La ONU alerta del incremento de los homicidios de defensores del medio ambiente en Colombia

A pocos días del inicio de la cumbre de biodiversidad, la COP16, con sede en Cali, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha alertado del “alto riesgo a la vida y la integridad” de las personas que defienden los derechos a un medioambiente limpio y abogan por la protección de la tierra, en un informe publicado este jueves. Desde 2016 —año de la firma del acuerdo de paz con las FARC— hasta el pasado septiembre, la ONU documentó 248 homicidios de líderes ambientales, de los cuales 44 se registraron en 2023, el año más mortífero del que la oficina tiene registro. Casi todos eran indígenas, afrodescendientes y campesinos, que murieron, principalmente, a manos de grupos armados ilegales.

“Son cifras muy altas y, a nivel global, Colombia sigue registrando una de las tasas más altas de homicidio de personas defensoras del medio ambiente”, señala por videollamada la representante del Alto Comisionado, la peruana Juliette de Rivero, que reclama que “el Estado sea más firme” en la protección de estos líderes.

El informe muestra que la violencia afecta sobre todo a hombres (220 del total), que actúan mayoritariamente en las regiones del Pacífico, Amazonas y el Orinoco. Por departamentos, Cauca, Chocó y Nariño son los principales escenarios de los homicidios, los cuales coinciden con las zonas de más presencia de las disidencias de las FARC y de grupos paramilitares, como el Clan del Golfo. Los fallecidos trabajaban, entre otras reivindicaciones, por la defensa del territorio, el derecho al agua, la agricultura sostenible o denunciaban la contaminación y la minería extractiva en ecosistemas protegidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la Casa de Nariño en 2022 con el objetivo de reducir los asesinatos a líderes sociales. Y aunque la cifra general cayó de 215 a 181 en 2023, según datos de la Defensoría del Pueblo, la situación específica para los defensores ambientales se sigue agravando: los homicidios subieron un 18,9% en un año, según el informe de la ONU.

¿Cómo se explica este fenómeno? De Rivero asegura que hay “un incremento en la violencia y en el control social por parte de los actores armados no estatales”, los cuales atacan a los activistas ambientales porque “llevan a cabo actividades que destruyen el territorio y los ecosistemas para enriquecerse”. “Son estas personas las que más se oponen y más intentan movilizar al Estado para combatirlos”, agrega.

Los datos que maneja la oficina del Alto Comisionado en Colombia son preocupantes, pero mucho más prudentes que los de otras organizaciones. Hace solo un mes, la ONG internacional Global Witness cifró en 79 los asesinatos de defensores ambientales en 2023, número que eleva hasta los 461, sumando todos sus resultados anuales desde 2012. De Rivero explica que su oficina basa su conteo en dos criterios: que la persona sea identificada como activista ambiental —un común en todos los estudios—, y que el homicidio esté vinculado o motivado por el ejercicio de su labor, un parámetro más difícil de documentar. “Es un trabajo de mucho rigor y que nos toma más tiempo [que a otras organizaciones]”, precisa la representante.

A pesar del pico de violencia registrado en 2023, el panorama para los defensores este año parece mejorar. La ONU contabilizó en los primeros nueve meses 15 homicidios, mientras sigue verificando otros 10. Aun si todos resultan válidos según los criterios de la oficina, significaría una caída del 43% con respecto al año anterior, a la espera de los resultados del último trimestre.

Para De Rivero, hay un “vacío institucional en regiones clave”, pero destaca “el compromiso del Gobierno en los temas de derechos humanos”. “Vemos que se han priorizado a defensores históricos en puestos de poder, que han integrado un enfoque más humano en políticas como la de seguridad. Esperamos que la tendencia empiece a ir a la baja”, pronostica. La política de seguridad pacifista del Gobierno de Petro dio un vuelco el pasado fin de semana, cuando el ejército pasó a la ofensiva en una operación para recuperar el control estatal de El Plateado, en Cauca, que consiguió bombardeando las sedes operativas de las disidencias en esta región.

Proliferación de los grupos armados

Precisamente, uno de los puntos de más preocupación es la expansión territorial de los grupos armados, los cuales tienen intereses sobre los recursos naturales. El informe cita un diagnóstico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que señala que “el medioambiente ha sido una víctima silenciosa del conflicto armado” colombiano. Desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, en 2016, hasta mayo de 2022, este tribunal registró 283 afectaciones al medioambiente.

Las actividades ilícitas más comunes, continúa la ONU, son la deforestación, la minería ilegal y los atentados contra infraestructura petrolera. Entre 2019 y 2023, la estatal Ecopetrol documentó más de 220 ataques a su infraestructura, que provocaron la contaminación de fuentes hídricas y del ecosistema. Eso sin contar las repercusiones de los cultivos de drogas y del procesamiento de coca, para el que se usan químicos tóxicos que, por su mal manejo, acaban por afectar la flora y la fauna de su entorno.

De las 15 recomendaciones que hace Naciones Unidas al Gobierno, De Rivero destaca tres. Primero, que reconozca la labor de los defensores ambientales y mejore los mecanismos de protección. Segundo, que impulse el financiamiento a los sistemas previstos en el Acuerdo de Escazú —ratificado el pasado agosto—, los cuales contienen protocolos ante situaciones de riesgo de los activistas del medioambiente. Por último, la representante pide que la Vicepresidencia, bajo el liderazgo de Francia Márquez, promueva la implementación de sentencias, como la que protege al río Atrato de explotación minera o la que reconoce al río Cauca como sujeto de derechos.

En la cumbre de biodiversidad, que inicia este lunes en Cali, el Gobierno asegura estar comprometido con realzar las voces de líderes indígenas y campesinos, los cuales cumplen un importante rol para la protección del medioambiente. “Esperamos que eso genere una mayor conciencia del valor del trabajo que hacen los defensores en este país y que puedan recibir mayor reconocimiento”, apunta la representante.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.