Indígenas presionan al Gobierno por el mal estado de las escuelas y la crisis educativa en sus resguardos

Muchos niños y adolescentes Emberá Chamí de los resguardos cercanos a Mistrató, Risaralda, tardan entre cuatro y cinco horas en llegar a la Institución Educativa Purenbará. Ir a tomar sus clases se ha vuelto todo un riesgo. En el camino se encuentran con obstáculos como puentes rotos, inundaciones y grupos armados. Aún así es la institución más cercana a sus resguardos y atiende a 33 veredas de la zona. Dada la lejanía, los alumnos deben viajar cada lunes para pasar toda la semana en la escuela y volver a sus respectivas comunidades los viernes. Algunos toman las lecciones diarias en el suelo o en pupitres en mal estado. Tampoco cuentan con baterías sanitarias adecuadas, por lo que han tenido que improvisar letrinas al aire libre.

Las condiciones de la institución Purenbará se replica en las 32 escuelas etnoeducativas del departamento de Risaralda, que están en emergencia. Así lo diagnosticó el CVII Congreso del Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda (CRIR) que agrupa a 11 autoridades tradicionales y que tiene presencia en nueve municipios de este departamento al noroccidente de Colombia. De acuerdo con los líderes indígenas, la mayoría de infraestructuras se construyeron hace 30 o 40 años y desde entonces no han tenido ningún tipo de mantenimiento o adecuación. Por ello, las comunidades originarias, incluidos los profesores y estudiantes, decidieron entrar en paro hasta que obtengan una respuesta integral del Gobierno nacional.

Hasta el momento hay más de cinco mil niños y jóvenes sin clases. ”No hay cancha, no hay parques, no hay elementos recreativos para los más pequeños. Muchos toman clases en el suelo. Aún así pretenden llamarles residencias escolares”, denuncia Norberto Wazorna, profesor en Mistrastó. Las numerosas problemáticas las sufren a lo largo del Risaralda, donde habitan aproximadamente 32.000 indígenas. Veredas como Pueblo Rico, Marsella y Belén suman alrededor de 3.000 alumnos entre los 5 y 13 años que estudian en aulas inseguras e insalubres.

El pasado mes de febrero, la Procuraduría General de la Nación ya había advertido las graves condiciones de la infraestructuras escolar en las instituciones oficiales de todo el país. En el documento, el ministerio público evidenció que 82,2% de las sedes encuestadas no cumplen con acceso a servicios públicos básicos. Asimismo, la entidad aseveró que los resultados del Gobierno en el mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) han sido mínimos conforme a lo que se proyectó en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

Los magisterios indígenas reclaman el cumplimiento de otras deudas históricas con la educación de sus pueblos, no solo en términos de construcciones. Por ejemplo, piden garantizar los mínimos dentro de estos centros, como conectividad a internet y acceso a agua potable. Esto, además de la puesta en marcha programas educativos que reconozcan su cultura y ancestralidad y promuevan la diversidad lingüística. Las afectaciones no son solo para los estudiantes. Los etnoeducadores han venido dando una batalla de años para que se les reconozcan sus derechos.

En 2021, 284 profesores pertenecientes a los pueblos Pijao, Awá, y Zenú interpusieron una tutela ante la negativa del Gobierno para inscribirlos en el escalafón de los docentes. La Corte Constitucional falló a su favor y el año pasado, el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció un acuerdo con los educadores indígenas para establecer un sistema transitorio de equivalencias. Inicialmente, el decreto se debería protocolarizar antes del 4 de noviembre del 2022, pero eso no sucedió. La nueva ministra, Aurora Vergara, no se ha pronunciado al respecto. Lo que tampoco pasó fue brindarles garantías para ejercer su labor. “Muchos maestros tienen que vivir en las residencias escolares donde ni siquiera hay cobijas o colchones suficientes. Otros solo han sido vinculados provisionalmente o por temporadas. Así no tengamos contrato nosotros seguimos trabajando, pero es una injusticia”, dice Maria Holinda Niaza, educadora emberá en Risaralda, y maestra en temas de lengua propia.

A las peticiones que hacen los etnoeducadores, se sumaron reclamos al ya polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, a su juicio, no se ha implementando teniendo en cuentas las particulares de las comunidades y su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho propio. Una queja que no es nueva, pues los líos con el PAE son una constante. Tan solo en lo que va del 2023, la Procuraduría General de la nación ha abierto una decena de investigaciones por sobrecostos millonarios, anomalías e irregularidades en la contratación de este proyecto en departamentos como Boyacá, Antioquia y Cesar, entre otros.

Mientras que el panorama educativo a nivel nacional es preocupante, en particular para las comunidades indígenas, las autoridades de estos pueblos no piensan dar el brazo a torcer en sus demandas. Alertan que seguirán a la espera de que las entidades competentes se hagan presentes en los resguardos y lleguen a acuerdos que finalmente se cumplan y garanticen el derecho a la educación digna de miles de niños. De lo contrario, aseguran, “la asamblea no se levantará y la suspensión de actividades escolares continuará hasta que el Gobierno dé soluciones de fondo a las exigencias”.

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