Los alcaldes y los gobernadores se consolidan como contrapeso a Petro
A los reiterados choques con Carlos Fernando Galán, de Bogotá, o Fico Gutiérrez, de Medellín, se suman los reclamos generalizados en un encuentro entre el presidente y las cabezas de los departamentos
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Este miércoles, Gustavo Petro firmó ante los 32 gobernadores de Colombia la que ha sido una de sus mayores reformas: el cambio a la Constitución para que las regiones reciban más recursos. La noticia se la robó el anuncio presidencial de haber elegido al general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa, pero el objetivo inicial era firmar una reforma trascendental y muy positiva para quienes administran el eslabón más débil en la estructura del Estado colombiano, los departamentos. Pese a ello, las respuestas más notorias en el encuentro en Villa de Leiva (Boyacá) fueron los cuestionamientos de todos los gobernadores que pidieron la palabra. “Hay un profundo inconformismo en todos los gobernadores de Colombia”, resumió el anfitrión, Carlos Amaya, cabeza de un grupo político que se ha acercado al Gobierno y que tiene congresistas que apoyan sus iniciativas.
Amaya, presidente del gremio de los gobernadores, también exigió algo en concreto. Pidió al Gobierno girar pronto los recursos para la nutrición infantil, en el programa de alimentación escolar más conocido como PAE: “Uno con hambre no piensa bien presidente, por eso es necesario hablar sobre el PAE, porque no han girado los recursos”. Era el abrebocas de varios reclamos centrados en la situación de seguridad, los pocos avances en infraestructura y la que los gobernadores perciben como falta de inversión nacional. Así lo recordó Nubia Carolina Córdoba, mandataria del Chocó, uno de los departamentos donde Petro ganó con mayor diferencia en las elecciones de 2022. Criticó la paquidermia administrativa en los ministerios, que a su juicio impide que los departamentos accedan a la financiación necesaria para sacar adelante sus proyectos y cumplan con las expectativas de los ciudadanos. “Quisiéramos saber qué va a pasar con la financiación de los pactos territoriales”, dijo en referencia a los mecanismos propuestos por Petro para definir prioridades en conjunto con las regiones, y que según la mandataria no han iniciado en la práctica.
A Córdoba y Amaya se sumaron, como era más esperable, dos voces de sectores políticos distantes a la izquierda de Petro. Uno fue William Villamizar, de Norte de Santander, departamento que vive una profunda crisis de seguridad y humanitaria por la violencia en el Catatumbo. El tradicional político, de origen conservador, habló de “una insatisfacción, un inconformismo, una desazón” con Petro, concentrado en la creciente inseguridad. La otra voz de un sector opositor, y que se notó como tal, fue la de Adriana Matiz, conservadora del Tolima. Tomó la palabra cuando el evento ya estaba en su cierre, y presentó reclamos más directos: “¡Presidente, espere! ¿Para cuándo la respuesta a los arroceros con respecto al precio del grano? ¿Para cuándo los recursos del PAE (Plan de Alimentación Escolar)? ¿Para cuándo los proyectos que llevan meses represados?”, dijo.
La distancia entre el presidente y los gobernadores en su conjunto —que son todavía mayores frente a otros de neta oposición, como el antioqueño Andrés Julián Rendón— se suman a los ya reiterados choques del mandatario con alcaldes de ciudades grandes. Especialmente con Federico Gutiérrez, de Medellín, quien fue el fallido candidato presidencial de la derecha en las elecciones nacionales de 2022, cuando concentró su discurso en las críticas al hoy presidente. Pero el nuevo contrapeso a Petro es Carlos Fernando Galán, un político más de centro que dirige Bogotá, una ciudad que está en el corazón de Petro por cuanto ocupó ese mismo cargo entre 2012 y 2015, en lo que fue una etapa fundamental en su carrera política.
De hecho, apenas horas después del evento en Boyacá, Petro tuvo un cruce con este último por cuenta de uno de los asuntos que más obsesionan el presidente, y más han deteriorado su relación con el político centrista. “Lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá”, dijo Petro este martes, en el acto de posesión de dos ministros. El presidente, que frente al abultado déficit fiscal ha congelado las transferencias a la capital para esa obra, defendió como alcalde un metro soterrado, y desde entonces ha cuestionado incesantemente la decisión de su sucesor, Enrique Peñalosa, de cambiar la tipología. “Presidente, el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años, el que se quedó en renders. La ciudad, por fin, va a tener metro”, respondió Galán este jueves en un video difundido en sus redes sociales. Petro, como en el pasado, ha recogido el guante. “Si los estudios muestran que una vez terminada la obra, en vez de disminuir los tiempos de viaje en la ciudad, estos van a aumentar ¿Cuál es su sentido?”, ha escrito en su notoria cuenta de X.
Las diferencias entre mandatarios locales o seccionales y presidentes no es nueva. Desde que existe la elección popular de alcaldes, hace 35 años, ha sido usual que haya diferencias, en muchos casos por visiones e intereses políticos contrastantes. Lo que no ha sido usual es que se sumen cada vez más alcaldes y gobernadores, especialmente entre los más poderosos, en una suerte de frente común contra un Gobierno nacional. Las dos partes se necesitan, como recordaba la gobernadora Córdoba en Villa de Leiva, para darle soluciones a los ciudadanos. El cortocircuito, si se profundiza, promete afectarlos a todos.
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