La reforma agraria sigue estancada pese a la voluntad política de Petro

Aunque el presidente Gustavo Petro haya tenido por muchos años la bandera de la reforma agraria cerca a su corazón político, y como mandatario designó el presupuesto más alto de la historia para cumplir su sueño —9,2 billones de pesos al Ministerio de Agricultura, de los cuales tres billones son para la adquisición de predios—, esta bandera sigue siendo una de sus promesas pendientes.

Colombia es el país con la mayor tasa de concentración de la propiedad de la tierra en América Latina. Solo el 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% del total de hectáreas productivas, según el más reciente análisis de Oxfam. Esa concentración, una de las causas de la desigualdad y de la pobreza, ha sido además un motor del conflicto armado, que en los últimos 50 años ha generado más de 250.000 muertos. Por eso, el primer punto del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016 fue la reforma rural integral. Allí se estableció un horizonte de acción en el que el Estado acordó formalizar siete millones de hectáreas y comprar tres millones de hectáreas fértiles para repartir entre campesinos sin tierra. El presidente Gustavo Petro llegó al poder con el objetivo de cumplir ese acuerdo. Su principal promesa de campaña, además de las reformas a la salud, laboral y de pensiones, fue la reforma agraria. Pero esta última no necesitaba ser aprobada por el Congreso y se podía comenzar a implementar de inmediato con voluntad política y presupuesto. El presupuesto existe, la voluntad también. Y, a pesar de eso, la reforma agraria sigue estancada.

Al principio del Gobierno, por ejemplo, Petro logró un acuerdo histórico con la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan) para la compra y venta voluntaria de las tres millones de hectáreas acordadas con las FARC. El presidente, sin embargo, reconoció muy temprano que lograrlo en cuatro años iba a ser imposible y estableció una meta más viable: 1,5 millones de hectáreas. Desafortunadamente, el avance real de ese compromiso ha sido mucho más lento de lo esperado. Hoy en día, después de dos años de Gobierno, solo se han comprado 112.000 hectáreas de tierra, menos del 10% de la meta. De esas se han entregado a los campesinos nada más 86.000 hectáreas, según datos entregados esta semana por la saliente ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en entrevista en Blu Radio.

La formalización de predios tampoco ha avanzado a la velocidad requerida. La Agencia Nacional de Tierras afirma que se han formalizado 1.101.680 hectáreas, de las cuales 800.000 iniciaron el proceso en gobiernos anteriores y solo 200.000 en el Gobierno de Petro. El ministerio de Agricultura dice que son muchas menos, realmente, las formalizadas.

El presidente es consiente de que su reforma agraria está estancada y de que los movimientos campesinos, indígenas y afros que lo apoyaron están insatisfechos con los resultados. De hecho, la Asociación Nacional Usuarios Campesinos (ANUC) y otras organizaciones sociales habían anunciado una movilización para el próximo fin de semana en protesta por el bajo cumplimiento y la mala calidad de las tierras entregadas. Este martes, el presidente Petro se adelantó a las marchas y anunció cambios en la cartera de agricultura.

La nueva ministra será Martha Carvajalino Villegas, quien de junio de 2023 a enero de 2024 se desempeñó como viceministra de Desarrollo Rural. La principal misión de Carvajalino, una abogada, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con más de 17 años en temas agrarios y ambientales, será agilizar la compra y la formalización de tierras.

Para poder alcanzar el objetivo en dos años que le quedan al presidente, la nueva ministra debe trabajar de la mano de la Agencia Nacional de Tierras, ahora en cabeza del exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman, para acelerar los procesos de compra de tierras. La meta para este año es obtener al menos 500.000 hectáreas y poder llegar al millón restante durante 2025 y 2026. La estrategia para lograrlo está clara: las compras deben concentrarse en fincas con grandes extensiones de tierra fértil, ubicadas principalmente en la Costa Caribe y en el Magdalena Medio. La ministra saliente explicó esta semana que ya hay un plan de priorización de 200 propiedades de grandes terratenientes. Además de la compra voluntaria, el Gobierno también espera contar con cientos de miles de hectáreas devueltas por los paramilitares que hoy administra la Unidad de Reparación de Víctimas, y con las tierras incautadas a la mafia que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Otra acción urgente para cumplir la reforma agraria es avanzar en el acuerdo con los ganaderos. Según un artículo del diario El Tiempo, a corte del 2 de julio los afiliados a Fedegan han hecho 1.412 ofertas por una extensión de 599.876 hectáreas, pero el Gobierno solo ha comprado 33 predios por una extensión de 10.328 hectáreas. “El Meta es el departamento donde más se han adquirido (6.617 hectáreas), seguido de Vichada (1.109)”, dice el artículo.

En las últimas dos semanas, el ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras han emprendido “la maratón más grande de entrega de tierras en lo que va del Gobierno”, según el director de la Agencia Nacional de Tierras. El jueves pasado fueron entregadas en eventos simultáneos las primeras de 8.000 hectáreas en Caucasia y Yondó (Antioquia), Chimichagua (Cesar), Ayapel y Pueblo Nuevo (Córdoba), Baraya (Huila) y Fonseca (La Guajira). Durante el evento, la saliente ministra de Agricultura dijo en que la reforma agraria seguía su curso en todas las regiones del país. “Esta reforma no es un invento, ni una utopía, ni mucho menos un capricho del presidente Gustavo Petro. Esta reforma es del campesinado y más que nunca se tiene que hacer”, dijo Mojica.

Con esta “maratón” se completan 23.000 hectáreas entregadas en menos de mes y medio. El nuevo ritmo de compra y entrega de tierras y la llegada de Carvajalino, muy cercana a los movimientos campesinos, podría destrabar la reforma agraria de Petro. Hasta el momento, ni el presidente ni la nueva ministra han abierto la puerta a la expropiación de tierras como una opción para avanzar más rápido en la meta de los tres millones de hectáreas, como teme la oposición. Se mantienen en una reforma agraria que emule el modelo de Corea del Sur, con compras voluntarias a los grandes terratenientes y acuerdos con el sector privado, siempre con el objetivo de generar crecimiento económico y desarrollo social. Tienen dos años más para demostrar si será posible.

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