Pueblos mayas en Guatemala presionan al BID para que retire su inversión en dos hidroeléctricas

En el norte Guatemala, cerca de la frontera con México, campesinos de la región de Ixquisis esperan ansiosos una carta de Washington. Específicamente, del banco BID Invest, brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que han pedido que retire el financiamiento de 13 millones de dólares para dos plantas hidroeléctricas. Habitantes de los pueblos mayas Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Mam llevan años exigiendo que se ponga fin a la contaminación, violencia e intimidación que se desataron en sus comunidades desde que una empresa privada, que recibió fondos del organismo internacional, comenzara la construcción.

“Ellos entraron al territorio ofreciendo proyectos de desarrollo, como construcción de escuelas, canchas deportivas, centros de salud, también mejoramiento y mantenimiento de carreteras”, dice una mujer del pueblo Chuj, defensora del medio ambiente y los derechos humanos que desea permanecer anónima por miedo a represalias. ”Pero después, no hubo nada de esos proyectos. Ellos empezaron a contratar a personas de las diferentes comunidades, a líderes, pagándoles el doble de lo que gana una persona en la comunidad” para generar divisiones, asegura.

Las hidroeléctricas de San Mateo y San Andrés en Ixquisis son las últimas dos inversiones del BID Invest que terminan en el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), un despacho del Grupo BID que resuelve reclamos de las comunidades afectadas por cualquiera de las organizaciones que lo conforman (BID, BID Invest y BID Lab). El BID Invest financia proyectos de empresas con capital privado y debe seguir, en principio, estándares y criterios de desarrollo y medio ambiente alineados con el BID, el cual financia proyectos públicos. Hay otras quejas similares en Chile y Colombia y ya son cuatro los casos de represas que han resultado tan conflictivos que el MICI tiene que intervenir. En Colombia el caso sigue abierto, mientras que en Chile el MICI dio la razón a los reclamantes.

En un correo, una vocera del BID Invest dijo que la institución no puede comentar sobre las investigaciones en curso del MICI, “para mantener su independencia y resguardar la integridad de su trabajo hasta que haya concluido”.

En Guatemala, los pueblos se organizaron y presentaron la queja en 2018, un año después de que uno de sus líderes comunitarios, Sebastián Alonso Juan, fuera asesinado durante una protesta en contra de las represas. Sus compañeros aseguran que el balazo que mató a Juan vino de la seguridad del Estado, ya sea de la Policía Nacional Civil o del ejército de Guatemala, los cuales, aseguran, llegaron a su territorio desde que la empresa empezó a trabajar ahí en 2010. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó la muerte de Juan en un reporte sobre “preocupantes” asesinatos a los defensores del medio ambiente en la región.

“Cuando se ve la presencia del ejército y de la policía en el territorio, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que la empresa no está trabajando legalmente, que pretenden hacer otros proyectos, destruyendo los recursos naturales, causando división entre las comunidades, causando conflictos entre familias”, dice la activista Chuj. Al poco tiempo, la constructora comenzó a perforar uno de los cerros más grandes de Ixquisis, lo cual ha puesto en riesgo a las familias que viven en su falda. La empresa, cuyo nombre cambió de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. a Energía y Renovación S.A. en el transcurso del conflicto, tiene nula presencia oficial en redes y ni los pueblos afectados ni sus abogados saben quiénes son los dueños.

Desde que la empresa llegó a Ixquisis, dice la activista, brotaron conflictos entre familias que no había antes. “Nos ha afectado bastante”, dice la mujer. “Antes había paz y armonía entre comunidades, nosotras podíamos ir a comprar nuestros productos a otras comunidades pero con la presencia de la empresa y la policía, que está cuidando a la empresa, no a la ciudadanía, cuando nosotros caminamos nos intimidan. No tenemos la confianza de trasladarnos de un lugar a otro”, agrega.

El río que une a las comunidades campesinas se ha contaminado, lo cual ha impactado no solo a sus cultivos y ganados, sino a su higiene y a su convivencia y han sido las mujeres indígenas quienes han liderado el movimiento en contra de las represas. “Ahora existen las redes sociales,” cuenta la activista, “pero para nosotras en las comunidades las redes sociales son el río”. Las mujeres usan el agua desde el momento en que se despiertan para preparar los alimentos y durante todo el día, cuando lavan ropa o se bañan. En el río solían congregarse a platicar y los niños jugaban en sus orillas. “Es decir que, el río, para nosotros es algo muy sagrado. Nosotros no podemos comprar un río, un río no se aparece en cualquier lugar”, dice.

La empresa desconoció una consulta que se hizo en la región en 2009 en la que los habitantes decidieron que en su territorio no se permitirían proyectos de infraestructura. “La consulta previa es un derecho reconocido a nivel nacional, no solo en el marco internacional”, explica la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Liliana Ávila. AIDA tomó el caso ante el MICI junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y con el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza.

El BID Invest aportó seis millones de dólares para una hidroeléctrica y siete millones para la otra. Se espera que el MICI emita su recomendación en las próximas semanas. Si el BID Invest decidiera retirar el capital como lo piden las comunidades en Guatemala, las pérdidas serían significativas, dice Ávila. “Ahí pierde la empresa y pierde el banco, y el BID Invest no solo perdería la inversión, pierde también porque se muestra que incumplió sus políticas operativas”, dice al teléfono la abogada, “que los marcos de actuación a los que se compromete no los cumple”.

Lo que los pueblos, que conforman un grupo llamado Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, quieren también es reparación y la creación de espacios de diálogo, ya que han quedado muy divididos. ”Las comunidades se han vuelto a relacionar, se han unido y han hecho pequeños proyectos porque ya no está la empresa”, dice la activista Chuj, refiriéndose a la pausa que ha habido en la construcción por la pandemia. “Cuando llega la empresa fastidian nuevamente y todo vuelve a ser un problema”, agrega.

“Lo que deseamos con todo el corazón es que estas personas que están enviando dinero a esta empresa para destruirnos, que Dios les toque la conciencia, que retiren el capital, que se aleje la empresa y que nos dejen vivir en paz como hacíamos anteriormente”, dice la mujer. “Queremos que se nos devuelva la tranquilidad, la armonía porque, para nosotros, la empresa es el problema”.

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