‘¿Plomo es lo que viene?’ Un balance a dos años de la paz total

“Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”, dijo en 2019 un simpatizante de la derecha cuando se cerró la negociación de paz entre la guerrilla del ELN y el Gobierno de Iván Duque. Plomo es lo que hubo. La de Duque fue la única presidencia en cuatro décadas que no abrió ni una mesa de negociación y que priorizó la guerra. Pero los armados no desaparecieron. Gustavo Petro, el exguerrillero que entró a la política en los noventa tras una negociación de paz, fue elegido en 2022 con una propuesta de “paz total”: mesas de diálogos con todas las guerrillas, reconociendo su estatus político; y con las bandas criminales, buscando caminos para su sometimiento a la justicia.

Dos años han pasado, la paz total ha vivido más crisis que éxitos, y el mandatario habla menos de ser el presidente de la paz. ¿Plomo es lo que viene? es el título que Pares, una oenegé que le hace un seguimiento cuidadoso a esa política de paz, escogió para el libro que publica este mes con Random House. Se trata de un balance, hecho por 17 investigadores, de lo ocurrido en dos años largos de paz total, y que señala los retos para que Colombia no sea más un país de plomo. Estas son cuatro de sus conclusiones.

La paz total no contiene la violencia: aumentan la extorsión y el secuestro

La pregunta del millón cuando se habla de la paz total es si esta política pública ha logrado disminuir la violencia o si, por el contrario, la ha aumentado. “La respuesta corta es no”, dice el libro. “Sin embargo, sí lo hicieron la presencia y la capacidad de control de grupos armados″. Desde que, con Iván Duque, el Estado prometió plomo, han aumentado el reclutamiento de menores, la extorsión en zonas urbanas, la expansión de economías ilícitas. La guerra que aumentó durante la era Duque no ha cambiado con Petro: “la política de paz total ha resultado insuficiente para contener la violencia ejercida entre los grupos armados”, explica el libro.

Los investigadores matizan que sí ha traído algunos alivios parciales: menos acciones armadas del ELN contra el Ejército, por ejemplo, o una disminución de accidentes por minas antipersonas, porque “hubo más facilidades para el ingreso de personal humanitario a territorios de alta conflictividad”. Pero la tasa de homicidios en las zonas donde hay varios actores armados, como en el departamento del Cauca o el noreste de Antioquia, se mantiene muy alta. “En casos como el de Corinto, Cauca, la tasa de homicidio intencional es ocho veces la tasa nacional”, dice el informe. En esa misma zona del norte del Cauca, el desplazamiento se ha incrementado en 1,951% entre 2022 y 2024. Pero la cifra más dramática, a nivel nacional, es la del secuestro extorsivo. “2023 presentó la cifra más alta de los últimos ocho años”, dice el libro. Se registraron 338 secuestros, frente a 223 en 2022. Las cifras de 2024 no se conocen aún.

La paz total abrió nueve diálogos pero le falta una hoja de ruta clara

Hasta el momento, el Gobierno ha abierto nueve mesas de diálogo. Varios capítulos del libro se preguntan si, en los dos años que le quedan, creará un documento “que le dé forma” a la Ley de Paz Total que aprobó el Congreso en noviembre del 2022 y dio el marco para esos diálogos, porque hasta ahora no estableció una hoja de ruta. “En definitiva, no es fácil percibir un plan claro”, dice Pares.

La política ha estado en cabeza de dos comisionados de paz, Danilo Rueda y Otty Patiño, con enfoques distintos; cuatro ceses al fuego que no han prosperado. Luego está la complejidad de negociar o no con las disidencias de las disidencias, como el Frente Comuneros del Sur (disidencia del ELN) o las tres facciones del Estado Mayor Central. “La oficina de Alto Comisionado ha priorizado y mantenido relaciones muy dispares con las distintas mesas y frentes de trabajo”, dice el libro. Patiño, por ejemplo, no logró “poner a andar la paz urbana”, los diálogos con bandas criminales de Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá, y priorizó las negociaciones con el ELN y las disidencias. También con el Clan del Golfo pese a que este grupo comparte con las bandas urbanas el limbo jurídico para su posible desmovilización.

El Gobierno logró, sin embargo, mantener a flote la mesa con el ELN, el principal logro de la paz total: completar siete ciclos de negociaciones, lo más lejos que ha llegado el Estado en décadas de charlas con esta guerrilla.

Sin freno al poder del Clan del Golfo, el más poderoso de los grupos armados

El tercer capítulo del libro describe al Clan del Golfo como “un holding criminal”, una empresa que controla otras compañías y así decide sobre estas sin encargarse de su día a día. Este grupo criminal, explica Pares, “gestiona y coordina diversos grupos delincuenciales” más pequeños, que llevan a cabo las actividades ilegales. Así se han logrado expandir a casi toda la costa Caribe, el Urabá Antioqueño, los Llanos orientales y departamentos del suroccidente como Huila y Tolima: unos 316 de los 1.104 municipios del país, en 24 de sus 32 departamentos. El Clan del Golfo, explica el libro, extendió en 2024 su presencia a otro 17% del territorio nacional; puede sumar unos 5.000 integrantes, 1.500 más que en 2023. El holding ha logrado así aumentar actividades ilegales como la comercialización de droga, la minería ilegal, la extorsión o el tráfico de personas en la frontera con Panamá. La paz total no ha frenado esa expansión, la mayor cuando todos los grupos armados se han expandido en los últimos años.

Aunque el Gobierno ofreció un cese al fuego al Clan el primero de enero del 2023, no delineó cómo protegería a la sociedad civil durante esa tregua, que suspendió en marzo de ese año tras ataques del Clan en el Bajo Cauca antioqueño. “Aún no hay estipulada una base jurídica” para vincular el Clan a la paz total, explica el libro, recordando que el Gobierno no le reconoce un estatus político. Y si en agosto pasado se abrió una mesa oficial de diálogo, el Gobierno recientemente excluyó a tres de sus seis delegados, incluyendo al comandante Chiquito Malo, lo que dejó las negociaciones en suspenso.

A la paz total urbana le va mejor en Medellín que en Quibdó

El Gobierno ha abierto mesas de diálogo con grupos criminales en tres ciudades. En Medellín y su zona urbana, el Valle de Aburrá, está “uno de los escenarios de diálogo más estables que actualmente tiene el Gobierno”. Esto porque las 14 bandas que participan están en tregua entre sí, lo que ha permitido una “reducción del 27% en los homicidios asociados a estos grupos”. Sin embargo, estos siguen sin salidas jurídicas viables para someterse a la justicia, la extorsión ha aumentado un 20,1%, y el secuestro un 83,3%.

En Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, inicialmente hubo una disminución de los homicidios, gracias a una tregua entre Espartanos y Shottas. Pero los homicidios han aumentado considerablemente cuando la mesa ha tenido crisis: en abril de 2023 fue asesinado Súper, vocero de los Shottas, y hubo 68 homicidios en cuatro meses, en contraste con 50 en los ocho meses anteriores. Los dos grupos han vuelto a hacer treguas, pero enfrentan crisis periódicas cada par de meses y carecen de un piso jurídico para salir de la violencia. Por ello, insiste el libro, “se sigue construyendo una paz difusa”.

En Quibdó, capital del departamento del Chocó, explican los investigadores, es donde menos se ven avances: el proceso se ha desarrollado con profundo hermetismo, sin presencia de la Gobernación ni de la sociedad civil. Las tres bandas que dialogan—Los Locos Yam, Los Mexicanos y los Zetas—no tienen una tregua y el Clan del Golfo, ha dicho Patiño, busca expandirse a la única capital en el Pacífico. La paz total, allí, suena muy lejos.