La violencia y las amenazas contra los periodistas aumentaron en Colombia en 2022
La Fundación para la Libertad de Prensa publicó su informe anual ‘Páginas para la libertad de expresión’

Cada año, desde que en 2020 la pandemia hizo caer todos los indicadores, el número de amenazas contra los periodistas en Colombia ha superado el del año anterior. 2022 no fue la excepción, con una agravante: las 218 amenazas de esos 12 meses contra comunicadores son la cifra más alta en los últimos 15 años. Esa es una de las realidades que refleja la más reciente edición de ‘Páginas para la libertad de expresión’, el informe anual que presenta la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre la manera en que se hace periodismo en las zonas más hostiles del país y las consecuencias que acarrean quienes ejercen el oficio.
Aparte de las amenazas, la FLIP contabilizó ocho exilios, 20 agresiones físicas, 84 hostigamientos, cinco desplazamientos y un atentado. Ese tipo de ataques y hostigamientos, dice la Fundación, “llevan al desplazamiento de los periodistas [y] vulneran el tejido social de las comunidades, ya que el trabajo periodístico promueve espacios de diálogo y denuncia”. Además, resalta los asesinatos de los periodistas Rafael Moreno, en Montelíbano (Córdoba), y Wilder Córdoba, en La Unión (Nariño). Moreno era director de Voces de Córdoba y era reconocido por su labor como líder social, mientras que Córdoba dirigía el canal comunitario Unión Televisión, donde hizo denuncias y veeduría por más de 10 años.
Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, reconoció a la FLIP la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en el país, pero rescató los objetivos que se ha trazado el Ejecutivo: “Desde el Gobierno tenemos una firme intención de promover una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión que nos permita incorporar un enfoque de prevención de riesgos y de Derechos Humanos, y comprender, con enfoque diferencial, por qué tenemos en riesgo a periodistas comunitarios”.
Los políticos y la estigmatización
La FLIP resaltó también la estigmatización de que son blanco varios periodistas y medios de comunicación por parte de políticos que los consideran contrarios a sus ideas o intereses. En muchas ocasiones los critican con el objetivo de ganar aprobación de sus seguidores. La Fundación resalta el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de algunos funcionarios de su administración, que atacaron de manera reiterada al diario El Colombiano. En el ámbito del Congreso, los senadores María Fernanda Cabal (derecha), Piedad Córdoba (izquierda) y Roy Barreras (el presidente del Legislativo) son “los reincidentes” en las estigmatizaciones. Entre los emisores de mensajes hostiles contra la prensa también aparecen el representante Miguel Polo Polo, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el senador Gustavo Bolívar y el presidente Gustavo Petro.
Para la FLIP, los meses de la campaña electoral marcaron un “campo de batalla” en el que fue constante la hostilidad de los mensajes contra la prensa. Entre enero y julio de 2022 hubo 55 ataques contra periodistas, todos relacionados con las elecciones. También contabilizó 44 agresiones a lo largo del año a mujeres periodistas en diferentes plataformas, especialmente en redes sociales, y 11 obstrucciones para hacer cubrimientos, casi siempre de parte de funcionarios, durante las jornadas de votación. Ese tipo de agresiones ocurrieron en mayor cantidad en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cauca y Magdalena.
Las asociaciones internacionales también reportan la violencia contra la prensa en Colombia
El pasado 6 de febrero, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) dio a conocer un informe que ubica a Colombia entre los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, debido a los cuatro asesinatos de comunicadores que esa asociación contabilizó en 2022 en el país. El documento resalta también que América es la región del mundo más hostil para el periodismo, ya que en el mismo año se registraron 30 homicidios contra personas que se desempeñaban en ese oficio. Al respecto, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, dijo: “Los detalles que contiene este informe sirven para documentar las amenazas, actos reales de violencia y la cultura de impunidad, que dan cuenta de la persistente crisis de seguridad en el sector del periodismo”.
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