Aurora Vergara: “La meta es que en el futuro las familias privilegiadas decidan formar a sus hijos en las escuelas públicas”

La ministra de Educación de Colombia, Aurora Vergara Figueroa (Cali, 36 años), acaba de superar con éxito su primera prueba de fuego en el Congreso de la República. Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la ley estatutaria que declara la educación como un derecho fundamental. “Esta ley será el instrumento normativo que garantice el derecho de educación inicial, básica, media y superior para los campesinos, los indígenas, las víctimas de la violencia, las personas privadas de libertad, las personas en situación de discapacidad, en fin, para todos los colombianos”, dice la ministra en entrevista con EL PAÍS, desde una sala en la Casa de Nariño.

Vergara está sonriente y tranquila. Sabe que el 49% de la ciudadanía considera que la calidad y el cubrimiento de la educación en Colombia está mejorando, frente al 39% que cree que va mal, según la última encuesta Invamer. Viste pantalón negro, camisa blanca, aretes dorados y un turbante beige que le ilumina el rostro. Tiene pregrado, maestría y doctorado en Sociología. Antes de entrar al Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez era profesora de la Universidad Icesi, en Cali, donde creó el Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Vergara lleva en su mochila el libro Cartas a un nuevo ministro de Educación, de Fernando M. Reimers, director de la maestría en Política Educativa de la Universidad de Harvard. “En el libro explican que los principales aliados de un ministro de Educación deben ser el presidente de la República y el ministro de Hacienda. En este momento nos está yendo muy bien con los dos porque tenemos un respaldo financiero y político para transformar la educación en Colombia”.

Pregunta. ¿Cuáles han sido los principales avances del Ministerio durante este año que culmina?

Respuesta. Hemos tenido dos: el primero es la asignación del presupuesto más alto de la historia para la cartera. En 2022, fueron 49 billones; en 2023 subieron a 57 billones; y ahora comenzamos 2024 con 70 billones de pesos. Eso demuestra que la educación es el centro de prioridades del Gobierno de Petro. El segundo avance es el aumento de la cobertura en educación superior. El objetivo en estos cuatro años es pasar del 53% al 62%. Ya logramos la meta de este año que era crear 52.000 nuevos cupos para educación superior, un aumento del 1%.

P. Aunque sea el presupuesto más alto, casi todo se va en funcionamiento, en pagar los sueldos de los profesores, en sobrevivir; muy poco en inversión...

R. Sí, pero eso no es un problema. El funcionamiento no son costos hundidos, sino que es la garantía de una nómina de maestros con condiciones dignas y de unas universidades con bases presupuestales fuertes. La nómina del Ministerio es de más de 320.000 personas, porque todos los docentes hacen parte de él. Hay que invertir en ellos para que mejore la calidad de la educación. Los maestros de Colombia van a tener mejores salarios. Necesitamos que vivan en condiciones de dignidad y que la profesión se vuelva atractiva, que las mejores mentes del país enseñen a las generaciones del futuro. En inversión logramos crecer por encima del 14% para fortalecer la infraestructura educativa.

P. La baja calidad de los maestros es uno de los principales problemas de la educación en Colombia, ¿cómo mejorarla?

R. Históricamente sí han ingresado las personas con los puntajes más bajos en las pruebas Saber a los programas de licenciatura. Por eso estamos trabajando con las universidades públicas y privadas como Los Andes, la Javeriana, Eafit, la Nacional y muchas otras, en el programa Poder pedagógico, para que 25.000 maestros y maestras tengan la posibilidad de formarse con altísima calidad.

P. ¿Cómo ha sido el trabajo con las universidades privadas?

R. Para un Gobierno progresista como este es muy importante mandarle el mensaje al país de que no estamos poniendo en riesgo el sistema mixto. En la práctica hemos logrado una conversación, una alianza, entre instituciones públicas y privadas para formar a nuevos docentes. Es un mensaje esperanzador.

P. ¿Cómo está su relación con el presidente Petro?

R. El presidente siempre revisa que la promesa de mejorar la educación se materialice en el presupuesto. En el libro Cartas a un ministro de Educación explican que nuestros principales aliados deben ser el presidente de la República y el ministro de Hacienda. En este momento nos está yendo muy bien con los dos porque tenemos un respaldo financiero y político para transformar la educación en Colombia.

P. Esa transformación por las dos grandes reformas que prometió el presidente. La primera, declarar la educación como derecho fundamental, superó el primer debate en el Congreso ¿Por qué es importante?

R. Es una ley estatutaria que busca garantizar el derecho fundamental a la educación. Ya tenemos una ley así en salud, estamos en deuda con la educación. Nos estamos poniendo al día, enderezando las columnas de una casa, poniendo los cimientos del sistema. Esta ley recoge todos los avances normativos, desde la Constitución de 1991 hasta el 2023, y organiza en pocos artículos más de 300 sentencias de la Corte Constitucional. Será el instrumento normativo que garantice el derecho fundamental de educación inicial, básica, media y superior para los campesinos, los indígenas, las víctimas de la violencia, las personas privadas de libertad, las personas en situación de discapacidad, para todos los colombianos. Finalmente, el país toma la decisión de organizar el sistema de educación.

P. Se ha dicho que esta reforma es como un “saludo a la bandera” y que en la práctica no cambia las cosas...

R. El argumento de que la ley estatutaria es un saludo a la bandera es un argumento privilegiado, de familias a las que la educación siempre les ha funcionado porque la pueden pagar. En realidad, que la educación sea un derecho fundamental ayudaría, por ejemplo, a mejorar la calidad de las escuelas públicas frente a las privadas. Esto sería una profunda transformación. En el libro La quinta puerta, Mauricio García Villegas, Leopoldo Fergusson y Juan Camilo Cárdenas afirman que si los gobiernos lograran hacer de la educación pública un servicio lo suficientemente bueno para que las familias más privilegiadas lleven allí a sus hijos, se mejoraría de manera estructural el sistema. Si la sociedad no presiona a la escuela pública para que pueda formar incluso a la más privilegiada de las familias, no logramos que el sistema avance.

P. ¿Está de acuerdo con esa idea?

R. Por supuesto que sí. La meta es que en el futuro todas las familias privilegiadas decidan formar a sus hijos en las escuelas públicas, como pasa en países de Europa. Esta ley estatutaria organiza el sistema y dice, por ejemplo, que vamos a garantizar la educación en zonas rurales. En el sistema público los niños y las niñas no están la misma cantidad de horas en el colegio que en el sistema privado. Las pruebas Pisa demuestran que los países a los que les fue mejor son los que tienen a los niños más horas en el salón de clase con contenidos específicos. Por eso planteamos una formación integral que permita que la jornada extendida sea una realidad en los colegios públicos, potenciando la formación en arte, deporte y programación.

P. La desigualdad en la educación es otro de los problemas más complejos, ¿qué están haciendo para reducir brechas?

R. Una de las principales brechas educativas es el acceso a la educación, en todos los niveles de formación, desde el jardín infantil hasta la universidad. La OCDE establece que un país debería tener su tasa de cobertura de educación superior por encima del 70%. Con el dinero que tenemos disponible, podríamos llevar esa hasta el 60% o 62%, si todo funciona bien. Pero esa meta global oculta unas profundas desigualdades; por ejemplo, en el Vaupés la tasa de cobertura es del 2% y no ha cambiado en los últimos años.

P. ¿Qué están haciendo para cambiarlo?

R. Universidad en tu territorio es la gran política educativa para mitigar las brechas y desigualdades en educación superior, aumentando la cobertura y potenciando la infraestructura educativa. Estamos llevando universidades a zonas como Vaupés, La Guajira, Arauca, Nariño y Chocó, que tienen muy pocas. Reservamos un billón de pesos para construir esa infraestructura de educación básica y superior.

P. ¿Eso implica un cambio de enfoque frente a políticas anteriores, como Ser pilo paga?

R. Es un cambio de enfoque y también es un fortalecimiento de los procesos del pasado. Tenemos que construir sobre lo que ya existe. Los aprendizajes del pasado generan nuevas rutas de conocimiento. Acá se cambia la relación del estudiante que sale a buscar la universidad en medio de múltiples retos socioeconómicos, para acercar la universidad al territorio y al colegio. Queremos que los jóvenes del Vaupés no tengan que ir a la universidad a Bogotá, sino que la universidad vaya hasta el Vaupés. Es un cambio fundamental que es una realidad hace décadas en muchos países como Francia y Estados Unidos. Los entornos rurales dispersos también merecen una infraestructura digna de educación superior.

P. La otra gran reforma es a ley 30, que el Gobierno presentará ante el Congreso el próximo semestre, ¿en qué consiste?

R. Este proyecto está en su segunda versión, vamos a avanzar en un gran diálogo nacional antes de presentarlo. El liderazgo que he ejercido como ministra implica construir consensos y acuerdos. No queremos que esta reforma genere confrontación entre sectores, sino una visión de futuro conjunta para seguir fortaleciendo el financiamiento y el bienestar en la educación superior. Queremos que la universidad sea un lugar amigable, donde la gente pueda encontrar felicidad y pueda consolidar sus proyectos de vida.

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