La América, la antigua finca de paramilitares que se disputan campesinos y ganaderos en el noreste de Colombia

Una poderosa familia de ganaderos del noreste de Colombia, los Rodríguez, fue obligada hace unas semanas a irse de La América. Entregaron al Gobierno de Gustavo Petro y a unos 600 campesinos esta finca de casi 1.500 hectáreas, antiguamente un símbolo del poderío paramilitar en el departamento del Cesar. Ahora, ya casi no quedan vacas y la mayor parte de la tierra se ve desnuda, inhóspita. Ni siquiera hay surtidores de agua para regar el pasto; los trabajadores de los Rodríguez se los llevaron o los rompieron. La actividad se concentra en un conjunto de ranchos improvisados alrededor de la casona principal, donde cuelga una bandera del Coordinador Nacional Agrario, la organización que lidera el proceso. Allí, entre ollas comunales y huertas, un centenar de campesinos comienza a construir el futuro de La América: planean convertirla en una tierra de yucas, plátanos, naranjos y sandías.

El predio tiene un fuerte valor simbólico para el Gobierno nacional porque el jefe de la familia que lo usufructuaba, Hugues Rodríguez o Comandante Barbie, está condenado por promover el paramilitarismo. Para el Ejecutivo, la hacienda es un caso contundente de un gran patrón criminal en investigación: sospecha que al menos 100.000 hectáreas de tierras que fueron de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no fueron entregadas a sus víctimas tras la desmovilización del grupo a comienzos de siglo, sino que se usaron subterfugios legales para mantenerlas en manos de sus antiguos integrantes o de sus aliados. La América estaba bajo el control de Rodríguez pese a que un tribunal se la otorgó en 2023 al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Jorge Regalado, un líder campesino de 38 años, explica en la entrada de la casona principal que la idea es distribuir la finca entre 140 familias de ocho asociaciones de la zona. Será similar a otros proyectos que maneja la Comisión por la Vida Digna y los Territorios en el sur del Cesar: tendrá una titulación colectiva y cada beneficiario recibirá unas 10 hectáreas para sus propios cultivos. De momento, Regalado y otros líderes de predios cercanos evalúan a unos 250 candidatos que se turnan para custodiar La América y preparar un cultivo comunitario para los meses de transición. Los aspirantes deben demostrar que necesitan la tierra, que no serán un problema para los demás y que están comprometidos con el proyecto —no pueden, por ejemplo, ausentarse por largos periodos o pagarle a otros para que cumplan sus turnos—.

La gran diferencia frente a otros casos es que esta vez el Ejecutivo está del lado de los campesinos. Las asociaciones ingresaron el 22 de noviembre con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que compró la finca al Fondo de Víctimas y se encuentra en proceso de formalizar la titulación. “Las familias vienen más confiadas porque el Gobierno tiene los ojos puestos [ante una posible reacción de los ganaderos]”, señala Regalado. Según él, fue “más duro” el caso de La Oficina, una finca colindante y que ocuparon en 2021, durante la Administración del conservador Iván Duque. “Entonces, tomamos la decisión de entrar ‘arbitrariamente’, como dicen [quienes se oponen]. Nos metieron a la policía, hubo desalojos y nos mataron a algunos. Fue bravo”, explica.

El proceso en La América, sin embargo, no está exento de obstáculos. Los campesinos denuncian que recibieron amenazas y que en los primeros días vieron grupos de encapuchados en las inmediaciones. Los Rodríguez han interpuesto una demanda para recuperar el control del predio y el alcalde de Chimichagua, José David Rocha, enfatiza que la propiedad aparece en los papeles a nombre de la familia ganadera. La incertidumbre está latente entre los campesinos, pese a que la ANT asegura que una sentencia favorable para Los Rodríguez implicará una compensación económica y no la entrega del predio. “El temor es que haya un fallo, ganen ellos y nos toque desalojar”, dice Sandra Herrera, integrante de la guardia campesina que vigila la finca.

El deseo de tener naranjos

Los alrededores de la casona principal están repletos de movimiento a mediados de diciembre. Oscar Gómez y Emery Chamorro montan los cimientos de un nuevo rancho. “Mucha gente del pueblo nos dice que qué hacemos metidos, que estamos locos. Pero confiamos en Dios y en que esto nos dé un pedacito de tierra”, comentan. Después, mientras anochece, los más jóvenes juegan un partido de fútbol en una cancha improvisada. María Isabel Acosta, a unos metros, resume por qué están todos ahí: “Cultivamos en tierra ajena, de vecinos que nos prestan. Pero no puedes hacer los cultivos que quieras, solo plátano, yuca, maíz. Nada de palo de raíces”. Ella y sus compañeros quieren tener cultivos de largo plazo, como los naranjos.

Víctor Torres es uno de los que viene a apoyar desde La Oficina, que lleva tres años en manos de los campesinos. Cuenta que él era trabajador de esa finca y que sus labores consistían en tumbar árboles y adecuar la tierra para que pastaran las vacas. No tenía un sueldo y su única retribución era el uso de una parcela donde sembrar. “Vivíamos en el pueblo y no querían que nos asentáramos en la finca. Quemaban los ranchos cada tanto y solo nos dejaban sembrar cosas rápidas, como yuca y maíz. Ni siquiera plátano porque es más estable y genera posesión”, relata mientras descansa en una hamaca. Ahora, como asociado, tiene una parcela de 10 hectáreas en la que incluso siembra melones y aspira a criar pescados y marranos.

El campesino, de 31 años, no oculta su enojo con la desigualdad de una zona históricamente repleta de enormes fincas y campesinos sin tierra. Recuerda que sus antiguos patrones una vez le avisaron con apenas unas horas de antelación que debía cercar su parcela porque traerían ganado. No alcanzó a comprar un alambre para hacerlo y, a la mañana siguiente, vio que los animales se habían comido sus cultivos de maíz de varias semanas. “Como no era nuestra tierra, no podíamos hacer nada”, afirma. Más tarde, desde una moto señala un enorme predio ganadero en la vía al pueblo de Chimichagua. “En tres hectáreas cultivadas consigo más comida que ellos en 1.300. Teniendo toda esta tierra, tienen que ir a comprar yuca al pueblo”.

Narelcy Ramos, de 48 años, es la que más se apasiona con la identidad campesina y con haber rebautizado a la finca como Nuestra América, en referencia al ensayo del independentista cubano José Martí. “La idea es cuidar la tierra, no contaminarla como hace la ganadería intensiva. No permitimos palma”, enuncia. Para ella, el objetivo debe ser “una vida digna”, y no las ambiciones de riqueza. “Si tengo inmensidad, como 80 o 100 vacas, ya no sería campesina, sino ganadera”, añade. Es amable, pero deja en claro que puede ser muy severa en imponer disciplina a los candidatos a recibir parcelas: “Estamos visualizando, analizando, mirando. Si alguien se aburre y quiere vender, es que no tiene vocación, aunque diga ser campesino. Es expulsado”.

La tensión entre políticos

A unos 25 kilómetros de La América está la Alcaldía de Chimichagua. Allí, un martes al mediodía, una decena de habitantes espera su turno para hablar con el alcalde Rocha, que acaba de llegar a su despacho. Una campesina cuenta que viene a pedirle ayuda con unos arreglos para su casa. Al preguntarle sobre La América, relata: “Era de un señor con mucha plata. Cuando murió [baja la voz]... la compraron los paracos”. Agrega que su sobrino estuvo ahí unas semanas, hace poco, pero luego “le metieron miedo de que se iban a meter los paracos de nuevo” y se salió. “Ayer lo llamé porque escuché en la radio que ya se está arreglando el problema, pero me dijo que no quiere volver”, apunta.

Minutos después, en su despacho, el alcalde comenta que desconoce la compra de La América de parte de la ANT. “No soy juez ni fiscal, pero soy pragmático y creo en lo que veo”, señala en referencia a los documentos oficiales de la Superintendencia de Notariado que tiene en su escritorio y que muestran a Inversiones Rodríguez Fuentes, de los Rodríguez, como la propietaria. “Me ataño a lo que dice la ley: usted es dueño de algo cuando está registrado. Sé lo que viene a futuro y me estoy evitando un problema. Cuando un juez me diga que desaloje a los campesinos, voy a llamar a la ANT para que lo hagan ellos. Yo jamás levantaré mi mano contra un campesino engañado”, agrega.

La tensión es evidente. El director de la ANT, Felipe Harman, desestimó en una rueda de prensa a principios de diciembre el argumento de que la propiedad aún aparezca registrada a nombre de la empresa ganadera. Respondió que la ANT ya la compró, que tiene derechos de manera provisional y que formalizar el cambio de dueño es solo un asunto burocrático que se resolverá pronto. “La América es una de las compras más seguras de la ANT, no es una entrega simbólica”, remarcó. Asimismo, acusó a Rocha de haber obstaculizado el desalojo de los Rodríguez y de ser parte de una élite local que blinda los intereses de los ganaderos. “Tocar a La América fue tocar a una parte integral del Cesar”, dijo.

Rocha afirma que Harman es “un loco” que utiliza el asunto como “discurso” y niega que Rodríguez haya sido paramilitar —fue condenado por haber promovido a las AUC—. También asegura que no es víctima de presiones de antiguos paramilitares y que no tiene afinidades con ellos. “Estoy apoyando a los campesinos con maquinaria [para adaptar la tierra a los nuevos cultivos]. No les he vulnerado ningún derecho, no he desalojado a nadie”, comenta. Enfatiza, además, que está amenazado por grupos ilegales. Para ilustrarlo, saca una pistola de su cinturón y la deja sobre su escritorio durante el resto de la entrevista. “Ando todo el tiempo así”, dice. Consultado por la distribución inequitativa de la tierra en el municipio, responde que “la desigualdad es inherente a todo ser vivo”.

La incertidumbre

Los intentos de promover una reforma agraria en Colombia, como los de los gobiernos de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), muestran que el gran desafío es la sostenibilidad a largo plazo. Los avances fueron contrarrestados por más despojos o por la venta de tierras de campesinos a grandes propietarios: la falta de inversión y de bienes públicos adecuados, como vías o regadíos, hizo que los predios fueran poco rentables y que sus dueños quedaran endeudados. Por ello, entre los líderes campesinos hay preocupación de que esa historia se repita. Jhon Prieto, uno de los que encabeza el trabajo colectivo en La Oficina, pide más recursos, maquinaria, fertilizantes, sistemas de riego y asesoramiento técnico. “Le dijimos a Felipe [Harman]: ‘Si la inversión no es inmediata, la reforma agraria no va a ser eficaz’. Las voluntades existen, pero es un Gobierno muy joven”, comenta.

Para Prieto, que vive provisoriamente en la casona principal de La América porque su esposa está embarazada, son preocupantes las narrativas de que la ganadería es más rentable que la agricultura. Por eso, busca atraer a más jóvenes que hagan sostenibles las fincas agrícolas. Señala, además, que deben gran parte de los avances al Ejecutivo nacional, que no pueden contar con los políticos locales y que deben prepararse ante un cambio de Gobierno en 2026. Por ello, cuenta, fortalecerán la guardia campesina y solo repartirán las parcelas cuando haya una titulación definitiva. La gran pregunta, mientras tanto, es cómo asegurarse de elegir bien a quienes se queden en La América: dice que pueden infiltrarse personas que “venden vicio” y producirles un estigma a todos.

Pero, por ahora, hay lugar para el optimismo. Los campesinos están contentos de que la tensión amainara en los últimos días y perciben menos riesgos. Saben que los Rodríguez no pueden enfocarse solo en La América —tienen otras fincas en la mira de la ANT—. Creen, además, que han tenido éxito en mostrar su fuerza a los ganaderos: organizaron, antes de que se fueran los Rodríguez, todo tipo de jornadas a las que invitaron a centenares de campesinos. Disfrutan, sobre todo, de recordar cómo a principios de mes pasaron noches enteras con música campesina a todo volumen, como forma de vengarse de un familiar de Hughes Rodríguez que todavía habitaba la casona principal. “Me hacen un daño psicológico”, cuentan que él les decía.