Los maestros colombianos, en riesgo ante un sistema de salud en caos

A Clarice Sabogal, una profesora de matemáticas de 77 años, la llenaba de orgullo que los maestros colombianos tuvieran un régimen especial de salud. Tanto que por eso era la única en su familia que defendía al expresidente liberal Ernesto Samper (1994-1998). “Nos dio los regímenes especiales en la salud y las pensiones”, le decía a su hijo, Rodrigo Hurtado. Sabogal había participado de las marchas sindicales de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) para que el Gobierno reglamentara este derecho, contemplado en una ley de 1989. Tres décadas después, tiene alzheimer y es una de las pacientes que padece la crisis del régimen especial. El presidente Gustavo Petro quiso arreglar problemas acumulados durante años, pero la puesta en marcha improvisada de una reforma devino en caos. “Si mi mamá estuviera consciente, estaría muy enojada”, afirma Hurtado.

La familia de Sabogal se enteró el 20 de abril sobre el nuevo modelo de salud para maestros. José Hurtado, el esposo de la profesora, leyó en El Tiempo que el Gobierno y Fecode habían llegado a un acuerdo para ejecutar una reforma a partir del 1 de mayo, el Día del Trabajador. El país ya no se dividiría en diez regiones, sino en una única red nacional de prestadores. La Fiduprevisora, una fiduciaria estatal, ya no contrataría operadores privados para organizar las redes de centros médicos y hacer los pagos, sino que asumiría directamente la gestión del sistema. La promesa fue que los 820.000 afiliados tendrían más opciones para escoger dónde atenderse y que se reduciría la corrupción al eliminar a los intermediarios. Era similar a lo que se había buscado para todos los colombianos con la reforma del sistema universal de salud, que requería de una ley que naufragó en el Congreso.

En el caso de los maestros, el viejo régimen distaba de ser perfecto. El diagnóstico que recibió Sabogal en 2007 no fue en una clínica del sistema, donde un médico se limitó a decir que tenía “la PU [la puta vejez]”. Lo obtuvo en el Centro de Memoria y Cognición Intellectus de la Universidad Javeriana. Hurtado padre, además, interpuso hace unos años una acción de tutela para que el fondo de los maestros cubriera el acceso de su esposa a una enfermera y a pañales —perdió en segunda instancia—. Sin embargo, en general la familia estaba satisfecha: Sabogal recibía medicamentos costosos y visitas de médicos y terapeutas. Ahora, en cambio, sienten incertidumbre. “El cambio no puede consistir en quitar lo que más o menos funciona y reemplazarlo por lo que ni siquiera contesta el teléfono”, dice Hurtado hijo.

La angustia comenzó a finales de abril, cuando desaparecieron del sitio web las órdenes de los medicamentos que la profesora necesita para calmar los achaques del alzheimer. Nadie le daba razón a Hurtado padre sobre qué hacer. La clínica le había advertido que pronto terminaba el contrato con el régimen para maestros y los teléfonos de asistencia no funcionaban. La familia optó por denunciar la situación en sus redes sociales, acudir a la sede de la Fiduprevisora en el norte de Bogotá y contactar a amigos en Fecode. Lograron unas nuevas dosis tras varios días de insistencia, pero se mantiene la incertidumbre sobre otras necesidades.

Eliminar el régimen especial y pasar a los docentes al sistema general no es una opción. “Ella peleó por eso, ¿cuántas marchas se caminó? Hay que respetar la voluntad de los maestros”, afirma Hurtado hijo. “Tienen un sentido de pertenencia muy fuerte: puede que el sistema sea malo, pero valoran que es de ellos”, añade. La prioridad, para el hijo de la profesora, es que los nuevos problemas se resuelvan lo más pronto posible.

Los reclamos

En la mañana del jueves 9 de mayo, la sede de la Fiduprevisora en Bogotá está repleta de maestros. Una de ellas es Ana Isabella Lombo, profesora de danza y arte a la que un alumno le rompió los ligamentos de su mano en un accidente. Ha pasado una semana desde que una médica de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) le dijo que necesitaba una cirugía urgente. Desde entonces, ha ido a varias clínicas. Todas le respondieron que no pueden operarla sin la autorización de Fiduprevisora, que a su vez le dice todos los días que su solicitud está en revisión y que espere unas horas más. “Les digo que no puedo esperar: se me va a gangrenar, me puedo quedar sin mano”, remarca.

Algo similar siente Clara Inés Cruz, una docente pensionada de 76 años que está angustiada porque tiene una enfermedad de alto riesgo y no sabe cuándo tendrá sus controles. Sin nadie que conteste sus llamadas, siguió el consejo que le dio una enfermera: acudir a la Fiduprevisora. Tras varias horas de espera, comenta que el problema ha sido la ejecución acelerada del cambio. El Fondo del Magisterio (Fomag), con tres integrantes del Gobierno y dos de Fecode, aprobó la reforma el 1 de abril y le dio apenas un mes a la Fiduprevisora para ponerla en marcha. “Me parece bien que cambie, pero debieron planearlo con un año o dos de antelación”, afirma la docente.

En la calle hay aún más movimiento. Se manifiestan unas cuantas decenas de afiliados al Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá (Sindimaestros), que llegaron por la mañana en varios autobuses. “Viva la lucha del magisterio boyacense”, exclama la secretaria de salud del sindicato, Luz Elena Benavidez, con un megáfono. “¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!”, replican los maestros. “¡Exigimos contratación inmediata!”, añade la líder sindical. “¡Exigimos! ¡Exigimos! ¡Exigimos!”, le responden. “¡Exigimos la entrega inmediata de todos los medicamentos!”. “¡Exigimos! ¡Exigimos! ¡Exigimos!”.

Benavidez comenta a este periódico que el reclamo no es contra el nuevo sistema en su conjunto. “Tenemos un buen modelo: veníamos de operadores que usaban la salud como mercancía y ahora desaparecen. El problema fue la improvisación en la implementación”. Cuenta que algunos prestadores no fueron contratados a tiempo y que algunos compañeros de Tunja aparecen registrados en Chiquinquirá, a 80 kilómetros de distancia. Le preocupan especialmente los tratamientos suspendidos de pacientes oncológicos. Sin embargo, enfatiza en que Sindimaestros no responsabiliza al Ejecutivo, pese a que los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda suman tres de los cinco votos de la junta directiva del Fomag. “El problema no es el Gobierno, sino la Fiduprevisora”, subraya.

El presidente Petro, por su parte, argumentó durante un acto en Pereira (Risaralda) que los problemas se limitan a dificultades técnicas. “Queremos que el maestro y la maestra puedan escoger a qué clínica quieren ir. Eso hay que lograrlo y aún no lo hemos hecho. Está trabado por el software, que los lleva a los viejos operadores, burlándonos el cambio que estamos haciendo”, afirmó.

La fiduciaria

Al interior de la Fiduprevisora, que ejecuta las órdenes del fondo, también hay malestar. Una fuente en la entidad señala que la entidad financiera solo es “la cara visible” y que la responsabilidad está en el Fomag, que aprobó la reforma y ordenó su puesta en marcha para el 1 de mayo. Asegura, además, que la fiduciaria y Fecode le dijeron a Petro que no podían hacer los cambios tan rápido, pero que el mandatario insistió en que la fecha del Día del Trabajador era innegociable. “Dijo que quien no estuviera de acuerdo defendía la corrupción en el Fomag”, afirma la fuente. Agrega que les impusieron la tarea faraónica de pasar de tener 10 contratos con operadores a miles, directos, con clínicas, hospitales y todo tipo de proveedores médicos: “Vivo en una pesadilla kafkiana. ¿Qué parte del Estado colombiano puede contratar 3.000 empresas en tres semanas?”.

La fuente en la Fiduprevisora, que prefiere mantener su identidad bajo reserva para evitar represalias, tiene expectativas moderadas con el nuevo sistema. Por un lado, asegura que los problemas “operativos” de estos días se resolverán en dos o tres semanas: los contratos se formalizarán, se ajustarán requerimientos burocráticos y habrá más call centers. También valora que puede “eliminarse gran parte de la corrupción” al quitar a los intermediarios. El problema, según la fuente, es el manual tarifario que formuló el Ministerio de Salud para negociar los contratos. Las clínicas y los hospitales lo rechazaron, lo cual llevó a que el Gobierno otorgara “un cheque en blanco” a las tarifas que se abonarán. Asimismo, reconoce que la Fiduprevisora no tiene experiencia en salud. “Nuestro negocio realmente es manejar patrimonio. Y ahora nos ponen a manejar medicamentos”.

Rol de aseguramiento

Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud, comenta por teléfono que el sistema incorpora algunos avances. Valora que, en el papel, ahora hay “un modelo de salud”. “Buscan que la Fiduprevisora tenga un rol de aseguramiento, que haga inteligencia de quién y por qué se enferma, audite cuentas y desarrolle programas para prevenir enfermedades. Estamos a años luz de que desarrollen esa capacidad, pero en la letra está bien”, resalta. Asimismo, destaca la intención de ampliar la oferta de prestadores para darles más alternativas a los maestros, que antes tenían redes regionales más pequeñas y cerradas.

Pero, para Andia, también se mantienen problemas estructurales. “Cada vez hay menos maestros jóvenes que entran al sistema y ayudan a financiarlo. La población está envejecida y la siniestralidad es alta [el 49% son mayores de 50 años]. Es difícil hacer aseguramiento, quedas condenado a un pool de riesgos”, remarca. Además, señala que los profesores son una población más dispersa que la que suelen tener las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el sistema general y que el régimen es más vulnerable a la politización de Fecode. Considera que hay preguntas irresueltas sobre cómo contratar y qué criterios utilizar para garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad. “Lo hicieron de afán, en cuatro meses de diálogos, con una urgencia política”, dice.

La académica cree que el Gobierno dejó pasar una gran oportunidad. La sintonía con Fecode le permitía probar en este régimen especial varias ideas que se proponen para sistema general, como la eliminación de los intermediarios privados. Pero los primeros días de caos y desorganización han dejado una imagen negativa. “Está muy reciente, sí. Y hay que ser paciente, sí. Pero quienes sufren por su salud no pueden ser pacientes. Es un crimen que le pidas paciencia a una persona con tratamientos de vida o muerte”, subraya.

Con ella concuerda Hurtado hijo, desde la perspectiva del paciente. Critica la implementación acelerada e improvisada de una reforma que el Ejecutivo presenta como un ensayo de lo que quiere replicar en el resto del país con la reforma a la salud. “Uno se siente como el conejillo de indias. Y es injusto que sea así con quienes han sido más fieles al presidente”, comenta, en referencia al apoyo constante de Fecode a los proyectos de Petro.

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