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Colombia, el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos

Según un estudio de Front Line Defenders, el país concentró casi la mitad de los asesinatos mundiales de defensores de derechos humanos en 2023

asesinatos de activistas en colombia
Indígenas en una velación a Carmelina Yule, lideresa asesinada por disidencias de las FARC, en Toribio (Colombia), el 18 de marzo.Ernesto Guzmán (EFE)

Los nombres de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia ocupan la mayor parte de las páginas del informe anual de Front Line Defenders en el que esa ONG, que trabaja por la protección de líderes en riesgo a nivel mundial, relaciona las identidades de al menos 300 víctimas en 28 países, en 2023. Con 146 crímenes –prácticamente la mitad del total– Colombia encabeza la lista a nivel global, seguido por México con 30 asesinatos, Brasil con 24 y Honduras con 19. Nueve países de Latinoamérica suman el 79% de los casos.

La cifra global es la más baja desde el año 2017 y, aunque la de Colombia es menor que la de 2022, cuando se reportaron 186 asesinatos, representa el porcentaje más alto del total desde 2020, cuando estuvo por encima del 53%, mientras que en 2023 se ubicó en el 48%. Es, en esencia, un nuevo campanazo sobre el ya evidente escalamiento del conflicto armado interno por la disputa de territorios donde se concentran economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, y su impacto en la vida de las comunidades, especialmente, en las zonas rurales.

En su análisis, el informe advierte que el contexto en el que trabajan los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo extremadamente peligroso, “ya que continúan atrapados en luchas de poder con actores violentos no estatales que ejercen control social, económico, político y territorial, buscando destruir o suplantar el liderazgo afrodescendiente e indígena”.

Solo en la última semana, varios municipios de los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca, en el suroccidente del país, recibieron una seguidilla de ataques violentos que causaron la muerte de un menor de 12 años, dos policías y dos presos. Los atentados fueron atribuidos a estructuras afiliadas al llamado Estado Mayor Central (EMC), un grupo de disidencias de las antiguas FARC con el que el Gobierno de Gustavo Petro adelanta negociaciones como parte de su objetivo, cada vez más incierto, de alcanzar la llamada paz total. La crisis es tal que ha fracturado al EMC por la discusión sobre el camino a seguir en esa búsqueda.

Además de resistir el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento forzado de menores y el despojo de tierras, los defensores de derechos humanos son víctimas de la estigmatización. Quienes se atreven a denunciar a uno u otro bando, o a revelar alianzas entre autoridades y grupos ilegales, corren el riesgo de ser asesinados. “La práctica habitual de etiquetar a los defensores de derechos humanos como objetivos militares por parte de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) socavó completamente su protección”, señala el informe de Front Line Defenders.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, una organización colombiana aliada de esa ONG, dice que el reporte muestra una falla estructural. “Es la evidencia de que el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de líderes, lideresas y personas defensoras que han sido asesinados por buscar transformaciones profundas en un país desigual, como defender la tierra”, sostiene.

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De los asesinatos registrados en Colombia el año pasado, al menos 64 son indígenas, campesinos y afrodescendientes, un espejo de la situación mundial donde el 31% de las víctimas eran defensores de derechos de los pueblos indígenas. El total de asesinatos documentados de defensores de derechos humanos en la última década se elevó a casi 3.000 a nivel global, alerta el informe.

Ese escenario obstaculiza el avance de la defensa de los derechos de las comunidades y debe ser motivo de preocupación a nivel regional, subraya Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). “Hay muchos intereses hacia los territorios y una de las barreras siempre hemos sido los pueblos indígenas que buscamos detener las acciones, por ejemplo, en la Amazonía, para la extracción ilegal de oro. Nosotros somos defensores de la tierra por naturaleza. Las consecuencias son el asesinato, las amenazas o los desplazamientos. Los pueblos indígenas somos los que estamos en medio de la guerra”, expresa el líder.

Las causas que más están bajo riesgo, a ojos de los defensores en países de las Américas, son, precisamente, los derechos de los pueblos indígenas, el uso de la tierra, la protección del medio ambiente y los derechos de las mujeres. “En este tiempo, miles de defensores han pagado con sus vidas y muchos más enfrentan continuos ataques e intimidaciones por su trabajo pacífico. Se necesitan medidas urgentes para cambiar esto”, declaró el director ejecutivo de Front Line Defenders, Alan Glasgow.

Para frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia no será suficiente con entregar chalecos de protección y carros blindados, opina el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier. “Es necesario contar con una política de seguridad sólida, destinada a proteger a la población civil y buscar el desmantelamiento judicial de los grupos armados que operan en el país. También urge reformar los mecanismos de protección para asegurar que sean más eficientes y transparentes y estén mejor anclados en la realidad que se vive en los territorios”, sugiere.

En la búsqueda de alternativas para mantenerse a salvo, algunos defensores abandonan sus territorios, afectando la defensa de las comunidades. Daza, el dirigente de la OPIAC, añade que es difícil esperar garantías por parte de los actores del Estado. “No confiamos ni siquiera en el mismo gobierno. Uno de los mecanismos que hemos propuesto es fortalecer la guardia indígena para sentirnos más protegidos internamente, bajo nuestros propios sistemas de gobierno”, apunta.

Por su parte, Astrid Torres, la coordinadora de Somos Defensores, también exige respuestas de la justicia para evitar que el 80% de los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos sigan quedando en la impunidad. “La Fiscalía General de la Nación debe avanzar rápidamente en el esclarecimiento de los homicidios y agresiones que sufren los defensores porque el alto nivel de impunidad evidencia que, si no hay justicia, los hechos se repiten”, reclama.

La falta de garantías de seguridad para los defensores de causas sociales también golpea la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC en 2016, y la participación de la sociedad civil en negociaciones como la que avanza con el ELN, la última guerrilla en armas en el país.

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