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2.094 cadáveres esperan quien les rescate: el desafío de la arqueología subacuática en Hidroituango

En una audiencia de la JEP, se conocieron las alternativas para buscar personas que fueron lanzadas al río Cauca

Cauca River
Vista hoy del río Cauca en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia (Colombia).Luis Eduardo Noriega A. (EFE)
Catalina Oquendo

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Los habitantes de nueve municipios del área de Hidroituango en Antioquia han vivido las últimas décadas entre los grupos armados que desaparecieron a miles de personas en esa zona y los avatares de la megaobra, que promete generar el 17% de la energía de Colombia. La represa ha cambiado el destino de miles de habitantes de esa región, incluidos los muertos.

Bajo las aguas del río Cauca, desviado en 2014 para la obra, se presume que están esos desaparecidos por el conflicto armado. Ahora sus familiares esperan recuperarlos. La búsqueda de estas personas supone el mayor desafío para las autoridades del país: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que se hagan prospecciones acuáticas en las zonas inundadas por el embalse e intentar recuperar restos óseos.

Se trata de un desafío titánico pero de acuerdo con la organización forense Équitas, que acaba de presentar un informe a la JEP, existen alternativas para hacerlo. En un país donde los ríos se convirtieron en vertederos de muertos, la de Hidroituango no es la única búsqueda de esa envergadura. Por ejemplo en el Canal del Dique, otra megaobra que sigue atascada, se presume que hay 9.000 cadáveres. Ambos casos llevarán a que Colombia se plantee la arqueología subacuática como forma de hallar la verdad en sus aguas.

Solo en la zona de influencia de Hidroituango la JEP ha determinado que hubo 2.094 desaparecidos de los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, ubicados en el norte de Antioquia. La justicia transicional llegó a ese dato después de que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitara medidas cautelares para proteger 16 lugares del país donde se cree hay desaparecidos. Pero ahora debe intentar localizarlos bajo el agua. En este caso, se trata de las poblaciones aguas arriba de la represa.

Antropólogos forenses y arqueólogos de Équitas y de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP hicieron una primera prospección arqueológica subacuática en la ribera del río Cauca en la zona de influencia de Hidroituango. Cruzaron información a partir de relatos de desaparición de personas, bases de datos judiciales y de violaciones de derechos humanos y de fuentes que conocen cómo se sepultaron muchas de esas personas en la zona inundada del proyecto hidroeléctrico. Así determinaron que hay 282 sitios de interés para la búsqueda que están bajo el agua, donde habría 131 personas que desaparecieron cerca del río.

Sin embargo, solo en tres áreas, conocidas como Pescadero, Barbacoas y Orobajo, los arqueólogos consideran “viable” una intervención subacuática. La falta de visibilidad bajo el agua y la presencia del buchón, una especie que se enreda entre las embarcaciones, hacen que se trate de una labor compleja. También tendrían que descartar buzos.

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Lo primero es reducir el área de búsqueda a una unidad mínima de análisis, explicó durante una audiencia este jueves el arqueólogo subacuático Carlos del Cairo. Para eso, usaron información del antes y el después de la inundación de la presa y usaron software de prospección remota para contrastar y encontrar lo que llaman anomalías (árboles, levantamientos de muros, casas, etc).

Un ejemplo es la información acerca de una roca con forma de huevo de 2 metros. Los campesinos informaron que cerca a ese lugar habría desaparecidos. Usando software, los expertos encontraron la roca y una zona plana donde podrían estar las fosas. “Logramos reducir la incertidumbre acerca de los sitios donde están localizados los desaparecidos”, agregó el investigador. Algo similar ocurrió en el cementerio de Barbacoas, donde lograron determinar la existencia de un muro y encontrar fuera de él un lugar donde habrían sido sepultadas 8 personas.

Sin embargo, no es suficiente con tener la información detallada. Hace falta tecnología específica para excavar bajo el agua. En su informe, el equipo descartó que se deba hacer con buzos y en su lugar plantea dos opciones: un equipo llamado Gravity corer, que tiene un tubo de 6 metros que se introduce en terreno, y otro llamado Box corer, que tiene una caja metálica que saca el material que se quiere estudiar. “Luego, en plataforma se revisa el material por parte del equipo forense y la cadena de custodia. Estamos ante un material que ya están sometidas a unos entornos de perturbación porque estuvieron en un entorno seco que se volvió húmedo y volverán a uno seco. Por eso con anticipación se piensan protocolos para no obstruir el proceso de identificación”, dijo Ana Carolina Guatame, antropóloga de Équitas.

Un desafío de ese tipo genera muchas preguntas. Durante la audiencia de este jueves, los magistrados de la JEP Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, así como familiares de víctimas y representantes de organizaciones como Ríos Vivos, plantearon algunos cuestionamientos: ¿existen esas tecnologías en Colombia?, ¿se han usado antes en contextos de búsqueda de desaparecidos? ¿alguna de ellas puede quebrar o dañar algún hueso?. Eso entre muchas otras.

Además de los cementerios y las fosas inundadas por la represa, la JEP ordenó también investigar en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia y en el Cementerio El Universal de Medellín, porque allí fueron llevadas al menos 140 personas no identificadas de la zona de Hidroituango. Para avanzar con la construcción de la hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM), socia de la hidroeléctrica, junto a otra empresa inhumó cuerpos de los cementerios Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, ubicados en la zona y los trasladaron hasta Medellín. De acuerdo con la JEP, EPM no entregó los soportes en los que se basó para realizar ese traslado de cuerpos.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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