La Generalitat Valenciana carga contra Pilar Bernabé por lanzar “bulos” contra Mazón por la dana

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero (PP), ha salido este martes a defender con vehemencia el relato de la dana del Gobierno valenciano a partir de la declaración como testigo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSPV-PSOE), ante la jueza que instruye el caso por la muerte de 227 personas. Camarero ha cargado duramente contra Bernabé, a la que ha acusado de lanzar “bulos” y orquestar “una campaña” durante casi seis meses contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, y el Consell para “tapar la negligencia del Gobierno”, que “no trasladó la situación del barranco del Poyo” al Cecopi, que gestionaba la emergencia, según ha reiterado la también portavoz valenciana.

“Ni la Confederación Hidrográfica del Júcar ni la delegada trasladaron al Cecopi lo que estaba pasando en el barranco del Poyo. En sede judicial se ha confirmado que no se mandó la alerta por el barranco del Poyo porque no se tenía información en el Cecopi”, sino que se envió por la posible ruptura de la presa de Forata, ha dicho Camarero. “La delegada del Gobierno tiene dos caras, la cara de delante de la jueza donde dice verdad y la cara que pone delante de los medios, donde manipula y tergiversa porque la responsabilidad de la vigilancia y de la información y de emitir los avisos es de la Confederación Hidrográfica del Júcar”, ha asegurado la vicepresidenta. La carga contra Bernabé se produce unas horas ante de que sea proclamada secretaria general del PSPV-PSOE paso previa a optar a la alcaldía de Valencia.

Bernabé declaró el lunes ante la jueza que fue informada por la alcaldesa de Paiporta, a las 19.00 horas del 29 de octubre, de que había vecinos ahogándose al desbordarse el barranco del Poyo. A la salida del juzgado, la delegada insistió en que a las 12.20 de aquel día, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lanzó un aviso del nivel de caudal en el barranco del Poyo y la Generalitat activó la alerta hidrográfica al nivel 0, lo que “conlleva unas obligaciones por parte de la Generalitat que, con sus medios o con los medios que pida, tiene que vigilar los cauces y los barrancos como manda el plan de inundaciones”, como indica el Plan de Inundaciones. “Y esa alerta no se desactivó en ningún momento. Luego hemos sabido que a las 15.00 horas los mandaron a su casa”, añadió, en referencia a los bomberos forestales enviados al barranco del Poyo, por el que era el inspector jefe de Bomberos de la Provincia de Valencia, José Miguel Basset.

Este martes, Camarero ha evitado responder por qué se retiraron los bomberos. A su parecer, eso supone “volver a confundir” e incidir en “temas que ya se han despejado” porque, además, la competencia para vigilar los barrancos es de la Confederación, ha dicho leyendo el enunciado del artículo 4 del Plan Especial de Inundaciones en relación con la obligación de esta agencia del Estado: “Las actuaciones y la obligación de la CHJ es proporcionar al Centro de Emergencias Autonómico, a través de los servicios, los datos en tiempo real, informar de los incrementos relevantes en los caudales, recomendar a la dirección del plan la activación de la alerta hidrológica, que se produjo, presentar aquellos datos que describan el estado hidrológico e informar a la delegación y a la subdelegación del Gobierno, cosa que parece ser que, según dijo ayer la delegada del Gobierno, no se hizo”.

Sin embargo, no ha hecho mención alguna al apartado relativo a la alerta hidrológica del mismo plan. O cuando este indica que, en determinadas situaciones, “podrá requerir al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat que efectúe el seguimiento hidrológico en cuencas en las que no se disponga de información o en las que por su evolución sea necesario hacer un seguimiento más intenso del nivel de los caudales en los cauces”. Y añade: “para el caso de los barrancos y cuencas menores y en aquellos casos en los que la información sobre la posibilidad de inundaciones proceda de otros Organismos o Servicios, el CCE Generalitat contrastará la información con la Confederación Hidrográfica para determinar el ámbito territorial de afección de la Alerta Hidrológica”.

La CHJ envió 18 correos electrónicos entre las 16.13 y las 18.43 en los que alertaba de que los umbrales de lluvia se estaban sobrepasando en la cuenca del Poyo y 330 referencias hidrológicas de la situación desde las 16 horas. En el informe que envió a la jueza, incluyó los avisos que la Generalitat recibió a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Basset, que ejerció de director técnico de la Emergencia del Cecopi, tuvo que admitir que los bomberos forestales se retiraron por una “decisión técnica”, al comprobarse que el nivel del caudal del barranco había disminuido sobre las 14.30, y al ser objeto de numerosas críticas de los bomberos por sugerir en la comisión de la dana de la Diputación de Valencia que estos se habían marchado también por las “ganas de comer”.

La segunda conclusión de la declaración de Bernabé, según Camarero, es que el Cecopi no se esperó a la llegada de Mazón para lanzar el mensaje de alerta a la ciudadanía a las 20.11 del 29 de octubre, a pesar de todo lo que se ha dicho.

Abogado de Pradas

Por otra parte, el letrado Eduardo de Urbano, que defiende a la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas en la instrucción por la gestión de la dana del 29 de octubre, ha asegurado este martes que fue ella quien solicitó la intervención de la UME en Valencia el día de las inundaciones. Entre los argumentos de Pradas que su abogado considera que confirma la declaración de la delegada del Gobierno está que la Confederación Hidrográfica del Júcar “nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del barranco del Poyo” y que “las llamadas realizadas al 112 no llegaron al Cecopi”. “Nuestra defendida propuso evacuaciones preventivas, aunque los técnicos indicaron que estas podrían ser contraproducentes en ese momento”, destaca.

Sobre la frase atribuida a Pradas de “también pasa en otros municipios” al ser advertida de situaciones extremas en Paiporta, su letrado asegura que “fue pronunciada durante una conversación en el Cecopi alrededor de las 19.15 horas, mientras se discutía sobre los fallos en las comunicaciones municipales y no durante una llamada telefónica” sobre los ahogados.

Además, se ha conocido este martes un informe elaborado por el sindicato CGT, que servirá en parte para respaldar la acusación que ejerce en la causa penal por la gestión de la dana, que concluye que la Generalitat tenía la obligación legal y los medios necesarios para vigilar los cauces y avisar a la población, según el plan contra inundaciones, así como de hacer rondas cada dos horas entre los municipios potencialmente afectados.

En el mismo se ha analizado diverso tipo de documentación, desde planes de emergencia hasta comunicados o información remitida por la Generalitat al juzgado, y en él se detalla que, al menos desde 2023, la Generalitat conocía el sistema ES-Alert de avisos a la población. El sindicato recopila, además, extractos de los eventos de emergencias comunicados al servicio del 112 en la jornada del 29 de octubre para destacar que a las 16.30 horas ya había desbordamientos en la cabecera de la rambla del Poyo en Buñol.