La promesa de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa se empantana por la duda de a dónde llevarla

El Gobierno de Gustavo Petro parece haber puesto el freno sobre su compromiso de sacar a la Policía Nacional de Colombia de la órbita del Ministerio de Defensa, a pesar de ser una de las recomendaciones más concretas de la Comisión de la Verdad, que se ha propuesto cumplir en su totalidad. No hay ningún afán para hacerlo, ha matizado el general William Salamanca, recién posesionado como director de la Policía. “Esta decisión se está analizando con absoluta responsabilidad”, le dijo el jueves a Blu Radio. Ante la resquebrajada confianza de la ciudadanía en la Policía, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, se había sumado a esa promesa de campaña, parte del más amplio debate sobre una reforma de fondo a las fuerzas de seguridad.

“Si hay desconfianza entre el pueblo y la fuerza pública la democracia se acaba y la paz ni la soñamos”, dijo Petro el martes en la entrega de mando al nuevo director, una ceremonia en la que vislumbró una fuerza pública “absolutamente respetuosa de los derechos humanos” para cuando acabe su mandato, en 2026. “Convertiremos la seguridad ciudadana urbana en prioridad nacional y, para ello, desde ya, anunciamos que la totalidad de la policía de vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento, con énfasis en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y manejo de la protesta social”, señaló a su turno el general Salamanca, que regresó al servicio para relevar al destituido Henry Sanabria, que acabó fulminado por sus salidas homófobas y ultrarreligiosas al frente de una institución en deuda de modernizarse.

No hubo, sin embargo, grandes referencias al informe final de la Comisión de la Verdad, cuyas recomendaciones han vuelto a estar sobre la mesa. A pesar de que el artículo del Plan de Desarrollo con el que el Gobierno buscaba que su cumplimiento fuera obligatorio se cayó en el trámite legislativo, esas recomendaciones siguen en pie. Una de las conclusiones más incómodas de la Comisión surgida del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, es que la doctrina de seguridad –y el concepto de enemigo interno– exacerbó el conflicto armado. Y por lo tanto plantea que es necesario hacer una gran reforma de la fuerza pública. Entre sus recomendaciones pide “separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana”.

En su primera entrevista como ministro designado, antes de la posesión presidencial del pasado 7 de agosto, Iván Velásquez aseguró que ya era una “decisión tomada”, pues Colombia “es uno de los poquísimos países en el mundo que tiene la Policía dentro del Ministerio de Defensa”. Pero no se han dado pasos concretos en esa dirección. Los primeros nueve meses del Gobierno se consumieron en las polémicas entorno al general Sanabria, el devoto director de la Policía que irritó en más de una ocasión a los colectivos feministas, LGBTIQ, las organizaciones de derechos humanos y, en general, a los defensores del Estado laico con expresiones antiderechos que terminaron por costarle el puesto. Esos escándalos recordaron que el lema de la Policía, “Dios y Patria”, es copiado del ideario de la ultraderecha española, riñe con disposiciones constitucionales y es un “anacronismo de nuestra instituciones”, como ha recordado la socióloga Olga González.

El hecho de que la Policía se encuentre en el sector Defensa ha impedido que exista una separación clara entre sus funciones y el rol de las Fuerzas Militares, que deben ejercer tareas muy distintas, explica Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas. “Sacar a la Policía del Ministerio de Defensa es una decisión acertada y valiosa, pero no suficiente, no puede ser el final de la reforma policial amplia que necesita Colombia”, destaca. “Hay que tomar otras medidas como reformar el sistema disciplinario de la Policía, revisar los protocolos sobre uso de la fuerza y la competencia de la justicia penal militar”, detalla. “Sería un grave error que pasen los años de gobierno y que no se logren avances sustantivos en este tema”, añade.

El eventual traslado abre también las discusión de cuál ministerio podría albergarla. Originalmente, el ministro Velásquez vislumbraba a la Policía en un nuevo Ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad, una idea por ahora descartada. “Creo que la mejor opción es pasarla al Ministerio de Justicia, lo cual requiere una reforma, pues es un ministerio de un tamaño relativamente menor. Allí se podría coordinar la tarea de la fuerza pública con la política criminal”, valora Pappier. Si bien en varios países de América Latina la Policía está en Interior, en Colombia es la cartera de la política, encargada de las relaciones con el Congreso, lo que abriría nuevos interrogantes. Trasladarla a Justicia tiene todo el sentido, coincide Jerónimo Castillo, experto en seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), aunque advierte que es un proceso complejo: “Esto exige una participación ciudadana, no puede ser una discusión de técnicos a puerta cerrada, tiene que ser abierta, de cara a la ciudadanía y con búsqueda de legitimidad”.

En medio de la oleada de reformas del Gobierno, la policial está postergada. “Nos pusimos a hacer un estudio profundo de cómo hacer que ese cambio sea benéfico para la sociedad, fortalezca la Policía y la seguridad ciudadana, no vaya a causar perjuicios a las Fuerzas Militares. Ese deslinde queremos hacerlo muy bien, y no se hace de un día para otro”, dijo en febrero a este periódico el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

La Policía lleva varios años en el centro de la controversia, después de los múltiples abusos documentados a lo largo de las protestas durante el periodo de Iván Duque (2018-2022). Las denuncias fueron frecuentes en medio de las medidas de confinamiento para atender la pandemia del coronavirus, pero ese malestar se remonta a la primera oleada de manifestaciones contra Duque, a finales del 2019. En aquel entonces, un proyectil del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios, el Esmad, mató durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz.

Tiempo después, en septiembre del 2020, el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que lo habían sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus súplicas, desató la ira ciudadana. El crimen, cometido en el interior de un Comando de Acción Inmediata (CAI), provocó dos caóticas noches de disturbios en Bogotá, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa Claudia López le pidió a Duque liderar un profundo proceso de reforma de la Policía. El Gobierno respondió entonces con una defensa cerrada de la fuerza pública y el propio Duque se fotografió con una chaqueta policial para escenificar su respaldo.

Esos antecedentes precedieron el estallido social del 2021, cuando se multiplicaron las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas. Ese hartazgo ciudadano pavimentó el camino a la Presidencia de Petro, un férreo crítico de la represión de las protestas. En el más reciente estudio de la firma Invamer, en febrero, el 50% de los consultados tenía una imagen desfavorable de la Policía, frente al 42% de imagen favorable.

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