El problemático paso del brazo privado del BID en América Latina

Contaminación, violaciones a los derechos humanos, divisiones sociales y violencia contra las personas que defienden su territorio o recursos naturales son algunas quejas que habitantes han presentado en contra de cuatro proyectos financiados por el BID Invest, brazo privado del multilateral Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Ahora, por primera vez en su historia, la oficina de rendición de cuentas abre la puerta al banco para “salir responsablemente” de dos proyectos, retirando la inversión.

Así es como el BID se une al Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO (en su sigla en inglés), en la lista de multilaterales que tienen quejas por financiamientos en Latinoamérica. En una parte del mundo hambiento por inversión que impulse el crecimiento económico, el BID y su filial privada son los más grandes financiadores de proyectos de desarrollo en energía. De acuerdo con un estimado, el BID ha otorgado préstamos de unos 10.000 millones de dólares al año, en promedio, mientras que BID Invest ha sumado poco más de 2.000 millones de dólares por año desde 2012.

La posición de BID Invest en la región es muy particular. A diferencia del Banco del Desarrollo de América Latina (CAF), es privado. Pero, a diferencia de Goldman Sachs, por ejemplo, sus accionistas son los Estados. Lleva consigo, además, la marca BID, lo cual le da cierto prestigio y credibilidad. BID Invest trabaja directamente con empresas para financiar obras rentables, mientras que el BID trabaja con los Gobiernos en proyectos necesarios para el país. Para las empresas que logran un contrato con BID Invest es mucho más fácil recaudar el resto del capital en los mercados o en créditos de la banca comercial con los que gozan de plazos más largos para pagar su deuda.

En las últimas dos décadas, el movimiento por los derechos de los grupos indígenas y el medio ambiente ha ido ganando terreno, chocando de manera frontal con algunos de estos proyectos. “Indudablemente este tema es crítico”, dice Federico Poli, asesor de organizaciones multilaterales quien encabezó el BID en Argentina hasta 2020. “Es el tema más crítico cuando pensás en una obra de infraestructura de este tipo”, dijo, refiriéndose a las hidroeléctricas, una de las tecnologías que el banco favorece.

“Estamos en un momento en la historia en que cada vez más la construcción de infraestructuras, la minería y todo eso que tiene impacto sobre el medio ambiente, sobre las comunidades, ha generado resistencias y eso implica un esfuerzo de management y de coordinación con las comunidades locales”, apunta Poli al teléfono desde Buenos Aires.

En Colombia, 477 personas presentaron una queja asegurando que el proyecto hidroeléctrico no contó con una evaluación de impacto ambiental, bloqueó la participación de las comunidades y el acceso a la información, se desarrolló en un contexto de violaciones a los derechos humanos y se usó de manera desproporcionada la fuerza en contra de quienes defendieron su territorio y agua. En Chile, la represa financiada por BID Invest afectó las actividades económicas de la comunidad y limitó el uso recreativo y de turismo de su río, de acuerdo con los habitantes.

En Guatemala, pueblos mayas se organizaron para pedirle al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del banco que recomendara el retiro de los 13 millones de dólares invertidos en dos hidroeléctricas al norte del país. Los proyectos, aseguran estos grupos, generaron contaminación, violencia e intimidación cuando una empresa privada, que recibió fondos del organismo internacional, comenzó la construcción. Durante las manifestaciones en contra se reportaron dos muertes, en incidentes separados, una de ellas de un líder activista en la comunidad.

El proyecto se detuvo a partir de la pandemia y su futuro es incierto. De acuerdo con un reporte en la prensa local guatemalteca, la empresa constructora acudió el 15 de noviembre a una corte de arbitraje internacional para denunciar al Estado de Guatemala, alegando que el Gobierno no ha garantizado que la construcción de las represas se puede llevar a cabo.

BID Invest ha fallado al no consultar a la ciudadanía antes de empezar un proyecto, dice Rosa Peña, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la organización sin fines de lucro Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). A partir de las presiones sociales, dice, “se han generado los espacios con la sociedad civil de escuchar, de invitar a diálogos y hay recomendaciones que se han hecho, que se tienen en cuenta. No decimos que son completamente oídos sordos, pero los pasos son pequeños”. AIDA fue una de las organizaciones que apoyó a los grupos mayas en Guatemala y a las comunidades en Colombia a llevar su queja al MICI.

El caso de Guatemala puede sentar un precedente importante para Latinoamérica. En octubre, el MICI presentó al directorio de BID Invest recomendaciones que incluyen la creación de un plan de transición a seguir si el banco retira el financiamiento, algo inédito. BID Invest no ha anunciado su decisión y no ha respondido a peticiones de comentario hechas por EL PAÍS. En el mismo sentido, el ofrecimiento que hizo una representante del banco a este diario para entrevistar James Scriven, Director General de BID Invest, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se vio frustrado cuando la entidad declinó la posibilidad de que el directivo respondiera preguntas sobre los conflictos del banco en la región.

Por su parte, Poli asegura que, antes de dejar la dirección en Argentina, insistió en cambiar el criterio con el que BID Invest financia proyectos. “El BID Invest no es un banco privado como es JPMorgan o Morgan Stanley, por ejemplo, es una banca privada de desarrollo que tiene que responder a las necesidades de los países”, dice el economista. En los años en que él trabajó con el grupo, asegura, faltaba un mayor alineamiento de los proyectos que BID Invest financiaba respecto a las demandas y las necesidades de los países. Poli hizo pública esta crítica en un estudio publicado en 2020.

“Lo que tendría que empezar a financiar son proyectos energéticos y de electricidad que respondan más a las realidades latinoamericanas”, coincide Peña. “Hay una reflexión que también viene de muchos años atrás en AIDA que está en evidenciar cómo las hidroeléctricas a gran escala están generando violaciones a derechos humanos, afectando el ambiente sano, pero por sobre todo, no son una solución a la crisis climática”. Las inundaciones necesarias para hacer represas, por ejemplo, pudren ecosistemas enteros y, a veces, destruyen zonas que son fuente de seguridad alimentaria para las poblaciones, apunta la abogada.

En el debate sobre el actuar de las multilaterales, sus malas y mejores prácticas, existe un argumento que sugiere que los conflictos sociales y ambientales generados por las inversiones surgen precisamente porque las organizaciones tienen oficinas independientes para recibir estas quejas. En esto, el BID no está solo, ya que su oficina, el MICI, es muy similar al Servicio de Atención de Reclamos (GRS por sus sigla en inglés) del Banco Mundial.

“Hemos escuchado en muchos espacios abiertos que, pese a todas sus inconvenientes actuales y cosas que tienen que mejorar, el MICI es de los mecanismos más fuertes que existen”, dice Peña. “Pero hay también una sensación de que el enfoque está muy pensado en cómo generar este mecanismo de rendición de cuentas una vez las cosas ya han fallado”.

“El principal problema no es cómo va a ser un mecanismo fuerte de rendición de cuentas, sino cómo evitar que estos proyectos tengan que llegar a un mecanismo de rendición de cuentas. Y ahí es donde falta mucha escucha”, añade Peña.

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