La decisión de la paz total abre una vía para la reconciliación entre Petro y la Corte Constitucional

La Corte Constitucional le lanzó un salvavidas al presidente Gustavo Petro en medio de la incertidumbre que rodea su mandato. Mientras el ambicioso paquete de reformas que presentó al Congreso está atascado —en 16 meses, sólo la tributaria fue aprobada— y las encuestas sitúan su desaprobación por encima del 60%, el tribunal consideró que la ley de paz total no es contraria a la Constitución, con la excepción de algunos poderes que concedía al presidente. Al preservar el grueso de la norma que habilita al mandatario para adelantar negociaciones paralelas con todo tipo de con grupos ilegales, mantuvo el respaldo legal a los esfuerzos adelantados por el Gobierno en esa materia. Ese episodio es una derrota a medias de las varias que ha vivido Petro en los estrados constitucionales desde que se posesionó, en una interacción que ha sufrido altos y bajos.

Uno de los primeros intercambios del presidente con la Corte, que marcó el inicio de ese vínculo, no fue de carácter judicial. El 30 de noviembre del año pasado, cuando llevaba menos de cuatro meses en el cargo, su impuntualidad produjo un desencuentro con los magistrados del alto tribunal, que se preparaban para recibir a un nuevo miembro, el liberal Juan Carlos Cortés. Más de 70 invitados acudieron a la Casa de Nariño al que puede ser el momento más importante en la vida profesional de un juez. A él asisten colegas y familiares para ver cómo el presidente le toma juramento para entrar a ocupar el cargo más alto del sistema judicial. La cita era a las seis de la tarde y todos estaban listos, exceptuando Petro, quien estaba en Medellín y no tomó el vuelo de regreso a Bogotá a la hora requerida para asistir al evento.

“El presidente Petro dejó metida a toda la cúpula judicial, a toda”, comentó un magistrado que asistió a la Casa de Nariño y presenció los hechos. La molestia que produjo el desplante fue gestionada por Néstor Osuna, ministro de Justicia, y por Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de Presidencia y quien finalmente juramentó —una hora después de lo previsto— a Cortés. Los magistrados, y demás invitados, dejaron patente su desagrado, pues abandonaron el lugar inmediatamente después y no acudieron a la cena que estaba programada con Petro.

No fue el mejor inicio para las relaciones. No obstante, a lo largo de los meses siguientes, el presidente manifestó sus desacuerdos con la Corte de forma respetuosa. Incluso cuando se trataba de asuntos centrales de su agenda política, mostró la moderación que caracterizó sus primeros meses como jefe de Estado.

Un ejemplo es el de la tauromaquia. Como alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015, el hoy mandatario se opuso a estas faenas y no prestó la plaza La Santamaría para la realización de la temporada taurina. El pasado enero, cuando el tribunal ordenó el regreso de las corridas a la capital, advirtiendo que solo se pueden prohibir a través de una ley, Petro sencillamente manifestó respetuosamente su discordia y solicitó a los legisladores tramitar un proyecto en ese sentido.

Otra cuestión neurálgica para el presidente son las potestades sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación. Como alcalde fue destituido e inhabilitado por la institución, hechos que demandó ante instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) terminó fallando a su favor, ordenando al Estado colombiano modificar su legislación para que ninguna autoridad administrativa, como la Procuraduría, pueda apartar de sus funciones a personas electas por voto popular.

En febrero, a raíz de una reforma que se adelantó para acatar esa instrucción de la Corte IDH, la Corte Constitucional determinó que la Procuraduría sí puede tomar esa decisión, pero que luego el Consejo de Estado, otro alto tribunal del país, debe avalarlas y solo entonces tienen efecto. Petro, en su cuenta de X —antes Twitter—, lamentó que la Corte “restrinja esa prohibición sólo a funcionarios elegidos” y no se extienda a todos los ciudadanos. “A ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal”, agregó.

Más adelante, la postura del presidente pasó a los aplausos. Por ejemplo, en junio, calificó como “una excelente decisión” que se declarara inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres puedan acceder a su pensión de vejez. La Corte encontró que padecen inequidades frente a los hombres en el mercado laboral, por lo que el requisito debería ser menor. Petro aseguró que la providencia hacía “aún más necesaria la reforma pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora”.

Sin embargo, ese buen tono cambio recientemente con las decisiones sobre la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, uno de los departamentos más pobres del país, que llevó a cabo el Gobierno en julio. El objetivo de la medida, según afirmó Petro en una visita previa a la región, era prepararse para “una sequía que nunca antes se había visto” y evitar una calamidad pública. Con la declaratoria podía expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, una prerrogativa excepcional que la Constitución prevé para situaciones urgentes, inesperadas y que no se pueden enfrentar con las normas vigentes.

Inició, entonces, una discusión sobre qué tan legal era la declaratoria, ya que se fundamentaba en condiciones que venían desde hace varios años. La misma Corte Constitucional había advertido, en 2017, la existencia de un problema estructural tan grave en la región que le mereció el concepto de “estado de cosas inconstitucional”. Bajo la lógica de que la crisis no obedecía a hechos recientes, el 2 de octubre la Corte tumbó la declaratoria y procedió a revisar los 11 decretos que emitió Petro posteriormente. Todos se cayeron tras no superar el estudio de constitucionalidad.

Inicialmente, Petro agachó la cabeza. Luis Fernando Velasco, su ministro del Interior, aseveró que la Administración respetaba la decisión y se adecuaba. Sin embargo, a medida que han ido muriendo jurídicamente los distintos decretos, el primer mandatario ha evidenciado su molestia. Con sátira, en su cuenta de X, cuestionó que los magistrados dejaran sin validez un decreto que instituía el cobro de 1.000 pesos colombianos (25 centavos de dólar) en la factura de energía de los hogares de mayores ingresos para financiar obras en La Guajira. “¿En dónde estará la justicia?”, escribió en la red social, citando a un medio de comunicación que daba la noticia sobre la decisión judicial. Días después le bajó al tono. Dijo que respetaba el fallo, pero no lo compartía.

Pero esa fue apenas la antesala del golpe más duro que ha recibido en ese estrado y que afecta directamente sus planes de cambio. La Corte determinó la inexequibilidad de un artículo de la reforma tributaria que impedía la deducción de regalías por parte de empresas que explotan recursos naturales, lo que prometía recaudar entre dos y cinco billones de pesos al año. Nuevamente señaló que acataba la sentencia, pero luego lanzó una fuerte crítica: “El fallo quita el dinero de colegios y hospitales que ya estaban aprobados por el Congreso y lo pasa directamente a las utilidades de las multinacionales dueñas de contratos de carbón y petróleo”. Este domingo continuó y, citando una columna del constitucionalista Rodrigo Uprimny que critica el fallo de la Corte, añadió: “No solo se ha hecho un regalo a la empresa extractiva sino al capital fósil en contravía de lo que la humanidad busca”. El presidente se refería a su cruzada por la transición energética y en contra de los hidrocarburos. En la Cumbre del Clima (COP28), celebrada en Dubái, firmó un tratado de no proliferación de combustibles fósiles y reiteró su interés por no celebrar nuevos contratos de exploración y explotación.

Bajo este contexto, la decisión sobre la paz total puede marcar un cambio en esa tirante relación, pues la Corte mantuvo con vida las negociaciones que su Gobierno emprendió con diferentes estructuras armadas. Entre tanto, Petro cambiará de asesor jurídico. Logró que su secretario legal, Vladímir Fernández, pase a ser miembro de la Corte, en donde se debe posesionar en los próximos días. Del propio presidente y del nuevo secretario depende que el Gobierno pueda sacarle el mayor provecho a esa relación y evitar desavenencias con un tribunal que tiene la capacidad de ser un palo en la rueda en los dos años y medio que le quedan de mandato.

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