Una reserva versus una pequeña hidroeléctrica: el dilema energético de Colombia

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Esta es la historia de una reserva natural de la sociedad civil creada hace tres años, ubicada en el municipio de Abejorral, en las entrañas de Antioquia, en Colombia y la de sus vecinos. Pero también la de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) que empezó a ser construida hace dos años, que fue concesionada hace 20 y que 200 metros más arriba, por ese monte tupido, busca usar la caída natural del río para generar energía. La reserva quiere conservar las 61,5 hectáreas de bosque, generar a través del turismo conciencia ambiental y respeto por el río y, sobre todo, salvaguardar el Salto del Aures, una belleza natural de más de 400 metros de altura que ha construido con su rocío imparable el ecosistema de bosque húmedo de la zona. La hidroeléctrica, por su parte, quiere generar 24,9 megavatios para distribuir a toda Colombia y contribuir a la promesa de país de generar energía que no provenga de centrales térmicas altamente contaminantes.

Aunque a simple vista esta podría ser una historia de tensiones casi bíblicas como la de David y Goliat, estos vecinos revelan más bien los debates, las negociaciones y las conversaciones profundas que se están iniciando en Colombia, que, a la luz de los expertos, puede convertirse en una gran potencia mundial de generación de energía hidráulica y de energías alternativas como la solar y la eólica.

“El oriente antioqueño es, probablemente, uno de los lugares más potentes en el mundo para construir hidroeléctricas: tenemos abundancia de agua, caídas naturales de gran altura y buena geología, los tres elementos de la receta de la energía hidráulica”, explica Santiago Ortega, autor del libro Escenarios energéticos, y cofundador de Emergente, una empresa especializada en desarrollo de negocios disruptivos en sostenibilidad y energía. Esta zona de Colombia, según el experto, empezó a desarrollarse en la década de los 80 con préstamos del Banco Mundial construyendo cadenas de grandes embalses como las de Guatapé (420 MW de energía) y San Carlos (1.240 MW de energía), que hoy en día son el corazón del sector eléctrico colombiano y por los que, según Ortega, Colombia es un país casi libre de carbono en el sector energético. “Antes del 2030 seremos 100% renovables”, sentencia.

Sin embargo, a través de las décadas de generación de energía en estos territorios, pero también de los cambios radicales e insospechados en el paisaje social y ecosistémico, la población del oriente antioqueño parece no haber percibido los beneficios de anidar toda esa energía. “Con el promedio de las transferencias del sector eléctrico en Colombia, el municipio de San Carlos, Antioquia, debería tener hoy el nivel de vida de Suiza y no lo tiene. A ellos, al contrario, les llegó guerrilla, paramilitarismo, desplazamiento forzado, corrupción y esto hizo que naturalmente la gente de esta zona dijera ‘no queremos más de esto”, añade Ortega.

Las invocaciones de una reserva

En ese contexto, hay cierto hastío que estos proyectos han dejado a una zona que hoy figura con el altísimo número de 37 concesiones para construir hidroeléctricas, y después de la crisis multidimensional provocada por el megaproyecto de la represa de Hidroituango, César Agudelo, dueño de la reserva natural, busca lograr al menos que se respete la ley ambiental que obliga a la PCH Aures II a mantener un caudal ecológico que no mate el salto y deje que el río siga fluyendo para alimentar los cultivos y el turismo.

Su lucha, en realidad, no solo pasa por lo ambiental, pasa también por lo que ese río ha significado para su familia y su comunidad. El padre de César compró esas tierras hace 40 años, y su amor por el río, que naturalmente cercaba los límites de su terreno en un salto majestuoso, lo llevó a abrir con machete un camino para que más personas pudieran acceder a esa belleza natural que, luego descubrirían, es la segunda caída más alta de Antioquia. Sin embargo, el conflicto armado que históricamente azotó esta zona durante décadas, mantuvo a muchos alejados de la riqueza natural de este paisaje.

Hace tres años, ya con los tratados de paz en curso, y viendo el desarrollo turístico de Medellín y todo el departamento antioqueño, César decidió volver a darle vida a esa tierra y crear un hotel que le diera guía y acceso a los visitantes al Salto del Aures, además de conseguir que Parques Naturales, la autoridad ambiental nacional, avalara su terreno como una reserva para proteger su riqueza ecológica y su biodiversidad.

“Nuestro padre amó este territorio y el río ha sido parte de la comunidad por siglos, así que con la construcción de esta hidroeléctrica, vemos una amenaza inmensa. Primero, el deterioro del ecosistema. Cuando un ecosistema ha estado acostumbrado por miles de años al rocío que desprende el choque del agua con la roca, cualquier cambio en ese flujo hace que las plantas y los animales lo resientan. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sabemos que sí va a pasar por lo que se ha visto en otros territorios”, explica Agudelo.

Según un estudio publicado en la revista académica Energy Policy en 2017, que analizó 3.600 artículos que hablaban de los efectos ambientales de las pequeñas hidroeléctricas en el mundo, la mayor alerta con respecto a este tipo de energía es justamente que “hay una falta de conocimiento y reconocimiento de los impactos sociales, ambientales y acumulativos” de estas infraestructuras.

A pesar de tomar al principio la vía de la acción directa, interponiendo recursos legales como la tutela -que fueron desestimadas por las autoridades-, César ha optado por un camino que puede resultar más provechoso para todos: buscar que la hidroeléctrica le ayude a proteger todo ese bosque húmedo. “No queremos ir en contra del desarrollo, las obras están muy avanzadas, las carreteras ya se están construyendo, pretender que paren es muy difícil, pero lo que sí pretendemos es que se cumpla la norma ambiental y que nos aseguren que los estudios hídricos sí revelen que el río pueda generar energía y continuar con un caudal ecológico”, asegura Agudelo.

¿A dónde se van los dineros de la energía?

Luis Felipe Loaiza, director de operación de la central hidroeléctrica Aures Bajo, -otra PCH que está en la zona, pero en una parte más baja del río- y asesor electromecánico de la nueva que se construye, Aures II, entiende de dónde viene la aprehensión de la comunidad. “Nosotros por ley estamos obligados a dar el 3% de nuestras ganancias a los municipios que tienen porcentaje de cuenta y otro 3% para la corporación que tiene vigilancia en la zona. En datos aproximados, del 2019 a 2022, hemos repartido así las ganancias: 1,8% al municipio de Sonsón, lo que quiere decir que en estos años de operación le hemos entregado alrededor de 928 millones de pesos (234.000 dólares), otros 600 millones de pesos (150.000 dólares) aproximados para el municipio de Abejorral y, para Cornare, la autoridad ambiental, que es otro socio, 1.500 millones de pesos (378.000 dólares). En total se han entregado 3.000 millones de pesos (757.000 dólares) que no se ven reflejados en la comunidad y que hemos alertado para que se exija saber de sus destinos. ¿En dónde quedan esos dineros?”, increpa.

Como las hidroeléctricas cumplen con entregar esos dineros que les obliga la ley, luego no se sienten abocadas a hacerle concesiones a las comunidades, como construir un puente colgante, la petición que le ha hecho la comunidad de Aures Bajo o trabajar de la mano con César Agudelo para hacer todo el monitoreo ambiental de su reserva. Al fin y al cabo, esgrimen, ese debería ser trabajo de las autoridades municipales o ambientales. “En la industria hidroeléctrica, la gran mayoría de los desarrolladores son muy miopes al desestimar las tensiones y los conflictos comunitarios.

Las hidroeléctricas efectivamente entregan un montón de dinero, pero no pueden fiscalizar hacia dónde se van y la población, que podría hacerlo, no sabe cómo, por eso en otras regiones del país estamos intentando plantear otro modelo”, asegura Santiago Ortega, quien propone: “Por qué no más bien le damos a la comunidad un porcentaje de las ventas de energía a través de una fundación a la que se le destine un 6% de los ingresos para que invierta en propio beneficio. Hay una junta directiva que tiene que darle cuenta a la empresa y a la comunidad y no tienen que meterse con temas legales para verificar la ejecución de esos dineros y por temas de impuestos para la empresa resulta ser en realidad un gasto de 1%”, explica.

Mientras se encuentran formas más efectivas de trabajar en conjunto entre las hidroeléctricas y la comunidad, el ingeniero Loaiza asegura que las PCH sí son una alternativa verdaderamente limpia para generar energía sin dañar el ecosistema en donde se crean. “Cuidamos y defendemos las 162 hectáreas en donde está Aures Bajo, ahuyentamos cazadores, hacemos reforestación, hacemos acciones para el control ambiental, somos guardianes porque, para nosotros, el agua es nuestro combustible y necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener el río vivo. La comunidad está muchas veces mal informada. Le dicen a los pobladores que el agua se desaparece, pero eso físicamente es imposible. Nosotros tratamos el agua, monitoreamos el río en el punto de la captación, hacemos control de prevención de riesgo, además limpiamos el agua, la conducimos por turbinas para luego volverla al río con más oxígeno y más limpia”, explica.

Con los proyectos hidroeléctricos de grandes embalses desapareciendo casi del mercado por sus altísimos costos, por los efectos sociales y los tiempos que toman en construirse, las PCH se presentan como una ruta certera para crecer el potencial energético, aunque las afectaciones aún tengan que ser medidas. “Es muy fácil estigmatizar a los proyectos energéticos cuando todo el mundo está tranquilo en su casa con su Whatsapp y su computador, lavando sus jeans y usando sus electrodomésticos. Nadie se da cuenta tras bambalinas todo lo que hay que hacer para conseguir energía”, añade Loaiza.

César Agudelo está buscando crear puentes más claros con la hidroeléctrica. “Queremos hacer un activismo positivo, vamos a vigilar que ese bosque tenga un doliente, seremos guardianes de que no le pase nada al río y, mientras tanto, seguiremos buscando alianzas para que manejemos como comunidad el proyecto turístico y los cultivos de café y de caña de la zona”. Esos puentes, para el experto en energía alternativa Santiago Ortega, son la ruta a seguir: “Los proyectos de energía ya no tienen otro camino que tener en cuenta a la comunidad para ser exitosos y se darán cuenta que no hay nada mejor que tener la comunidad de su lado”.