El estancamiento del gasto público le sale caro a Colombia

La ejecución del presupuesto estatal de Colombia se estancó durante el primer semestre de este año hasta alcanzar un promedio menor al de las dos últimas décadas. Si entre 2001 y 2022 la nación cumplió en la primera mitad del año con alrededor del 31% de las inversiones previstas dentro del presupuesto general, en 2023 la administración del izquierdista Gustavo Petro apenas logró llegar al 27%. Los datos surgen de un reciente informe publicado por la financiera Corficolombiana, propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y refuerzan los interrogantes de diversos analistas en torno a un evidente cuello de botella gerencial.

El rezago es costoso para el país, especialmente en un contexto de desaceleración económica. Basta con dar un repaso a los atrasos en la asignación de los subsidios para la vivienda social, en las transferencias para pagar a las empresas del sector de la salud o para dinamizar el atraso atávico en infraestructura. A días de cumplirse un año de la toma de posesión de Petro, la hoja de navegación para las reformas sociales, prioridad y puntal de su proyecto político, sigue en suspenso. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas advierte, sin embargo, que ejecutar es especialmente complejo y “uno de los grandes retos de cualquier Gobierno”.

De la misma forma considera que en esta administración no hay “un grupo de personas dedicadas a hacerle un seguimiento o control disciplinado a los ministros para ver cómo avanzan los planes”. Un problema delicado si se tiene en cuenta que un Gobierno que no ejecuta “es un Gobierno que no tiene resultados”, remata Cárdenas. Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, señala por su parte que la austeridad golpea, particularmente, a la economía. “Si tenemos en cuenta que el consumo y la inversión privada han entrado en un ciclo negativo, es muy complicado entender por qué el Gobierno no ha aprovechado los recursos aprobados dentro del presupuesto general de la nación para impulsar la economía”.

El experto se refiere a los 422 billones de pesos aprobados para gasto público en 2023: “Aún estamos a tiempo para que el Gobierno implemente una buena política contracíclica. Los montos están, ahora se tienen que traducir en bienestar y mostrar sus capacidades de implementación”. El economista Eduardo Lora, asociado al Centro para el desarrollo internacional de la Universidad de Harvard, subraya su inquietud por los retrasos en los pagos de las dotaciones para el sector de la salud: “Se está generando un problema financiero mayor que puede rebotar en otras áreas”.

El gremio de las aseguradoras públicas emitió un comunicado a principios de este mes en el que señala que las falencias crónicas del modelo, llevado al límite durante la pandemia, se ha traducido en un hueco de 3,5 billones de pesos para cubrir los costos del aseguramiento. Todo parece indicar que la estructura del sistema, en la cual el Gobierno gira a las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS) un monto anual por cada uno de sus afiliados, se agrieta cada vez más.

Rico y Lora señalan que este año ha habido un abandono estatal, mal disimulado, con las EPS. Una serie de empresas que nunca han encajado en el fallido proyecto de reforma al sistema de salud que el progresismo no logró aprobar en la primera legislatura.

De acuerdo con el informe de Corficolombiana, 19 de los 30 sectores que engloba el Presupuesto General de la Nación registraron un atraso en la ejecución de sus partidas entre enero y mayo. Hacienda (-6,3%), trabajo (-2,4%) e inclusión social y reconciliación (-1%) son los más atrasados. El economista Juan Camilo Pardo recuerda que, según la teoría, a menor ejecución del presupuesto hay “menos empleo, menos avance en las obras públicas, menor productividad y competitividad”. Trae a colación el ejemplo de los consultores y constructores viales que debieron poner, durante el primer trimestre del año, dinero de su bolsillo para sufragar algunos gastos de obras ante el retraso en los pagos de la estatal Instituto Nacional de Vías (Invias).

El exministro Cárdenas advierte sobre los riesgos que sobrevienen cuando llega el afán por ejecutar los recursos: “La gente, ante la tentación de mostrar resultados, empieza a hacer maromas. Aparecen las malas prácticas. La contratación en obras civiles, en las licitaciones, se vuelve engorrosa”. Por eso su lectura es que el actual Gobierno ha buscado solventar los tropiezos a través de una “salida fácil”, como lo son las “transferencias monetarias” directas a través de programas que impliquen subsidios. “Es una forma rápida de darle plata a la gente, y me da la impresión de que es uno de los caminos que va a optar esta administración”.

Los funcionarios del Gobierno argumentaron, durante los primeros meses, que los retrasos administrativos se debían a las demoras que se producen en los cambios de Administración. A medida que los meses pasaban, sin embargo, las dificultades para materializar las promesas se fueron acumulando. A pesar de que la situación se corrigió moderadamente para junio, Romero recuerda que aún hay rubros como el de ciencia y tecnología, históricamente marginal, que arrastran atrasos de hasta el -20% en la ejecución: “Es un ejemplo que podría estar relacionado, como otros, al hecho de que aún no se han nombrado en propiedad los directores de varias entidades”.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) o el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), además del ministerio de Cultura, han estado durante meses huérfanos de cabeza. En otros sectores del Ejecutivo se ha dado una desestructuración gradual de equipos técnicos que tenían experiencia en el manejo de la ejecución presupuestal y han sido reemplazados por un funcionariado menos rodado, apunta Eduardo Lora. Aún así, añade, la situación ha tenido la paradoja de aportar algunos efectos positivos: “El Gobierno, sin buscarlo, le está ayudando al Banco de la República” en su tarea de contener la inflación. Y agrega que, gracias a la reforma tributaria que sacó adelante el Gobierno, en 2022 el Estado ha recogido más dinero en impuestos y “ha gastado menos por su inoperancia”. Mauricio Cárdenas recuerda a propósito que “la mala ejecución siempre será una aliada del Ministro de Hacienda”.

También explica que es un método más eficaz para que los encargados de la economía cumplan las metas fiscales: “El proceso de consolidación fiscal será más rápido de lo esperado”. Para la segunda mitad de este año, en todo caso, los analistas proyectan una aceleración en la ejecución presupuestal del Gobierno de Petro. La lentitud quedará relegada, vaticinan casi con unanimidad, por la necesidad de desembolsar fondos para las regiones, que en octubre se enfrentarán a una nueva contienda electoral.

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