Una fiduciaria buscando problemas

Desde hace varias décadas la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora) ha sido la encargada de administrar los dineros que el Ministerio de Educación destina para garantizar la salud de todos los profesores que trabajan para la educación pública en el país. Estamos hablando de cerca de 800.000 hombres y mujeres que junto a su círculo familiar vienen recibiendo un servicio de salud con cobertura distinta a la del resto de los colombianos debido a los acuerdos que el magisterio ha garantizado por cuenta de un régimen especial de salud que busca honrar a los profesores.

Gracias a esta situación particular los maestros de la mayoría de los colombianos llevan varios lustros con un sistema de salud distinto al que gozan los demás colombianos, pero no por eso mejor. De hecho, las denuncias del sindicato Fecode en los últimos años han sido sobre la regular atención de los operadores elegidos por la Fiduprevisora para garantizar la cobertura en salud y los múltiples hechos de presunta corrupción que se ocultarían tras esos contratos de operación de la salud de los profesores.

En resumen, a los maestros les crearon unas EPS especiales, supuestamente para darles un mejor servicio, pero en muchas ocasiones este ha sido incluso peor que el del resto de los colombianos.

Ante esta situación y por el inminente vencimiento de los contratos que la Fiduprevisora tenía firmados con los diez operadores regionales (o EPS) de los profesores, el gobierno del presidente Petro decidió convertir a los maestros en el primer laboratorio para probar su reforma a la salud. Algo que no tendría nada de extraordinario de no ser porque con la jugada están a punto de hacer que la entidad financiera cometa una gravísima irregularidad que en un escenario normal debería llevar a sanciones graves y serios procesos (hasta penales) contra sus directivos.

Desde hace un par de semanas Adriana Pereira, asesora del ministro de Salud, despacha en las oficinas de la Fiduprevisora y trabaja como si fuera la dueña de la fiducia que el Ministerio de Educación tiene en la entidad para manejar los recursos del magisterio. Ella toma las decisiones sobre el futuro de la salud de los profesores y es quien manda sobre el consejo directivo del Fondo del Magisterio señalando a qué prestadores de salud se va a contratar, cuánto se va a pagar y cómo se debe hacer toda la gestión de la nueva apuesta por la salud de los maestros.

Digamos que no habría ningún inconveniente con el trabajo de la señora Pereira, teniendo en cuenta que es una profesional del sector salud. El lío es otro: la Fiduprevisora no puede ser un operador de salud pues dentro de su objeto social no está el manejo de los recursos del fideicomiso convirtiéndose en contratante y pagador de clínicas, hospitales, IPS y farmacias, así como tampoco tomar decisiones sobre las historias clínicas de los beneficiarios finales del fideicomiso. Fiduprevisora es una entidad financiera con cero conocimientos del sector salud y sin embargo la están lanzando al agua en una misión kamikaze.

Edwin González, vicepresidente de la Fiduprevisora encargado del Fondo del Magisterio, alertó al gobierno sobre la ilegalidad de lo que iban a hacer. La orden fue relevarlo del cargo. Mientras tanto, se descuentan los días para que llegue el primero de mayo, fecha en que la Fidu empezará a administrar la salud de los maestros y día para el que muchos vaticinan el comienzo de un desastre. Ojalá no sea así.

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