Al menos 42 lideresas han sido asesinadas desde 2022 en Colombia

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Sus amigos y familiares temían por su vida, tenía esquema de seguridad y su asesinato sigue impune. La historia sobre el homicidio de Ludivia Galindez tiene muchos puntos en común con las de otros líderes sociales. Esta mujer de 50 años era una de las mayores defensoras de derechos humanos en el municipio de La Montañita (Caquetá, al sur del país) y presidenta de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de (Asojuntas). Cuentan quienes la conocen que era un pilar fundamental de los movimientos sociales en el territorio y una persona muy vocal y comprometida. Pero el pasado 23 de febrero fue asesinada brutalmente en su casa, minutos después de que sus escoltas la dejaran en la vivienda. Murió de camino al hospital a consecuencia de los disparos recibidos. Desde entonces, todo el municipio está consternado y asustado. Tres de sus amigos más cercanos prefieren no hablar: “Ya viste lo que pasa cuando hablas”.

Su principal trabajo fue orientar en los procesos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en un departamento amazónico históricamente azotado por el narcotráfico. Y fue ese compromiso en contra de los grupos armados de la región lo que estuvo detrás de las amenazas. Ella es una de los 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas que contaba Colombia en septiembre. “Buscó siempre el desarrollo de las comunidades y la promoción de las mujeres”, dijo en un video de condolencias Héctor Fabio Henao Gaviria, el obispo católico miembro del Secretariado Nacional de Pastoral Social. “Nos hace reflexionar sobre si se les brinda adecuada protección a los líderes sociales”. La respuesta corta de los propios defensores del territorio es clara: no. “A nosotros nadie nos cuida. No cuidaron a Ludivia y tampoco cuidan a los demás”, dice uno de los compañeros que prefiere no ser identificado.

Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este pacto incluye una cláusula para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.

Galindez es la primera lideresa asesinada en 2024 en Colombia, un país que sigue siendo el mayor cementerio de líderes del mundo. Solo en 2022, fueron masacrados unos 60 ecologistas. El caso de Galindez se suma también a otra lista que crece paulatinamente: la de las activistas silenciadas a la fuerza. Entre 2022 y marzo de 2024 han sido asesinadas 42 lideresas en este país, según un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) con datos recogidos por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida). La organización denuncia al menos 125 defensoras asesinadas desde 2019. El recuento de los asesinatos suma 22 casos en 2019, 34 en 2020, 28 en 2021, 14 en 2022, 27 casos en el 2023 y el de Galindez en 2024.

El año de la pandemia fue el más crítico. Cada mes, terminaron con la vida de casi tres lideresas. Según este documento, uno de los mayores problemas después de la violencia es la impunidad y la falta de acceso a la justicia. El 86% de los casos presentados ante las autoridades entre enero de 2023 y marzo de este año están archivados sin un culpable y el 14% corresponde a disidentes del Acuerdo de Paz del 2016. En cuanto a los sectores sociales más afectados, Indepaz señaló que las mujeres indígenas y campesinas representan más de la mitad de las asesinadas en el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y marzo de este 2023.

Desde la Fundación Pares critican la insuficiencia de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, que atribuye los hechos a actores armados y el control que ejercen sobre los territorios, “dejando de lado el interés por determinar quiénes son los responsables”, según apunta un comunicado. Para Leonardo González, director del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), el aumento de las lideresas asesinadas se debe a que cada vez hay una mayor presencia de mujeres defendiendo el territorio y a su forma de hacerlo. “Cuando las mujeres son las que dirigen, se piensa más en colectivo y en la protección de todos en el territorio. Y es algo muy positivo, por eso es muy grave que se la ataque: porque no es fácil llegar hasta allá”. Y añade: “Hace más daño aún en la comunidad que el homicidio de un líder masculino. Asesinar a una lideresa es una de las formas más fuertes de agredir una comunidad”, narra por teléfono.

Según los datos de Odevida, las lideresas asesinadas eran mujeres que ejercían liderazgo comunitario, político, ambiental y de víctimas. Cerca de un 38% de ellas ocupaban roles de liderazgo en las Juntas de Acción Comunal (JAC), tanto como presidentas o como miembros. González alerta también en un cambio en los ataques recibidios. “Anteriormente eran violencias más vinculadas a temas sexuales. No olvidemos que quienes suelen violar los derechos humanos son hombres y que a quienes atacan es a las mujeres, no solo por ser lideresas, sino por ser mujer”.