De la venta de Tigo-UNE al nuevo presidente de ISA: Petro y Fico exhiben sus diferencias
El jefe del Estado y el alcalde de Medellín protagonizan un choque que empieza en la privatización de la compañía de telecomunicaciones y se expande hasta el reciente nombramiento de Jorge Carrillo para dirigir al grupo tecnológico
![El logotipo de Tigo en una tienda en Bogotá, Colombia](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/N5KKITF6NNBILNEEGME3YCXUOI.jpg?auth=6869b2b54d20c80446506ad93a57305d7ea12e73dea760f30259b64b66b45566&width=414)
![Santiago Triana Sánchez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F7bf25e19-1ced-42a6-9766-b18a27e1f1c4.png?auth=1271efec96acd12f46e4974e58bb20192f949e017d3d4b735b85eafc7d784902&width=100&height=100&smart=true)
El plan para vender la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE fue el inicio de un nuevo desencuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Rivales en las elecciones presidenciales de 2022, volvieron a ubicarse en estar en orillas opuestas, esta vez por la posibilidad de privatizar totalmente la compañía, propiedad en un 50% del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), que planea vender sus acciones a la empresa dueña de la otra mitad: Millicom International Cellular. Petro opina que la venta de Tigo-UNE acerca al país a un monopolio privado de las comunicaciones. Gutiérrez sostiene que la enajenación busca proteger el patrimonio público. El choque, sin embargo, escaló y se desplazó a un nuevo escenario: el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente del Grupo ISA, del que la estatal Ecopetrol posee el 60% de las acciones.
La polémica entre los mandatarios comenzó el domingo en X, red social de la que ambos son usuarios constantes, y va camino a convertirse en uno de los temas políticos de la semana. Petro abrió la discusión: “Estamos en un proceso de disolución de la propiedad pública de las empresas públicas de telecomunicación que terminará en la vieja Telecom”. Se refería a la liquidación que hizo el Gobierno de Álvaro Uribe de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que convirtió en una compañía nueva cuya mayoría fue luego adquirida por la española Telefónica. Para evitar un monopolio en las telecomunicaciones, el presidente hizo varias propuestas, entre ellas invitar a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB, mayoritariamente de propiedad del Distrito de Bogotá) y a Empresas Municipales de Cali (Emcali, del municipio de Cali) a construir una alianza de empresas públicas con Internexa (filial del Grupo ISA). En ese momento el tema de la discusión empezó a cambiar.
Gutiérrez respondió exponiendo las razones por las que considera conveniente la venta de Tigo-UNE. Según él, la industria de las telecomunicaciones precisa de una inversión muy alta que puede poner en riesgo la estabilidad de EPM. Afirmó que Tigo-UNE es “controlada por un privado” y que cualquier decisión que tome ese dueño ―como una inyección de capital― la debe asumir Medellín con recursos públicos. “Nuestra propuesta busca precisamente proteger el patrimonio público de EPM, que es y seguirá siendo 100% pública”, añadió. Después aprovechó para criticar al presidente recordando el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al su antecesor en la Alcaldía de la ciudad, Daniel Quintero (aliado político de Petro), y el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA.
Petro respondió preguntando, en tono retórico, si no existía un conflicto de intereses en las opiniones del alcalde acerca del nuevo presidente de ISA, debido al trabajo de su hermana, Catalina Gutiérrez, en la empresa. “Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales”, dijo Gutiérrez un par de horas más tarde. “No existe ningún tipo de conflicto de interés”. También contestó a otra pregunta del jefe del Estado, que lo conminó a responder si lo reconocía como mandatario. “Lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos”, zanjó el alcalde.
Las dudas de Gutiérrez en X sobre el nuevo presidente de ISA no se quedaron ahí. El lunes, John Maya, gerente de EPM, pidió a ISA ―de la que posee un 8% de las acciones― conocer si Jorge Andrés Carrillo si cumplió con los requisitos para ocupar ese cargo, para el cual fue elegido el 14 de agosto pasado, una designación que no ha sido oficializada. En una carta, Maya solicitó aclarar si se siguieron de “manera estricta” las recomendaciones de la firma cazatalentos que se encargó de la selección de los candidatos. También requirió exponer el cumplimiento de las prácticas anticorrupción del Gobierno de Estados Unidos, ante las diversas denuncias hechas contra Carrillo en diferentes entes de control en Colombia. Además, pidió detalles sobre la experiencia del nuevo presidente para ocupar el cargo.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, acusado por Gutiérrez de supuestos malos manejos en UNE que causaron pérdidas a la empresa por 2,4 billones de pesos, entró en el debate para atacar a su sucesor, sobre quien sugiere haber beneficiado a su hermana con puestos en empresas públicas mientras se desempeñaba como concejal y alcalde. También preguntó: “Si quienes administran a UNE han sido Millicom, ¿cómo mi Administración pudo causar algún detrimento?”. Y a renglón seguido aseguró que quienes causaron el detrimento de Tigo-UNE fueron los miembros de Millicom como una estrategia para devaluar la compañía.
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El encontrón entre Petro y Gutiérrez ocurre la víspera del segundo debate sobre la venta de la empresa, programado para este miércoles, 21 de agosto, en la plenaria del Concejo de Medellín. El primer debate sobre el proyecto de venta fue votado el 18 de agosto pasado, con seis votos a favor y uno en contra en la comisión primera del cabildo. En el debate, el presidente de EPM, John Maya, aseguró que la empresa exige una inversión anual de un billón de pesos que la vuelve insostenible para las finanzas del grupo estatal.
Millicom, por su parte, no solo tiene en la mira el dominio total de Tigo-UNE, sino que también tiene entre sus pretensiones hacerse con el control de Telefónica, empresa que opera en Colombia bajo el nombre de Movistar. Se calcula que, por ambas operaciones, prepara ofertas que suman los cuatro billones de pesos (unos 1.000 millones de dólares). En caso de que se hagan efectivas, el panorama de las telecomunicaciones en el país daría un vuelco, al haber una empresa capaz de disputar el dominio total en el sector que por ahora favorece a la mexicana Claro, propiedad del magnate Carlos Slim.
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