Millicom reta el dominio de Claro en un momento de fragilidad para el mercado de las telecomunicaciones

Millicom, el operador regional de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, avanza en sus negociaciones para hacerse con el control de Telefónica, la empresa española que opera en el país bajo el nombre comercial de Movistar. Y, en paralelo, de las acciones que tiene la ciudad de Medellín en Tigo UNE, donde ya es socio mayoritario. Las dos ofertas sumarían 4 billones de pesos (1.000 millones de dólares) y buscarían consolidar las compañías bajo el mismo paraguas, en una avanzada empresarial que ya cuenta con un memorando de entendimiento preliminar. La noticia, en un momento de fragilidad para el negocio de las telecomunicaciones en Colombia, agita de golpe el ajedrez de un mercado dominado a sus anchas por Claro, una de las empresas hijas del consorcio mexicano América Móvil, propiedad del archimillonario ingeniero Carlos Slim.

El auge de las aplicaciones de llamadas y otros servicios digitales, unido a las millonarias inversiones en la instalación de antenas y cables de fibra óptica sin tener asegurado el retorno monetario, han supuesto desde hace varios años las dos principales cortapisas para un sector acostumbrado a buenos márgenes de rentabilidad. Luego aterrizó la pandemia y los sobresaltos en la cotización del dólar, y las empresas acabaron sumidas en un pozo de dudas. Sergio Martínez, economista experto en transformación digital, considera que solo una ruptura o una reorganización de la competencia como la impulsada por Millicom puede descartar una crisis en un sector donde se respira cierto letargo, a pesar de prestar un servicio esencial.

En caso de no concretarse la fusión, explica Martínez, la concentración del mercado en cabeza de Claro sería insostenible a mediano plazo, tan perjudicial como la que el experto evidencia en el sector aéreo. Por el contrario, en su opinión, un panorama dividido en dos grandes operadores ayudaría a reducir los costes de servicio, ampliaría la cobertura e inyectaría dinamismo: “En Estados Unidos hay tres gigantes. Por las dificultades en el funcionamiento del mercado, este no es un negocio que abarque un montón de competidores”, remata.

Sus palabras buscan despejar las dudas que genera para muchos la absorción teórica de Tigo UNE, que en 2023 reportó perdidas cercanas al billón de pesos, y Telefónica Colombia, con otros 600.000 millones de pesos en números rojos. La operación deberá contar con el beneplácito de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad encargada de velar por la libre competencia en Colombia. De momento se conoce que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), órgano independiente y técnico del Ejecutivo, emitió un concepto donde señala que la unión no rebasaría la cuota de mercado establecida en ninguna de las divisiones del sector, como lo son Internet fijo, Internet móvil y telefonía móvil.

La idea, además, supone especial interés para el Gobierno Nacional y para la Alcaldía de Medellín, dos actores públicos con participación accionaria en las empresas en juego. El Estado colombiano cuenta con el 32,49% en Colombia Telecomunicaciones (ColTel), la antigua Telecom, hoy filial de la española Telefónica, que opera en el país bajo la conocida marca Movistar.

Millicom destinaría 400 millones de dólares para hacerse con las acciones de propiedad de la empresa española, y un poco menos de 200 para comprarle al Estado colombiano. Una transacción que proseguiría además con el plan de desinversión trazado por Telefónica en 2019 para reducir su presencia en América Latina y amortiguar sus deudas.

Por otra parte, Millicom busca hacerse también con el 50% de las acciones de Tigo UNE que están a nombre de las Empresas Públicas de Medellín y lo dejarían en control total de la compañía. Sandra Urrutia, la primera ministra de Tecnologías de este Gobierno, afirma que la operación sería beneficiosa para enfrentar los riesgos de sostenibilidad: “El problema radica en que los ingresos de las empresas son en pesos colombianos y vienen cayendo, mientras que sus necesidades en inversión suben aceleradamente en euros y dólares”.

Por eso, concluye que los dos negocios constituyen una salida atractiva para entidades públicas con evidentes necesidades de caja. Las últimas dos Administraciones de Medellín han manifestado su interés en vender sus acciones. Un asunto que no constituye mayor sorpresa tras haber atravesado un arduo proceso de reestructuración con Tigo UNE a finales del año pasado. Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones evaluó la propuesta de compra como positiva la semana pasada.

El eventual traspaso de esas acciones serviría para redireccionar el capital público hacia sectores más rentables e incluso al prepago de deudas, para reducir sus costos financieros y déficits: “Sería positivo porque le garantiza al Estado colombiano un flujo permanente de pagos a las contraprestaciones. El caso de Colombia es muy atípico en el mundo, acá todavía existen operadores públicos de gran tamaño en negocios tan riesgosos como los de telecomunicaciones”, detalla Martínez.

Pero el interés de diversos sectores en moderar el predominio de Claro, la única compañía que reportó utilidades en 2023 y que llega al 52,8% de participación en el mercado de Internet móvil, no oculta las inquietudes de otros expertos. Andrés Navarro, académico de la Universidad ICESI de Cali y experto en tecnología, recuerda que la polémica en el sector ha sido agitada: “En Colombia existen topes a los espectros que están definidos por bandas. En este momento, todos los operadores están muy muy cerca del tope. Con las fusiones, con seguridad se estarían violando en el caso de las bandas bajas”.

El académico vallecaucano se refiere a las avenidas digitales por donde transitan las comunicaciones inalámbricas. Las compañías participan en una subasta pública periódica en la que se puja por los denominados bloques del espectro, un bien público. Y de ese remate depende su capacidad de prestar los servicios de Internet y telefonía móvil. “Es un tema que amerita un análisis de monopolio, que no sería complicado porque en Colombia tenemos varios operadores cuya porción en el mercado es pequeña”, se cuestiona Navarro.

Mientras las negociaciones avanzan y se conocen más detalles, los interesados han ido poniendo sus movimientos sobre el tablero. Por eso el abogado experto en temas de competencia Emilio Archila, que ha sido representante de Claro, aboga para que la CRC desmonte una serie de normas impuestas en su contra para equilibrar el panorama: “Debería suspender todas las decisiones para hacer una valoración del mercado y ver si algunas medidas deben revisarse”. A su juicio, la concreción del negocio cambiaría por completo las condiciones de asignación del espectro e implicaría la necesidad de un eventual retorno al Estado de los bloques que superen el tope.

Archila y Martínez coinciden, en todo caso, en que el interés de Millicom es una noticia positiva y una muestra de la solidez institucional del país. Y Fabián Hernández, CEO de Telefónica Colombia, se muestra satisfecho con el posible nuevo escenario labrado por la empresa de raíz sueca: “La operación es una respuesta adecuada para corregir una falla de mercado que la regulación no logró. Esta integración forma parte de un movimiento de la industria que genera una dinámica de estabilidad y competitividad de los operadores y mayor bienestar para los usuarios”.

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