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El apagón de Chile se suma a la pelea intestina en ISA

La empresa colombiana, que maneja la interconexión eléctrica en cinco países sudamericanos, tiene un nuevo y polémico presidente hace dos meses

Vista general de Santiago de Chile durante un apagón masivo, el 25 de febrero de 2025.
Vista general de Santiago de Chile durante un apagón masivo, el 25 de febrero de 2025.Marcelo Hernandez (Getty Images)

Este martes, prácticamente todo Chile quedó a oscuras. Un fallo en una línea de transmisión eléctrica llevó a que el presidente Gabriel Boric decretara el estado de excepción y un toque de queda. Aunque tras siete horas se empezó a restablecer el servicio, en la mira de las autoridades y la sociedad chilena quedó ISA InterChile, la compañía que opera las líneas de alta tensión y que es de propiedad de la colombiana Grupo ISA. Se trata de un traspié notorio para una multilatina de mayoría estatal que está inmersa en una fuerte puja intestina entre sus principales accionistas, que gira alrededor de la designación de un presidente que ha recibido el rechazo de los minoritarios.

El apagón en Chile fue un problema eminentemente técnico. ISA Interchile ha argumentado que la emergencia se provocó por “la activación no deseada de los esquemas de protección” de su red, que produjo una desconexión automática y, luego, un efecto en cadena en la columna vertebral del sistema eléctrico del país. “Es como un airbag que se abre sin que lo hubieras querido. Si se abre, ya no puedes usar el auto”, explica el decano de Ingeniería y Ciencias UAI y expresidente ejecutivo de Generadoras Chile, Claudio Seebach.

El problema, como dice una fuente de la junta directiva de Grupo ISA, no guarda relación con la situación interna de una de las 50 empresas más grandes de Colombia. Se trata de una empresa de origen público, creada justamente para gestionar las redes principales de alta gestión y crear un sistema interconectado en un país atravesado por una cordillera de los Andes que se abre en tres ramales, separados por profundos valles. Con sede en Medellín, es parte del poderoso empresariado de Antioquia, el montañoso departamento donde se ubica la segunda ciudad del país.

Con el cambio de siglo pasó a convertirse en una sociedad mixta, con acciones en bolsa, en la que el Gobierno mantiene una mayoría justa en su junta directiva. A través de Ecopetrol, la empresa colombiana más grande y de mayoría estatal, tiene el 51,4% de sus acciones, y así define a 5 de sus 9 miembros. Los cuatro restantes son definidos por los accionistas restantes, encabezados por los fondos privados de pensiones de Colombia, que tienen el 256,% de la propiedad, y por Empresas Públicas de Medellín, la compañía de servicios públicos de la ciudad, que tiene otro 8,8%. Son esos dos los sectores que han venido chocando por el manejo de un grupo empresarial que hace presencia en Ecuador, Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos, y que en 2024 dio utilidades por unos 680 millones de dólares.

En diciembre de 2023, renunció el presidente de la empresa, Juan Emilio Posada. Se trata de un cambio grande en una empresa que, en 66 años de vida hasta entonces, tan solo había tenido nueve cabezas. Se abría la puerta a un cambio especialmente significativo, pues el Gobierno de izquierda de Gustavo Petro cumplía un año y medio, y hasta entonces la empresa había estado manejada por quien había sido consejero presidencial del mandatario anterior, el conservador Iván Duque. En contraste, a Ecopetrol la dirigía — y la dirige aún— un hombre de toda la confianza de Petro, Ricardo Roa, quien fue el gerente de su campaña presidencial.

Con el liderazgo de Roa y un proceso de cazatalentos, la junta directiva finalmente eligió a Jorge Carrillo, antiguo presidente de EPM. La votación, 5-4, desnudó la división entre los accionistas. Los miembros que representan al Gobierno votaron en bloque por el ingeniero, quien manejó la poderosa empresa de servicios públicos por decisión de un alcalde de izquierda, aliado de Petro. Los minoritarios preferían alguna de las otras opciones, hasta el punto de que uno de ellos, Carlos Raúl Yepes, renunció a la junta. Se trataba, justamente, del miembro que representa a EPM, ahora controlada por un alcalde de derechas, Federico Gutiérrez.

En un giro sintomático del encono interno, EPM ha designado a Posada, el presidente anterior de ISA, en reemplazo de Yepes. Y la elección de Carrillo ha sido demandada ante la justicia por abogados antioqueños que consideran que no se eligió al mejor candidato en el proceso de cazatalentos. Si bien el presidente del grupo está a miles de kilómetros del apagón, será la primera crisis que enfrente, en medio de la polémica y los resquemores por su llegada. Mientras tanto, en Chile se investiga qué ocurrió y cuál es la responsabilidad del poderoso grupo a su cargo.

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