Petro apela a la estrechez económica para congelar los recursos del metro de Bogotá en 2025

Las obras de la línea 1 del Metro de Bogotá, que unirá en un recorrido con forma de herradura al sur occidente con el centro financiero, han sufrido un inesperado traspié. El Ministerio de Hacienda ha publicado un decreto donde da cuenta de la suspensión a las subvenciones oficiales proyectadas para las principales ciudades en 2025. Entre las afectadas se halla la capital, que contaba con 770.000 millones de pesos de esa partida a fin de pagar las vigencias futuras de la mayor obra de ingeniería en el sector de transporte en la historia del país: el esperado metro capitalino. El Ejecutivo, responsable del 70% de los aportes para el desarrollo de la mega estructura, ha sustentado el recorte en los problemas fiscales que atraviesa.

Alcaldes y políticos de diferentes facciones coinciden, sin embargo, en que la decisión está revestida por cierto tufo de revancha. Los hechos se remiten al hundimiento, en diciembre del año pasado, de la ley de financiamiento presentada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso. Un revés legislativo con el que el Ejecutivo buscaba vías alternas a fin de recoger 12 billones de pesos adicionales para cubrir un faltante en el presupuesto general ya aprobado. Ahora, en un plan de austeridad repentino, el Gobierno ha anunciado un tijeretazo a las cuentas públicas por los mismos 12 billones denegados hace un mes en el parlamento.

El documento del Ministerio de Hacienda, sancionado el pasado 24 de enero, detalla que de los 523 billones ya aprobados, el monto en cuestión dependía del naufragado proyecto de ley. La cartera calcula, además, que las metas de recaudo para 2025 serían inferiores a los gastos públicos. Por eso, apuntala, el Ejecutivo no está en condiciones de ensanchar sus obligaciones fiscales. De cualquier modo, dos renglones sobresalen al revisar cada uno de los múltiples sectores damnificados por el apretón: la construcción del metro ligero de la 80 en Medellín y la obra del primer tramo de la línea 1 del de Bogotá.

Todo esto a costas de posibles demandas contra el Estado: “Lo normal, cuando se firman contratos y convenios con vigencias futuras, es que el manejo de los fondos se vuelve bastante inflexible. Funciona como una garantía de que los recursos están asegurados para los ejecutores de los proyectos”, opina el ingeniero experto en movilidad Darío Hidalgo. En este punto saltan los desencuentros políticos del presidente Petro con los dos alcaldes de las mayores ciudades del país: el liberal Carlos Fernando Galán, de Bogotá, y el conservador Federico Gutiérrez, de Medellín. Y el peso de esa enemistad sobre la priorización del Gobierno en todo este asunto.

“Esta es una forma de hacer presión con un aspecto financiero. Bogotá es la que más necesita plata. Pero la realidad, si uno deja de lado el pulso político, es que no hay recursos para todo el mundo. Esa es la situación fiscal del país. Todas las ciudades necesitan financiación, y en medio de esa pelea, los sistemas de transporte masivo han crecido porque los planes de las ciudades son más ambiciosos y todo se vuelve más difícil a la hora de asignar las partidas”, argumenta el psicólogo especializado en urbanismo Carlos Felipe Pardo.

Es bastante probable que la incapacidad oficial para hacer frente a los agobios de caja haya atizado el desquite político. El Gobierno ya no oculta que el déficit supone uno de los más serios desafíos para el año y medio que le queda en el poder. Y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de hecho, advirtió el martes de que el descuadre en las cuentas de Hacienda habría superado el tope establecido por el organismo encargado de vigilar la sostenibilidad presupuestal en 21 billones de pesos. La pregunta que queda en el aire es si, de los rubros damnificados, no habría podido buscar alternativas menos riesgosas.

De ahí que Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá por el centrista Partido Verde, esté preparando una demanda contra el decreto: “Hay una vulneración de principios Constitucionales. De planeación y de sostenibilidad fiscal. Los aplazamientos retrasan, sin justificación, la financiación de proyectos de inversión con un impacto directo en el interés general y, en particular, en sectores estratégicos para el desarrollo nacional”, afirma la congresista. Y remata a través de un mensaje de voz en WhatsApp: “Nuestro ordenamiento jurídico está orientado a evitar cualquier uso del poder público en función de intereses subjetivos o partidistas”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró el martes que el incumplimiento tendrá que ser asumido por la ciudadanía a través del cobro de impuestos: “Me parece grave que el Gobierno Nacional y la Nación pongan en entredicho su propia palabra”. Entre tanto, Federico Gutiérrez desfogó su decepción con una publicación en su cuenta de X: “Qué pesadilla. Petro castiga a Medellín y a Antioquia una vez más. Venganza política. No nos perdona que no nos quedemos callados frente a la desfachatez. Por medio de este Decreto deja sin recursos a Medellín para el proyecto del Metro de la 80, que ya tiene avance de obra del 29,35%”.

Con esta decisión, agregó el alcalde de la segunda ciudad por tamaño, se abre un hueco de casi un billón de pesos en la financiación del corredor para una suerte de tren ligero. “¿Por qué no exploraron otras posibilidades”, argumenta Hidalgo, “el Gobierno dejó de ejecutar el año pasado 39 billones de pesos. Se habría podido solucionar por esa vía. O, podríamos redireccionar los 10.6 billones que gastamos en subsidiar el combustible fósil que el Gobierno dice que quiere acabar”. Llámese como se llame el gobernante de turno, finaliza Hidalgo, el Estado debe honrar sin falta los contratos. “Ahora bien, el alcalde Galán ya había considerado aplazar las vigencias futuras para las obras de la calle 13. Lo que le molestó es que se le adelantaron con un decreto en el cual no hubo conversación con el Gobierno”.