La bronca con Claro agita el ambiente en el mercado de la telefonía celular

Tras la subasta del nuevo espectro para la “superautopista” 5G celebrada a finales de diciembre, se respiraba cierta atmósfera de confianza en el sector de las telecomunicaciones. Pero, menos de un mes más tarde, una carta dirigida por una decena de operadores al Gobierno ha vuelto a romper la calma. Empresas como Telefónica, Wom, Tigo o ETB, entre otras, han urgido al Estado a tomar medidas para atenuar la posición dominante de Comcel (Claro) que opera el 46,6% de las líneas del país y forma parte de América Móvil, uno de los conglomerados del magnate mexicano Carlos Slim.

Las compañías de comunicaciones firmantes se quejan de que hoy solo 2 de los 11 operadores arrojan utilidades, mientras que en 2017 lo hacían cuatro de los ocho existentes. En esta historia Claro ha sido uno de los pocos que han arrojado ganancias siempre. Por cada 10 pesos que gastan los colombianos en ese mercado, cinco van a parar a su caja, según se recoge de la carta. El punto de partida del enredo es simple: en 2009 la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determinó que Claro ejercía un papel dominante en la tecnología denominada “voz móvil”, es decir, las llamadas por celular. Doce años más tarde, en 2021, encontró la misma situación en paquetes de voz e Internet móvil de datos.

Un hecho que la empresa ha desestimado bajo el argumento de que son decisiones que adolecen de sustento técnico. En una carta del 22 de enero firmada por el presidente de Claro, Rodrigo de Gusmao, la telefónica le pide al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, que se revise muy “a fondo que las medidas propuestas realmente logren el objetivo de promover la inversión de todos los actores del mercado e incrementen los beneficios a los usuarios (…)”.

El otro aspecto llamativo de la carta de Claro se refiere a “investigaciones en curso de la Superintendencia de Industria y Comercio” en su contra que ha sido citada por el bloque de 10 competidores en sus alegatos: “(…) pero olvidan mencionar en su carta que Claro ha presentado toda la información que demuestra que la compañía cumple con toda la normatividad vigente y además omiten que ellos actualmente enfrentan investigaciones, en varios casos, por los mismos criterios”.

El caso es que el Estado colombiano, gestor y árbitro del mercado, ha dejado ya constancia por partida doble sobre su papel dominante e impuso restricciones para participar en la subasta 4G de 2012. Claro tuvo que invertir más que sus competidores para lograr los niveles de cobertura buscados en aquella puja. La CRC anunció en 2021, además, que se tomaría dos años, finalizados en septiembre pasado, para examinar los avances del mercado y de la tecnología, y así tomar nuevas determinaciones sobre la situación de la competencia. Los resultados de ese examen ya fueron publicados en forma de resolución con algunas sugerencias como, por ejemplo, reglamentar el cambio de operador para los usuarios, conservando el mismo número.

Por su parte, Claro, marca que aterrizó en el país en 2012 tras la fusión de Comcel y Telmex Colombia, siempre ha empuñado el argumento de que es la compañía que más invierte en telecomunicaciones y por eso tiene una tajada mayor en el mercado. Una discusión que sus competidores desestiman en la carta: “Ahora, y ad portas de nuevas medidas, Claro ha anunciado escasos $4 billones para 5G. Más contundente aún, es que por cada Megahertz de espectro, materia prima de este sector, Claro obtiene un rendimiento de $614, mientras que todos los demás agentes en conjunto solo obtenemos $66. Es decir, por cada peso que invierte, Claro obtiene una ganancia 10 veces mayor que el resto de los jugadores del mercado, lo cual a todas luces atenta contra la sostenibilidad de las demás empresas del sector”.

El problema real, argumenta el analista en telecomunicaciones Marc Eichmann, es que Claro ha apostado por un modelo de negocio arriesgado y rentable que sus demás competidores no han logrado igualar: “Ellos se adelantaron. Se lanzaron hace muchos años al mercado de prepago. En Movistar se oían comentarios desobligantes de muchos que dudaban que las personas más pobres tuvieran capacidad para adquirir celulares. Ese mercado terminó siendo mucho más fiel que los usuarios nuevos de los otros operadores. Claro hoy en día hace plata porque tiene usuarios más rentables que han fidelizado a través del tiempo”.

Andrés Navarro, docente de ingeniería en la Universidad ICESI de Cali, equipara la situación a la de un “perro tratando de morderse la cola”. Recuerda que Claro es la compañía con la “mejor cobertura en Colombia, muy agresivo con los planes”: “Y ninguno de los otros operadores, salvo Wom, ha hecho nada distinto a quejarse para cambiar esa situación”. Navarro argumenta que Wom, matriz de una firma británica de inversión, ha logrado con buen pulso “abrir puntos de venta donde claramente le compiten a Claro y buena estrategia de mercadeo” recortarle camino en esta carrera.

“Lo que pasa es que Wom lleva tres años desplegando red, Claro lleva 30″, sentencia Navarro. No obstante, la carta de los diez finaliza: “nuestros 455.000 empleados, los 85 millones de usuarios de este sector, y en general los colombianos que hoy no tienen acceso a las telecomunicaciones, así como las empresas nacionales y extranjeras que representamos, solicitan a ustedes la toma de medidas inmediatas que permitan generar un ambiente competitivo en el sector de las telecomunicaciones”.

Una amalgama de factores a la que Sergio Martínez, excomisionado de la CRC, añade la inoperancia del Gobierno Petro: “Veo una debilidad en el fortalecimiento regulatorio. Yo renuncié a la comisión el 26 de agosto de 2022 y esta es la hora en que el presidente no ha nombrado su delegado en el CRC. Entonces se van acumulando temas, la institucionalidad se retrasa y de ahí surgen estas reacciones”. Añade que ni todas las falencias del mercado son achacables a Claro, ni la gestión de ese negocio ha sido siempre equilibrada: “El miércoles se conocerá la resolución final con unas normas especiales para el operador dominante (Claro). El proyecto tendrá cambios, seguramente. Este no es un mercado sencillo, está altamente concentrado”.

Para Martínez, el problema de fondo radica en que la Superintendencia de Industria y Comercio, el ente estatal que vela por la libre competencia, no está “actuando en sus labores de debida vigilancia y control. El Ministerio de Tecnologías, que también tiene atribuciones en ese rol, no ha sancionado en su momento, de forma efectiva, a un operador que es claro que tiene posición dominante y donde ha habido evidentes abusos de su posición en temas de portabilidad para afectar a sus competidores”. Remata, además, que con la llegada de la nueva tecnología 5G las otras empresas corren un riesgo evidente: “Comcel va a sacar rápidamente su red y servicios, y seguramente hará todo lo posible, ya lo ha hecho, para impedir que se conecten las redes de los otros competidores”.

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