El Clan del Golfo intimida a la sociedad civil para lavar sus crímenes ambientales

El Clan del Golfo, la mayor organización armada de Colombia, se ha sobresaltado por cómo sus crímenes ambientales han quedado expuestos ante el mundo. El 28 de octubre, El Espectador retomó varias denuncias sobre los enormes daños que la organización criminal produce en las selvas y ríos del Bajo Atrato, al noroccidente del país. El contexto no pudo ser más adverso para los armados: fue en medio de la COP16, la enorme cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad que culminó el 1 de noviembre en Cali. Ante ello, en un intento desesperado por lavar su imagen, el Clan sacó un comunicado para desmentir las denuncias e intimidar a quienes las difundían. “Basta ya de tanta infamia. El mundo debe conocer que nuestra lucha política y social va dirigida a preservar el medio ambiente”, declaró.

El ataque principal fue contra el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una reconocida oenegé de derechos humanos que por décadas ha sido víctima de grupos paramilitares. La razón fue la presentación en la COP16 de Talando la selva y contaminando las aguas, una publicación que luego citó El Espectador. “Se han conocido informes de prensa que reproducen, sin ninguna investigación que lo corrobore, las acusaciones que organizaciones como el CINEP han hecho en contra del EGC [Ejército Gaitanista de Colombia, la autodenominación que utiliza el grupo armado]”, se lee en el comunicado. “Ojo con los informes falsos @CINEP_PPP @Indepaz @leonardonzalez”, añade un mensaje de X que también señala al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y a su director.

El trabajo del CINEP, fundado por la Compañía de Jesús en 1972, detalla cómo las comunidades del Bajo Atrato han perdido una parte importante de su biodiversidad y se han llenado de sustancias tóxicas. Tras dar el contexto histórico de la llegada de los grupos paramilitares de los noventa, señala cómo grupos armados y empresas privadas despojan hoy en día a los campesinos de sus tierras. Según la oenegé, los problemas principales son la deforestación masiva, la minería legal e ilegal, los monocultivos agroindustriales y la cría intensiva de animales. Las menciones explícitas al Clan del Golfo hacen referencia al mercado de la hoja de coca, el taponamiento del río Salaquí y la tala de árboles para abrir rutas migratorias en la selva del Darién.

Las denuncias del CINEP no son las únicas. El 19 de octubre, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un informe en el que recopila los crímenes ambientales del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC. Se refiere a la primera organización como “el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente” desde inicios de 2023, en especial a través de la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles. La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó el 27 de octubre que ha denunciado varias veces los daños que produce el Clan del Golfo en el Bajo Atrato. Una alerta de abril de 2023, por ejemplo, advierte sobre las afectaciones que producen las rutas migratorias que controla el grupo armado.

La organización narcotraficante niega todas estas acusaciones. En su comunicado contra el CINEP, asegura que se opone a la deforestación y que preserva las cuencas hidrográficas porque “el agua es esencial para la vida”. “No aceptamos en nuestros territorios la caza a gran escala que aniquila las especies, además de que hemos adelantado regulaciones a la pesca en los ríos para que haya la menor afectación posible”, afirma. Asimismo, acusa a “pobladores inconscientes” de ser quienes cometen “desafueros”. “Hay que buscar a los verdaderos responsables de tanta degradación ambiental para poder controlar sus acciones y detenerlas”, dice. En otro comunicado, el 2 de noviembre, convoca al Gobierno de Estados Unidos y al colombiano a unirse en “un diálogo constructivo” que incluya la solución de problemas como la deforestación. También pide que la agricultura “se armonice con el cuidado del medio ambiente” y enfatiza que quiere colaborar con esos objetivos.

Diálogos de paz

Semejante disociación entre la realidad y el discurso se enmarca en los diálogos de paz que el Clan del Golfo mantiene desde agosto con el Gobierno de Gustavo Petro. En contraste con la guerrilla del ELN o las disidencias de las extintas FARC, el Estado no le reconoce a este grupo ningún estatus político basado en un ideario de larga data. Lo ve como una organización exclusivamente criminal, sin motivaciones ideológicas. Eso ha dificultado el levantamiento de órdenes de captura contra sus líderes y ha limitado la posibilidad de ilusionarse con beneficios judiciales, como no ser extraditados a Estados Unidos. Es decir, los incentivos de sus líderes para negociar son más bajos que para los grupos a los que se les reconoce un carácter político.

En ese contexto, el medio ambiente se convierte en una temática útil para posicionarse como un actor político, comenta Luis Fernando Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte. “El discurso del marxismo-leninismo ya no te lo compra nadie en el siglo XXI, pero si hablas de cuencas hidrográficas y conservación de especies, te inscribes dentro de los ‘buenos’ en términos políticos”, explica por teléfono. Agrega que el Clan vive un proceso de politización desde hace dos años y ha visto el éxito de otros grupos armados al posicionar su supuesta defensa de las selvas y los ríos —los Comuneros del Sur, por ejemplo, participaron de la COP16—. “En la medida en que defiendes el medio ambiente, te vuelves un actor político y te inscribes en cuestiones globales”, remarca. Fue para intentar sostener esa narrativa que reaccionaron ante el señalamiento en la COP16, que evidenciaba la falsedad de sus argumentos.

Algo similar opina Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y exdirector de diálogo social de la Comisión de la Verdad. “Buscan que el Gobierno les dé un lugar en la paz total”, señala en una llamada telefónica. Sin embargo, no cree que usen el medio ambiente para que se reconozca como su ideario, sino como señal de ser un actor que tiene capacidad de control social y político en un territorio. “Quieren mostrar que pueden hacer lo que otros grupos hacen para regular temas sociales. Dicen que pueden ayudar en el Bajo Atrato con la búsqueda de desaparecidos, con los migrantes y con la defensa del medio ambiente”, subraya.

Para Arias, el comunicado no solo busca lavar la imagen del Clan. Lo describe como “una forma encubierta” de mostrar poder. “Es decir: ‘Te puedo ayudar a solucionar estos temas ambientales si avanzamos en los diálogos’. Eso encaja en la idea del Gobierno de que la paz total no es desmovilizar y firmar acuerdos, sino desatar procesos de transformación territorial que beneficien a la gente”, dice el experto. Según Arias, esto ocurre en medio de tensiones internas respecto al diálogo. “La paciencia está llegando a su límite. Es una forma de algunos líderes de decir: ‘Párame bolas porque en dos o tres meses quizá ya no puedo ayudar”.

Ambos expertos coinciden en que la maniobra contra la oenegé jesuita fue contraproducente para los armados. Trejos señala que la Defensoría del Pueblo, otras organizaciones de derechos humanos, políticos y académicos salieron rápidamente a apoyar al CINEP por “el prestigio que tiene su trabajo”. “El Clan del Golfo pensó que el CINEP era el eslabón más débil de una cadena donde hay varios acusadores. Meterse con El Espectador o la JEP ya era otra cosa”, comenta. Arias, en tanto, se muestra optimista: “Cada vez hay menos permisividad de que actores violentos ataquen a la sociedad civil o justifiquen la violencia”.