Petro incumple sus promesas de transformar la educación de Colombia y culpa a sus ministros

Gustavo Petro está enfurecido por los fracasos de su política educativa. Lo reconoció, sin medias tintas, en el Consejo de Ministros de hace dos semanas, transmitido en vivo por cadena nacional. Denunció que el Ministerio de Educación es la cartera con más incumplimientos de los compromisos contraídos ante el pueblo: el 95% de los que le corresponden. “[La entidad] no ha girado hasta el momento alrededor del programa de gobierno, sino alrededor de otras cosas”, reclamó. Para él, esto es especialmente grave porque los jóvenes lo llevaron al poder en 2022. “[El sector] es la prioridad del presidente y, por lo tanto, debería ser el ministerio con más compromisos cumplidos”, remarcó.

El mandatario culpó a los tres ministros de Educación que ha tenido en estos dos años y medio. Aseguró que designar al centrista Alejandro Gaviria, que solo fue jefe de cartera durante los primeros seis meses, fue el mayor error de su mandato. “No entró a colaborar con el programa de gobierno elegido por el pueblo, sino a detenerlo”, dijo. Asimismo, dio a entender que la académica Aurora Vergara (2023-2024) tampoco le hizo caso en sus ambiciosas metas. “La costumbre [de Gaviria] siguió”, enfatizó. Ni siquiera se salvó Daniel Rojas, fiel militante del petrismo desde hace años y designado como ministro en julio. El presidente lo ridiculizó por llegar tarde. “¡Ve! Llegó el ministro de Educación. ¡Bravo!”.

Rojas, por su parte, reconoció en el Consejo que el presidente tiene “muchísima razón”. Unos días después, al sumar su renuncia protocolaria a las de sus colegas, agregó en X: “Han sido seis meses en búsqueda de recuperar el tiempo perdido”. Los fracasos son innegables, y proporcionales a metas sumamente ambiciosas. Las nuevas universidades que prometió el presidente en regiones apartadas, como el Catatumbo, no existen. La reforma a la ley 30 para transformar la educación superior se redujo a dos artículos sobre el financiamiento de las instituciones públicas y, aun así, apenas da sus primeros pasos. La ley estatutaria para consagrar la educación como un derecho fundamental se hundió en el Congreso. La repetición y la deserción escolar han aumentado.

Las explicaciones varían. El exministro Gaviria defiende en una conversación telefónica que la culpa es de la visión del presidente. Dice que el mandatario se concentra casi exclusivamente en expandir la infraestructura universitaria por todo el país, sin considerar otras prioridades como agilizar las autorizaciones de nuevos programas. Cree que Petro tiene “una concepción rudimentaria” de lo que es una universidad. “Siempre le pregunté de dónde saldrían los profesores y los programas curriculares de las nuevas instituciones”, explica. Para Gaviria, su antiguo jefe prioriza los simbolismos. “Quiere grandes monumentos a la inclusión”, afirma. “Una vez prometió una universidad de 20.000 estudiantes en El Tarra, un municipio de 17.000 habitantes. No tenía sentido”.

El filósofo Francisco Cajiao añade que la educación no es propensa a logros inmediatos, como los que pretende el presidente. “Es de procesos lentos. Una reforma curricular, por ejemplo, no se hace en cuatro años en ningún país serio”, comenta. Asimismo, señala que Petro no entiende que el Ministerio tiene “muy poco margen de acción” y funciona más como un articulador de otras entidades: gran parte de la política educativa para los colegios depende de los gobernadores y alcaldes, y la educación superior se compone de instituciones autónomas. “Casi el 95% del presupuesto es dedicado al funcionamiento [como el pago de sueldos] y el Ministerio no puede tomar ninguna decisión sobre esa parte. Le queda menos del 10% para inversión”, dice.

Tampoco ha ayudado el recambio constante de jefes y vicejefes de cartera. “Históricamente, los ministros de Educación no han llegado con gran experiencia y su primer año era de capacitación. Pero al menos duraban lo suficiente para hacer algo en los dos años restantes”, explica el experto en una llamada.

Las universidades

La meta más mediática del Gobierno es la ampliación de cupos universitarios. Ha sido publicitada una y otra vez, se vincula a las prioridades del presidente de fortalecer la educación pública y tiene un número sonoro: 500.000 en cuatro años. Por eso, gran parte del debate tras el Consejo de Ministros se concentró en este punto. El exministro José Manuel Restrepo cuestionó en X que apenas se han abierto 64.000 cupos, un cumplimiento del 12%. Rojas le respondió que son 122.000, una cifra que en todo caso está muy lejos de la meta. Además, los expertos consultados señalan que no aparece en los sistemas de información pública del Ministerio y que no saben de dónde sale.

Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía para la Educación de la Universidad Javeriana, comenta por teléfono que hay más problemas. Explica, por ejemplo, que sus análisis con cifras previas reflejan que la mayoría de las plazas nuevas no está en las universidades de mayor calidad. También señala el desfinanciamiento del ICETEX, encargado de dar créditos para estudios universitarios en instituciones públicas y privadas: la entidad ha pasado de otorgar 50.000 préstamos en 2024 a proyectar 10.000 para 2025.

La decisión del Gobierno de pagar todas las matrículas en las universidades públicas ha beneficiado a decenas de miles de estudiantes, pero ha profundizado los problemas financieros de las instituciones. Elizabeth Bernal, secretaria general de Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), comenta en una llamada telefónica que algunos pagos solo llegaron en diciembre y que muchas instituciones estuvieron todo un año sin esos recursos, lo cual produjo retrasos en el pago de sueldos. Óscar Domínguez, director ejecutivo de la asociación, agrega que esto se suma a deudas impagas desde hace años. “¿Cuándo va a cumplir el Gobierno con esa deuda? ¿Cuántas posibilidades hay de hacer sostenible esa gratuidad?”, cuestiona.

Hay, además, una relación tensa entre las universidades privadas y Rojas. Domínguez señala que el ministro ha sido distante y ha consolidado la tendencia de “estatizar todo”. “Ha sido claro en decir que toda la orientación está para los públicos. Eso desconoce la realidad”, dice. Gloria Bernal, de la Javeriana, afirma que el funcionario “tiene un sesgo ideológico” que lo ha llevado a recortar los créditos del ICETEX y a dialogar menos que sus antecesores. “Se está reuniendo constantemente con los estudiantes y eso es loable. Pero tiene que reunirse con el resto del sector”, resalta. Tanto ella como los dos directivos de Ascun señalan que Rojas desecha los espacios disponibles en las privadas y que estos podrían usarse para ampliar la cobertura mientras se fortalecen las públicas.

Este periódico solicitó una entrevista con el ministro Rojas para incluir su visión sobre los reclamos. La respuesta fue que el funcionario no podía atender llamadas porque se encontraba fuera de Bogotá y que las preguntas podían tramitarse por el sistema de peticiones, quejas y reclamos del ministerio.

Los colegios y jardines

Con esas metas y tensiones, la educación básica ha quedado relegada. En el Consejo de Ministros, Rojas argumentó que “muchos de los incumplimientos tienen que ver con las sedes universitarias” y culpó a sus predecesores por la falta de una oficina de infraestructura en el Ministerio. No mencionó la educación básica, más allá de los problemas del sistema de salud de maestros. Ángel Pérez, profesor del Instituto Alberto Merani y antiguo subsecretario de Educación de Bogotá, comenta por teléfono que esto se debe a que los universitarios tienen mayor capacidad de movilización política. “Los jóvenes tienen voz, pero los niños no. Nadie los representa en esta sociedad y nadie lucha por ellos”, afirma.

Los colegios, sin embargo, enfrentan un sinnúmero de problemas. Pérez señala que algunos son estructurales: la caída en la natalidad, la baja calidad, las carencias de infraestructura —miles de niños de regiones con altas temperaturas asisten a clase sin ventiladores o aires acondicionados—. Su crítica es que no ve mejoras. Los datos del Ministerio muestran que la deserción, por ejemplo, pasó de 333.000 niños en 2021 a 335.000 en 2023. Es una cifra alta cuando se la compara a la del año previo a la pandemia (274.000 en 2019) y es esperable que aumente ante las crisis de seguridad en zonas como el Cauca. Asimismo, hay un incremento en la matrícula del preescolar, pero Pérez matiza que no se debe a una política pública consolidada, sino a que algunos colegios están abriendo nuevos niveles para sobrevivir ante la caída en la natalidad.

Los logros se limitan, según el experto, a algunos acuerdos con el sindicato de maestros Fecode para mejorar las condiciones laborales, especialmente en las zonas rurales. Y lamenta que no incluyan puntos de calidad educativa o infraestructura. Bernal, de la Javeriana, agrega la aprobación el año pasado de una ley para promover la educación socioemocional en los colegios. “Hasta ahora, el debate siempre estaba en lo cognitivo y es importante que también hablemos de lo emocional. Como siempre, el desafío va a estar en la financiación”, señala.