es romper el vínculo con el cliente, y así se excusan en que ya no pueden incidir”.

Las denuncias, sin embargo, empiezan a dar sus frutos. A principios de octubre el IFC publicó oficialmente su Enfoque de Salida Responsable, un documento de no más de dos páginas, con cinco puntos: evaluar el impacto de la sostenibilidad del proyecto antes de salir, considerar si dejar la inversión aumentaría los problemas ambientales y sociales, utilizar su influencia, analizar qué pasa con su reputación y responsabilidad legal al hacerlo, y explorar si afecta la movilización de otros recursos.

“Aunque este nuevo enfoque es un paso en la dirección correcta, la verdadera prueba está en su aplicación”, agrega García, recordando que es una petición que han elevado desde “¡hace treinta años!”. Además insiste que aún hay un tema pendiente y urgente: la publicación de una política de remediación cuando se han causado daños.

Según le explicó la IFC a El País, en 2023 pusieron a consulta pública el borrador de un documento sobre el tema para recibir comentarios de cómo debe ser una salida responsable a inversiones que haga el IFC y, así, convertirla en un marco. “Tras los robustos comentarios recibidos durante la consulta pública, el equipo de IFC/MIGA continúa refinando y discutiendo con los miembros de las juntas directivas los aspectos técnicos del Framework for Remedial Action del IFC/MIGA”.

García espera que el Banco Mundial dé alguna noticia al respecto tras la semana de juntas que comienza el 21 de octubre. Pedir que estos marcos salgan adelante no es una demanda arbitraria. Si el Banco Mundial lo hace, otros bancos, como el BID, podrían seguir por la misma línea. “Nuestro mensaje es que el BID, siendo uno de los bancos que más invierte en proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, lo que tienen enfrente es la oportunidad de dar ejemplo”, aclara Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Ella ha acompañado el proceso de queja por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, en la Microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), en el norte de Guatemala. Los conflictos por los proyectos, según explica Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Popti, empezaron desde llegaron a su territorio.

“En 2009 los indígenas terminamos una serie de consultas comunitarias en el que un 99,8% de la población dijo que no quería ni minería ni hidroeléctricas en el territorio”, cuenta. “Pese a esto, no se nos consultó nunca sobre este proyecto”. En 2013 BID Invest hizo dos préstamos a la empresa que iba a desarrollar las hidroeléctricas: uno de seis millones de dólares y otro de siete millones de dólares. De manera similar a lo que pasó en Alto Maipo, en octubre de 2021 el banco finalizó su préstamo. “El prestatario informó de que ya no estaba en condiciones de seguir invirtiendo en el proyecto y, debido a la incertidumbre sobre la capacidad del prestatario de completar la construcción propuesta, en 2021 y tras consultar con el cliente, BID Invest y el cliente decidieron terminar su relación y firmaron acuerdos de liquidación porque las condiciones acordadas en la aprobación del proyecto habían cambiado”, aseguró el BID a El País.

Pero, antes, en 2018, el Gobierno Ancestral Plurinacional, AIDA y la Plataforma internacional contra la Impunidad presentaron una queja ante el MICI, del BID, en representación de las comunidades afectadas, no solo por ignorar la consulta previa de la comunidad, sino por los impactos ambientales, sociales y en seguridad que se estaban generando por su construcción. El informe del MICI, publicado en 2021, reconoció que ese financiamiento incumplió algunas políticas del mismo banco, incluyendo la de Sostenibilidad Ambiental y Social. Además, entre las 29 recomendaciones que dio, se habla de una salida responsable.

Sobre este proyecto puntual, el BID Invest aseguró que aprobó un plan de medidas de mitigación a las intervenciones del proyecto, “incluyendo acciones afirmativas y colaborativas con las partes interesadas locales y nacionales para apoyar acciones constructivas para fortalecer la cohesión social, la inclusión, y el ejercicio de derechos humanos de grupos vulnerables”.

Sin embargo, 24 organizaciones de la sociedad civil insisten en que lo que se necesita son marcos de remedio y salida responsable que cobijen todas las inversiones, no solo esos proyectos que, tras años de lucha, logran llegar a estas instancias. “Lo que queremos es que los bancos tengan un plan de acción desde el mismo momento en que deciden invertir, no cuando ven que algo con el proyecto salió mal”, insiste García.

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