Una donación del sindicato de profesores, el nuevo dolor de cabeza de Petro

No es nuevo el ruido alrededor de la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia. Luego de que el líder de izquierdas lograra un triunfo histórico en las elecciones de 2022, llegaron los cuestionamientos sobre las cuentas que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hasta ahora el primer mandatario y los miembros de su campaña han esquivado las acusaciones, pero una reciente diligencia de la Fiscalía General de la Nación vuelve a ponerlos en tela de juicio. En el centro de la investigación se encuentra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), uno de los principales sindicatos del país, que aportó los recursos que están bajo escrutinio.

El lío gira alrededor de un cheque de 500 millones de pesos (cerca de 125.000 dólares) girado por Fecode y que presuntamente fue a parar a la campaña, que legalmente existe como una persona jurídica. En agosto del año pasado, La Silla Vacía reveló que la organización sindical transfirió este dinero, pero no a la campaña presidencial. Aunque el propósito de la donación era respaldar al entonces candidato —así lo confirmaron directivos de Fecode al medio de comunicación—, la plata fue entregada a Colombia Humana, uno de los partidos que pertenece al Pacto Histórico, la coalición de izquierda que otorgó el aval a Petro. La ley colombiana prohíbe que corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones contribuyan monetariamente a las aspiraciones presidenciales, y las autoridades indagan si el dinero fue utilizado para sufragar gastos de la campaña electoral. La teoría sobre una posible triangulación de los recursos —que haya pasado por el partido para evadir la ley— es el fundamento del embrollo.

El asunto se activó el pasado 22 de enero cuando funcionarios de la Fiscalía realizaron una inspección a la sede de Fecode, en Bogotá. Aunque la pesquisa pasó desapercibida para la opinión pública, dos días más tarde el presidente atrajo la atención sobre lo ocurrido. “El allanamiento de una organización de trabajadores, buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la Presidencia. No estamos ante cualquier cosa”, señaló mientras visitaba el departamento de Chocó con sus ministros. Sin referirse al ingreso del aporte a su campaña, criticó el proceder de la Fiscalía. “Siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico”.

Petro ha hablado de movimientos legales para sacarlo del Gobierno, en lo que ha denominado un “golpe blando” o reflejos del llamado lawfare. A fines de mayo de 2023 calificó así las decisiones de órganos estatales externos al Ejecutivo, como la Fiscalía, contra miembros de su partido por casos diversos y disímiles entre sí. “A propósito, ¿se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió entonces en X. “Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, agregó.

En el caso de la financiación de su campaña, sus cuestionamientos fueron opacados por los hallazgos de la Fiscalía, que publicó el periódico El Tiempo. Uno de ellos es un acta de reunión del comité ejecutivo de Fecode, del 3 de mayo de 2022, en la que se aprueba que se “dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia”. Tres semanas después, según se lee en otro documento al que tuvo acceso el diario, el sindicato expidió un cheque por 500 millones de pesos a nombre de Dagoberto Quiroga, representante de la Colombia Humana, con el objetivo de “colaborar con la campaña Petro presidente 2022-2026″.

El 23 septiembre de ese mismo año, ya con Petro posesionado como jefe de Estado y tras la publicación de La Silla Vacía sobre la donación no reportada en las cuentas oficiales de la campaña presidencial, Quiroga acudió a una notaría para firmar una escritura pública que contradecía lo que constaba en los archivos de Fecode. En aquella escritura se hizo claridad de que el aporte de la organización sindical se realizó “para el partido político (movimiento Colombia Humana) mas no para la campaña presidencial”. Cinco días más tarde, el presidente Petro nombró a Quiroga como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Al ser consultado sobre la discordancia entre la escritura y lo estipulado por Fecode, el superintendente explicó que el sindicato sí intentó realizar el aporte a la campaña, pero que ésta lo rechazó. Fue en ese momento que surgió la posibilidad de donarlo a Colombia Humana, dice, para cubrir gastos de operación. “Nos demoramos en hacer la escritura porque no coincidimos en fechas y estábamos recolectando los documentos. Aceptamos el dinero porque este es un partido joven y necesita fondos”, comentó. Su versión coincide con la de Eduardo Noriega, portavoz de Colombia Humana, quien aseguró a El Espectador que “la donación llegó al partido y no a la campaña”.

La Fiscalía continuará indagando sobre el paradero final del dinero. De comprobarse su ingreso a la campaña, implicaría que la campaña, gerenciada por el actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, violó los topes fijados por ley. Las cuentas que están en poder del CNE indican que la candidatura del hoy presidente no superó el límite financiero por 151 millones de pesos (37.750 dólares) en primera vuelta y 147 millones de pesos (36.750 dólares) en segunda. Los 500 millones bajo escrutinio superarían estas dos fronteras y se sumarían a otros posibles dineros no reportados por la campaña y que están bajo investigación. El pasado junio, la revista Semana reveló grabaciones del exembajador Armando Benedetti, en las que afirmaba que él ayudó a conseguir 15.000 millones de pesos (3,7 millones de dólares) para la campaña; y en agosto, en medio de su proceso judicial, Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, admitió que dineros irregulares también fueron empleados en la carrera por la Presidencia. No obstante, semanas después, Nicolás señaló que había sido “presionado” para convertirse “en un arma” en contra de su padre.

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