Jóvenes sin formación ni oportunidades, una cantera para el crimen creciente en Costa Rica

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En la madrugada del 2 de febrero, la policía judicial de Costa Rica detuvo a siete sospechosos de narcotráfico y homicidios en Puntarenas, el municipio portuario del Pacífico donde los asesinatos subieron de 45 a 111 en los últimos cinco años, como un reflejo del acelerado aumento de la violencia en el país, sobre todo en las costas. Les decomisaron cinco armas, 44.000 dólares, cinco anillos de oro, 20 relojes lujosos, 90 dosis de marihuana y 10 celulares. Pero la lista de los detenidos daba otros datos más relevantes: seis de ellos tenían menos de 27 años e incluso tres no alcanzaban la mayoría de edad. Eran sospechosos de ejecutar a otro joven de 21 años en una aparente pelea por el control de territorio en el negocio de la droga en una comunidad pobre de la provincia puntarenense, una batalla que se ha ido expandiendo en muchos otros barrios del país centroamericano en las últimas décadas.

El parte policial, sin embargo, no era extraordinario. Días atrás hubo otras capturas y unas semanas después detuvieron en chancletas y bermudas a otro adolescente de 16 años sospechoso de matar a un hombre de 20 años e intentar también acabar con la vida de una mujer de 22. Muchos de los crímenes que se registran en la actual ola de violencia que experimenta Costa Rica llevan el sello de jóvenes que caen en las redes delictivas empujados por la pobreza y la falta de oportunidades educativas o laborales en el país que por décadas tomó ventaja en Latinoamérica como una sociedad de bienestar y de calidad de su educación. La población entre 15 y 24 años sufre una tasa de desempleo que supera el 30% y el deterioro de aquel aplaudido sistema educativo, está ahora agravado por el golpe de la pandemia. Esto explica que el 56% de esos jóvenes no estuviera estudiando, según cifras de 2021 analizadas por el centro de investigación Estado de la Nación.

“El país está diciendo a estas bandas criminales: ‘Vean, aquí tienen un ejército de muchachos’. Hay una gran oferta de recurso humano para el crimen organizado”, lamentaba la expresidenta Laura Chinchilla en una entrevista radiofónica el 15 de marzo sobre la crisis de inseguridad que vive Costa Rica. Un día antes en ese mismo programa, la ministra de Bienestar Social, Yorleny León, había confirmado para este 2023 el recorte de 66.000 becas para estudiantes de educación básica (17% de beneficiarios de un programa llamado Avancemos), por limitaciones presupuestarias en un marco de medidas de austeridad que cubren a todo el Gobierno.

Cerca del 40% de la población menor de 35 años no acabó la secundaria y un poco menos de la mitad ni siquiera pasó por ahí. Eso explica en parte por qué los jóvenes costarricenses tienen una de las mayores tasas de desempleo del continente, que casi triplica la tasa general en Costa Rica, y una mayor incidencia de pobreza, de casi 27%, cuatro puntos arriba de la media nacional. El 38% de los hombres que buscan empleo y no encuentran tienen menos de 25 años.

Un análisis del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas señaló que en la última década, en promedio, el 21% de jóvenes entre los 15 y 24 años ha estado simultáneamente sin estudiar y sin trabajar y que, a pesar de que el porcentaje al cerrar 2022 bajó a 16%, casi duplica el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, de la cual Costa Rica es parte). “Así, las personas jóvenes son más propensas a delinquir y ser presa fácil de actividades ilícitas, que se convierten en su sustento y en la ‘oportunidad’ de mejorar su vida”, advertía el Colegio en enero. La institución, entre otras recomendaciones, sugería una reforma general al sistema educativo y reforzar el programa de becas cuyos severos recortes anunció dos meses después la Ministra del área social.

Es lo que pasó a Jeisson M, un joven que dejó el primer grado de colegio en 2020, con la pandemia, aunque su mamá le rogaba que continuara para mantener al menos los 50 dólares mensuales de la beca del Estado. Tampoco un profesor ni nadie del colegio lo buscó para que volviera. Ahora cuida carros en el centro de San José y alguna vez ha colaborado con “esa gente”, le dice sobre los comerciantes de droga en una conversación reciente con América Futura. “Pero yo no le he hecho daño a nadie, yo solo aviso cuando andan otros por aquí o cuando veo que viene la paca (Policía). Un día me dijeron que fuera a asustar a otros maes (hombres) y que ellos me prestaban la vara (el arma), pero todavía no me siento listo”, dice.

Jeisson es flaco y no parece medir más de 1,50 metro de estatura, pero camina con arrojo, con los brazos abiertos, dejando ver una herida de más de 10 centímetros en el antebrazo. “Tuve que pelearme porque me estaban quitando esta calle y me cortaron feo con cuchillo. Ahí uno piensa que es mejor si acepto la ayuda de los compas que tienen armas”. Ha probado las drogas, pero dice que no las consume regularmente. Nunca conoció padre, pero aún vive con su madre, que también cuida carros en otro municipio y que, dice él, lo escucha siempre y lo apoya. Cuenta que entre ambos pueden comprar comida, pagar el alquiler y darle lo indispensable a su hermana, de 10 años, que sigue en la escuela, y al menor, de siete. Pero su sueño, dice sonriendo, es comprarse un auto BMW negro como el que cuidaba en ese momento.

Lo que le espera a los hermanos de Jeisson tampoco es esperanzador. Ellos son parte de la niñez que vive en pobreza, un 41% del total de personas de entre 0 y 12 años al acabar el 2021, casi 18 puntos por encima del porcentaje para la población en general. A ello se debe la preocupación y el sentido de urgencia de los expertos, en un problema de fondo, como señalaba la expresidenta Chinchilla, bajo cuyo mandato (2010-2014) pudo atenuar el deterioro de la inseguridad: “Los problemas de seguridad solo reflejan deficiencias y deudas de una sociedad con su población y que todo lo que dejamos de hacer termina expresándose en conflictividad y violencia”.

El Gobierno busca endurecer las penas contra los menores

La mirada actual está puesta sobre los jóvenes para ofrecerles más oportunidades en educación y empleo. “No resignarse a que ya quedaron atrás. Los riesgos de no atender estos desafíos son muy altos”, advertía en agosto Dagoberto Murillo, investigador del Programa Estado de la Nación que en los últimos informes anuales ha señalado el deterioro de las condiciones sociales y del riesgo de una regresión “de proporciones históricas” en el desarrollo humano.

El Gobierno de Rodrigo Chaves, que cumplirá un año en mayo aferrado a un discurso de cambio radical, promete atender los problemas educativos con una estrategia llamada “Ruta de la educación”, cuyos detalles no son públicos. En materia de seguridad, las autoridades exploran una serie de reformas legales para mejorar la detención y el procesamiento de sospechosos de colaborar con el crimen organizado, incluida una medida que endurecería la Ley Penal Juvenil, pues Chaves cuestiona los atenuantes para las personas menores de edad y se ha referido con desdén a la “justicia restaurativa”. Los especialistas insisten en que eso poco soluciona porque a la cárcel llegan los “peones” y en las calles habrá otros jóvenes a los que echarán mano los jefes de las bandas criminales. El Gobierno también tiene pendiente cumplir la promesa de anunciar una política nacional de empleo y una de sus prioridades es bajar el costo de la vida para atenuar la pobreza.

La desigualdad, sin embargo, es mucho más compleja y presenta particularidades. “Hacia fines del siglo XX, Costa Rica perdió el impulso que venía mostrando para reducir la pobreza. Esto la convierte en un país atípico en una región que en general siguió experimentando una reducción de las tasas de pobreza y desigualdad”, advirtieron Jacobus de Hoop y Agustin Arakaki, especialistas del Banco Mundial, que sin embargo reconocían como ventaja el funcionamiento del sistema de asistencia social de Costa Rica, ahora limitado por las capacidades financieras del Gobierno y sus políticas de austeridad.