El BID retira el financiamiento en dos hidroeléctricas tras presiones de grupos mayas en Guatemala

Las presiones por parte de grupos mayas en el norte de Guatemala rindieron frutos. Después de que las comunidades indígenas se organizaran para protestar por dos hidroeléctricas financiadas por el brazo privado del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el BID Invest, alegando que dañaban el medio ambiente y el tejido social, el banco anunció que retiró el financiamiento de los proyectos. De acuerdo con activistas ambientales, se trata de una decisión sin precedentes que supone una victoria para sus intereses y para los derechos indígenas en todo América Latina. Sin embargo, para las comunidades en la región de Ixquisis, queda mucho por sanar.

El BID Invest informó a través de un correo electrónico que, a finales del año pasado, el banco liquidó la deuda con la empresa privada Energía y Renovación S.A., la cual está a cargo de la construcción de ambas represas en la microrregión de Yichk´isis (también conocida como Ixquisis), y retiró el financiamiento de los proyectos. El monto total de la inversión del BID fue de 13 millones de dólares. Además, en un documento de diez páginas, el banco también propone un “plan de acción” para salir de las comunidades de manera responsable, incluyendo un compromiso de “divulgar y difundir la información sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos y las medidas de prevención y mitigación adoptadas” en los idiomas de las comunidades.

“Siempre se pidió que no llegaran ni la empresa ni estos proyectos a los territorios”, dice Rigoberto Juárez Mateo, coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Popti’, al teléfono desde el municipio de Olintepeque. “Han sido 11 años, prácticamente, que violentamente llegaron. Para las comunidades, este es un logro importante. Sin embargo, hay daños ocasionados, hay daños irreparables, no solamente en el lugar específico donde se proyectaba la construcción de estas hidroeléctricas, sino más bien a nivel de la región, entre las comunidades, a nivel de la Nación”.

Según activistas y habitantes de la zona, la propuesta, hecha en 2010, era traer a la región proyectos de desarrollo como escuelas, canchas deportivas y carreteras. A la par, se instalarían dos hidroeléctricas para aprovechar los recursos del río, punto central de rituales y rutinas para la comunidad, especialmente para las mujeres. Al poco tiempo, aseguran los habitantes, la empresa empezó a generar divisiones entre las comunidades, contratando a residentes y ofreciéndoles sueldos muy por encima de lo que gana el resto de los habitantes. Los proyectos de desarrollo no se materializaron.

Las comunidades se organizaron y comenzaron a protestar. En 2017, un líder comunitario, Sebastián Alonso Juan, fue asesinado durante una manifestación. Sus compañeros aseguran que el balazo que mató al activista vino de la seguridad del Estado, ya sea de la Policía Nacional Civil o del ejército de Guatemala, los cuales, aseguran, resguardaron durante años la construcción de las termoeléctricas. Fue a partir de este hecho que los pueblos decidieron presentar una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una oficina independiente del BID que atiende reclamos de sociedad civil acerca de proyectos financiados por el organismo debido a posibles incumplimientos de las políticas. Los grupos se apoyaron en la asesoría de la organización sin fines de lucro Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) y de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y con el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza.

Tras una investigación en el territorio, el MICI emitió al BID Invest 29 recomendaciones, incluyendo el retiro del financiamiento, lo cual “allanó el camino” para que el BID tomara esta decisión, de acuerdo con AIDA. Por su parte, el BID Invest asegura que ha ampliado y mejorado sus estándares ambientales y sociales. “El BID Invest ha estado tomando medidas importantes para aumentar nuestra capacidad para abordar problemas sociales y evaluar riesgos contextuales”, dijo una vocera del banco en un correo electrónico. El banco diseñó una nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social en 2020, agregó, y todos los proyectos financiados después de diciembre de 2020 se llevan a cabo de acuerdo con las últimas prácticas, que tienen un enfoque en derechos humanos y comunidades indígenas. El BID Invest entró al proyecto de las termoeléctricas en Guatemala en 2013.

Esta decisión “tiene alcance para otros, para otras latitudes” asegura Juárez Mateo. “Que el banco esté reconociendo que tiene que mejorar sus políticas internas relativo a pueblos indígenas es un ejemplo para otros grupos” en América Latina. Rosa Peña, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, coincide: “Este es un gran avance, pero no es el final”. La labor de resarcir el tejido social y el daño ambiental que el banco se ha comprometido a hacer a penas empieza, explica la abogada.

Además, resta el tema de la empresa privada, la cual, de acuerdo con reportes en medios locales, demandó en una corte de arbitraje internacional al estado de Guatemala por no garantizar la construcción de las obras. Por estar constituida en Panamá, la empresa busca ampararse en los acuerdos comerciales de Guatemala. De momento, la construcción está paralizada desde 2020, cuando pegó la pandemia de la covid-19.

Otras dos inversiones del BID Invest han terminado en el MICI, el mecanismo a cargo de recoger quejas a violaciones de lineamientos y garantías. En Colombia, comunidades locales aseguran que un proyecto hidroeléctrico no contó con una evaluación de impacto ambiental, bloqueó la participación de las comunidades y el acceso a la información, se desarrolló en un contexto de violaciones a los derechos humanos y se usó de manera desproporcionada la fuerza en contra de quienes defendieron su territorio y agua. Mientras tanto, en Chile, una represa financiada por BID Invest afectó las actividades económicas de la comunidad, limitando además el uso recreativo y de turismo de un río, de acuerdo con habitantes.

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