El Congreso debate una adición presupuestal por 16,9 billones para amortiguar la desaceleración

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara recibieron este martes la ponencia del proyecto de ley de adición presupuestal que busca dar más dinero al Gobierno dentro del Presupuesto General de la Nación para 2023, pero en un monto menor al calculado originalmente en febrero. Las nuevas cuentas fijan en 16,9 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) los fondos adicionales. Un tijeretazo de 8,5 billones, el equivalente a todo el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que se sustenta en el cambio de perspectivas macroeconómicas y fiscales del Ejecutivo en estos últimos meses. La inflación ya no atenaza con tanta fuerza el bolsillo de los colombianos como a finales de 2022, cuando se estructuró el primer borrador, y dentro del espíritu de las modificaciones ya se vislumbra una lenta reactivación económica.

Los ponentes, dentro de los que se hallan Katherine Miranda, representante por el centrista Partido Verde, o la senadora del oficialista Pacto Histórico Clara López, avalan la necesidad de graduar el gasto público con los fenómenos de un ciclo económico cambiante. Miranda, sin embargo, alerta sobre el ímpetu de la reactivación económica proyectada desde la cartera de Hacienda. “Mi preocupación es que el Gobierno no haya medido con certeza los resultados y no se tengan los recursos adicionales que se concertaron en la ponencia”, explica, en referencia a que la adición busca distribuir el recaudo adicional esperado, pero aún no ejecutado, este año.

Por lo pronto se ha presentado como un presupuesto de corte anticíclico para suturar las heridas dejadas por la pandemia: en coyunturas como la actual, de desaceleración económica, permite ampliar el espacio de gasto para que el Gobierno Nacional pueda estimular la economía. Las cuentas para el proyecto de ley fueron revisadas por el Ministerio de Hacienda. El ministro, Ricardo Bonilla, aseguró que se la hará un examen riguroso al presupuesto para que haya una ejecución eficiente y efectiva de los recursos.

Pero la congresista Miranda, quien ha apoyado algunas iniciativas del Gobierno y ha criticado otras, añade que la entrada en vigor de la ley de garantías, que pondrá freno a la contratación y desembolso de recursos públicos durante los cuatro meses previos al ciclo electoral del próximo octubre, supone otro obstáculo: “Me preocupa, porque al día de hoy las entidades apenas están ejecutando a niveles razonables. Es probable que la ley de garantías impida que esos 16,9 billones se ejecuten correctamente en los últimos seis meses del año”.

Probablemente un motivo extra para que los congresistas, anticipando los riesgos que supone el apremio de canalizar estos fondos, hayan puesto especial acento en la veeduría para evitar el despilfarro: “En un contexto de transparencia y rendición de cuentas, este proyecto de ley también pretende que los responsables presupuestales en los diversos sectores y entidades adelanten una gestión eficiente del Presupuesto General de la Nación (…)”. La mayor inyección del plan estará destinada a educación, que recibiría unos 2,2 billones de pesos adicionales; seguido por salud, con 2,03 billones adicionales; y Hacienda, con 1,828 billones adicionales, según las proyecciones de la ponencia. El texto señala, así mismo, que la fuente de financiación de la mayoría del plan, que asciende a 422,5 billones en total, será el recaudo de la reforma tributaria.

Simultáneamente la senadora Clara López recuerda que se ha generado un consenso para mejorar el presupuesto destinado a la agricultura: “Para la compra de tierras, en el sector transporte para la construcción de vías terciarias que tanto deben ayudar a una de las grandes deficiencias de infraestructura del país y del desarrollo rural”. También añade que se ha definido una adición presupuestal de dos billones de pesos para paliar los problemas y atrasos en el sector de vivienda: “Es un aumento sensible destinado a los subsidios de vivienda y los programas de vivienda social y popular. El mayor porcentaje de la inversión estará destinado a gasto público con el fin de impactar el crecimiento económico”.

En caso de superar los debates, los planes se empezarían a ejecutar en julio, y llevarían a que el presupuesto de inversión de 2023 sea un 19,5% superior al del año pasado, llegando a los 83,3 billones de pesos. Los gastos de funcionamiento, entre tanto, totalizarían 260,7 billones de pesos, destinados a sostener las múltiples funciones de las entidades, los servicios de personal, gastos y transferencias. “En términos generales creemos que el replanteamiento de este proyecto hecho por el ministro Bonilla es coherente y bien estructurado”, se lee en la ponencia.

Así mismo, señala que durante estos meses se radicaron 254 proposiciones que implicaban “demandas de gasto (extra) por 79,3 billones de pesos”. Una cifra que desbordaba las “posibilidades fiscalmente responsables”. El ministro Bonilla, por su parte, ha asegurado que las modificaciones de adición encajan dentro del plan de reducción del margen de déficit hasta los topes fijados por la regla fiscal: “La deuda neta del Gobierno se mantendrá dentro del margen prudencial reduciéndose de 60,1% en 2021 a 57,9% en 2022 a 55,8% en 2023″. El compromiso es bajarla “hacia el nivel ancla” del 55% del PIB, para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pero los comentarios positivos y el respaldo de la bancada del oficialismo no significan que haya ausencia de dudas. Las mismas estadísticas citadas desde el Ejecutivo sobre el escenario fiscal del país dan pie para las aprehensiones. López opina que las profundas necesidades del país se ven reflejadas en la brecha entre las enormes necesidades del país y las limitaciones de gasto público. Y Miranda remata con las dudas que le generan las proyecciones del ministro, que prevén menores ingresos por 13 billones de pesos.

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