La participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN, entre acelerar o dilatar el proceso

Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN, la última guerrilla en armas del país, enfrentan su máxima paradoja. El proceso está en su momento de mayor tensión y, sin embargo, nunca antes había avanzado tanto como hasta hoy. Las partes se aproximan al que sería el hito más claro desde que se reanudaron los acercamientos tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, con la eventual firma del modelo para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, en una reunión extraordinaria que tendrá lugar a partir de este 20 de mayo en Caracas, Venezuela.

Se trata de un documento de 10 páginas que explica la ruta para involucrar a la sociedad colombiana en la estructuración de un plan de transformaciones “que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”, se lee en el borrador. Fue diseñado en el Comité Nacional de Participación -una instancia transitoria creada con la representación de 30 organizaciones sociales, gremiales y de Derechos Humanos– después de encuentros que sumaron la asistencia de 8.000 personas en 35 municipios del país, 19 cárceles nacionales y tres ciudades de Europa.

La propuesta llegará a la mesa de diálogo en medio de nuevas tensiones entre las partes y de reparos sobre su contenido. La superación de esos escollos definirá si las negociaciones toman o no un nuevo aire. La fractura más reciente es también la más profunda desde que se restablecieron las conversaciones en noviembre de 2022, cuando arrancaba el Gobierno Petro. Se debe al rechazo del ELN a las conversaciones paralelas que sostiene la oficina del Alto Comisionado de Paz de la Presidencia con Comuneros del Sur, una estructura declarada en rebeldía frente a la dirección nacional de la agrupación y que opera desde hace más de tres décadas en Nariño. El jefe del equipo negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, llegó a asegurar en entrevista con EL PAÍS que el proceso estaba en peligro de muerte por el diálogo alterno que calificó como una traición.

El grupo armado, además, anunció el regreso al secuestro con fines extorsivos, pese a haberse comprometido a “suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico” cuando se prolongó el cese al fuego bilateral hasta agosto de este año, y después del repudio colectivo que despertó el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz en octubre de 2023. Aunque la prórroga no se ha cumplido, el ELN culpa al Gobierno de mostrar poca voluntad de avanzar con la creación de un fondo de donantes para asegurar una financiación alternativa. La delegación del Gobierno respondió en un comunicado: “Al ELN le reiteramos que le corresponde cumplir con su compromiso de suspender el secuestro con fines económicos y sobre todo tomar decisiones para no seguir perdiendo tiempo en diálogos indefinidos”, enfatizó.

Por otra parte, la propuesta del modelo de participación no está libre de controversias. Los grandes gremios empresariales y productivos que ya han tenido diferencias con el Gobierno –desde los industriales, pasando por los sectores de minería e hidrocarburos, los generadores de energía eléctrica, las cámaras de comercio, fiduciarias y agricultores– han expresado su preocupación y reparos. En una comunicación dirigida a Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, siete de sus dirigentes bajo la sombrilla del Consejo Gremial Nacional lanzan fuertes advertencias. La carta, conocida este sábado, señala que el documento con el modelo de participación excede el propósito de establecer metodologías para asegurar una participación eficiente de las organizaciones sociales, al pasar a determinar una agenda de reformas estructurales y pretendiendo legitimar temas que requieren la aprobación del Congreso o incluso revisiones de la Corte Constitucional.

Se refieren, especialmente, al tercer capítulo del documento, titulado “ejes de las transformaciones”, que toca varios nervios sensibles para los sectores productivos en asuntos como el modelo democrático; propiedad, uso y tenencia de la tierra, o el sistema electoral.

“Instamos a que el Comité sea claro con el sujeto de la participación, en el sentido de indicar que la vinculación a que se refiere es de carácter político; y que, en virtud del orden constitucional vigente, las decisiones tomadas en estos espacios solo generarían el deber de presentar proyectos de ley o de Acto Legislativo al Congreso, para que por medio de un debate plural, público y de consenso mayoritario se busque la aprobación de normas jurídicas que serán el sustento de las políticas públicas necesarias para llevar a cabo lo decidido en los espacios de participación social”, demandan. Los gremios piden que las aclaraciones se realicen antes de someter el modelo a aprobación en la mesa de diálogos.

Cerca de convertirse en hito

Si el modelo de participación de la sociedad en la construcción de la paz se aprueba en Caracas puede suponer el cumplimiento del primer punto de la agenda que se pactó en el ‘Acuerdo de México’, el 10 de marzo de 2023, como un nuevo impulso a los diálogos después de la suspensión en la administración de Iván Duque, en 2019. Sería, además, el primer acuerdo parcial que se alcanzaría en 30 años, en el marco de una agenda de paz con el ELN.

Los otros cinco puntos de la agenda que está en marcha se centran en la democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas y fin del conflicto armado, además del plan de ejecución de los acuerdos. Claudia Rodríguez, delegada de la gestoría de paz del ELN, explica que la mesa de diálogo ha consagrado la participación de la sociedad como el corazón del proceso. “Se trata de un diálogo democrático donde la misma sociedad colombiana diga cuáles son los cambios que se requieren para que en el país podamos decir que empezamos a construir una paz integral”, subraya.

Rodríguez habla desde la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús en Leticia (Amazonas), que se convirtió en sede del encuentro con organizaciones de seis departamentos de la Amazonía, en la recta final de la construcción del modelo para la participación. De esa forma, el proceso de paz se acerca a territorios históricamente excluidos, con pocas posibilidades de que sus voces alcancen despachos centralizados en la capital. Es tal la lejanía que no sorprende que habitantes de esos lugares remotos aborden a visitantes con apariencia de funcionarios públicos, así no lo sean, con la esperanza de encontrar una solución a sus angustias.

El encuentro en Leticia se selló como el número 77, tres veces más de los contemplados por el Comité Nacional de Participación. Aunque anteriores procesos de paz, como el que se cerró con la antigua guerrilla de las FARC, también han involucrado a distintos sectores, en el actual la participación ha sido permanente, destaca Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia. “Es un modelo en el cual no se le consulta a la sociedad, sino que la sociedad está construyendo la paz de manera activa. Funciona de abajo hacia arriba, y eso es bastante distintivo de cualquier otro proceso en Colombia e inédito casi a nivel global.”

La participación social ha resistido a los obstáculos recurrentes de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Jairo Sedano, líder ambiental del departamento del Guaviare, destaca que las dificultades forman parte de la naturaleza de una mesa de negociación. “Tiene que haber tropiezos, idas y venidas, subidas y bajadas. Lo que sí reclamamos es seriedad de las partes cuando se propongan detener las hostilidades contra la población”, exige.

El campesino celebra los espacios participativos y pide que se incluya la protección de la Amazonía como uno de los puntos clave de la transformación. Las mujeres víctimas del desplazamiento forzado también esperan que las negociaciones se mantengan para evitar más sufrimiento. “Si el proceso se rompe quedamos en las mismas. Las mujeres somos las que llevamos la peor parte del conflicto porque matan al hombre, o el esposo se va para la guerrilla, y la mujer queda con los hijos a ver cómo puede sacarlos adelante”, expresa Digna Burbano, miembro de la Organización Nueva Esperanza del departamento de Putumayo.

En medio de esas voces también se asoma el escepticismo. A Susan Cano Apraez, integrante de una mesa de organizaciones de jóvenes, le preocupa que los documentos o los acuerdos que se discuten no se reflejen en zonas sin acceso a la educación superior pública, con escasas oportunidades para ellos. “Mientras avanzan las mesas, en Putumayo todos los días se nos desaparecen jóvenes que llegan a las filas de esos grupos armados. Despertemos a la realidad. Muy chéveres las mesas, pero allá en territorio las condiciones son totalmente indignas”, reclama.

Justamente, un gran desafío de la firma de cualquier modelo de participación es evitar que termine siendo un ejercicio más, que no llene las expectativas de las comunidades o que no tenga suficiente representación. Otro de los retos es asegurar una participación libre y segura, sin presiones o amenazas por parte de los grupos armados ilegales.

Los intentos de negociación con el ELN –una agrupación que surgió en el año 1964 y que cuenta con unos 2.350 combatientes principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Nariño y Chocó, además de su presencia del lado de Venezuela– han sido pedregosos. Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno, destaca que la sociedad ha sido el soporte para superar las crisis. “Hay momentos complejos, pero el proceso está vivo y lo más importante es que es por la sociedad. A eso hay que darle un inmenso valor. El cese al fuego más los otros temas son importantes, pero este es el gran corazón que le da sentido. Es también un mandato porque son las comunidades diciendo ‘queremos la paz, queremos que la mesa se mantenga y se fortalezca”, afirma en conversación con este diario.

Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), opina que el proceso está pasando por el peor momento porque no se han abordado puntos sustanciales y porque los tiempos no dan para que el ELN alcance a dejar las armas antes de que concluya el periodo presidencial de Gustavo Petro, en agosto de 2026. “El Gobierno está pensando más en cómo llegar a un punto de no retorno, un punto de madurez que evite echar para atrás los avances, pero no está muy claro cuál es, ni cómo se puede lograr en los dos años que quedan”, valora.

Sin embargo, Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, cree que hay razones para el optimismo. “Primero, porque la voluntad de las partes siempre se ha mantenido comprometida con resolver a través del diálogo sus diferencias. En los procesos de diálogo hay momentos buenos, malos, difíciles, y nosotros tenemos confianza en que se van a ir resolviendo”, afirma.

Según la Comisión de la Verdad, creada luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, el conflicto armado en Colombia había dejado hasta entonces más de 9 millones de víctimas. Nueve de cada diez eran civiles, la mayoría habitantes de zonas rurales. La sociedad civil, la que más muertos pone en las confrontaciones armadas, es la que más reclama el diálogo como salida a la violencia. “Es el claro mensaje que le manda la sociedad a las partes, a la mesa en general, de su expectativa de que esto tiene que seguir adelante. Que no cesen los esfuerzos por llegar a acuerdos”, puntualiza Ruiz Massieu.

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