Mujer indígena: la desigualdad de género en Colombia

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Hay dos palabras que representan la desigualdad de género en Colombia: mujer indígena. Sufren discriminación por su sexo, por su etnia y porque la mayoría son pobres. Desde que nacen aprenden que su rol es cuidar de la casa y de los hijos. No solo asumen el machismo desde niñas, también son las principales víctimas de todas las violencias que se viven en este país. El maltrato dentro y fuera de sus comunidades; la prostitución forzada, el desplazamiento y el asesinato a causa de más de medio siglo de guerra; y el abandono de sus territorios originarios por la minería legal e ilegal. Su calvario, encima, es invisible. La falta de datos censales y de ayuda del Estado oculta en las profundidades de la selva —donde viven— la realidad de estas mujeres.

Uno de los secretos más dramáticos que sufren las indígenas salió de la clandestinidad en 2007. Dos niñas del pueblo embera, una de las más de 80 comunidades étnicas que viven en este país, murieron a causa de la mutilación genital. En ese momento, las parteras no pudieron seguir manteniendo su secreto y Colombia se convirtió en el primer y único país de América en reconocer esta práctica. Estas mujeres, las doctoras de su pueblo, las que concentran toda la sabiduría medicinal y a las que nadie niega la razón, tienen la creencia de que el clítoris puede llegar a crecer como un pene y, por tanto, lo consideran una malformación intersexual. “Por eso creen que tienen que controlarlo mutilándolo al nacer”, explica Patricia Tobón, indígena embera y abogada de formación, quien lidera un grupo de letrados para defender los derechos de su pueblo, en especial los de las mujeres.

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Los emberas suman 250.000 pobladores en Colombia, pero también tienen presencia en Panamá y Ecuador. Viven en distintos departamentos del país y, en muchos casos, en el interior de la selva. Hasta esos lugares, donde la guerra se vivió con dureza, no llegan ni las carreteras, ni el Ministerio de Salud, ni el de Educación. Tampoco los organismos del Estado que se comprometieron a trabajar en contra de una práctica que está tipificada como feminicidio y que afecta a uno de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, de todas las mujeres: el sexual y reproductivo. “Nosotros trabajamos en el interior de la sociedad embera concienciado a las mujeres y a la gobernanza indígena”, dice esta abogada, una de las dos con estudios superiores que tiene su pueblo. En 2012 consiguieron que las máximas autoridades étnicas aceptaran en un acuerdo que la mutilación genital femenina no era parte de su cultura. “El gran ausente fue el Gobierno”.

Tobón no se rindió y continuó luchando hasta conseguir que se incluyera como una de las metas del plan de desarrollo de Colombia. “Desde 2014 no se han puesto recursos para la mutilación femenina”, asegura. Lo que demandan son programas de prevención y atención real desde un enfoque intercultural. Son mujeres bilingües, en el mejor de los casos, que requieren de personal que hable su lengua y sea capaz de entender que dejan que mutilen a sus niñas porque ignoran que es una mala praxis.

Para conseguir este primer objetivo, se enfrentan a un gran obstáculo. En Colombia no hay una cifra clara de cuántas mujeres indígenas, por tanto, es muy difícil saber cuántas niñas emberas nacen o mueren en la selva después de ser mutiladas. La última vez que se contó a los colombianos fue en el censo de 2005 elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). En ese momento, estas comunidades sumaban 1,3 millones, de los que casi 680.000 eran mujeres, el 49,5%. Esto representa un 3% del total de féminas en el país. La Organización Indígena Nacional (ONIC), portavoz del 80% de las asociaciones, cuenta con un censo paralelo de tres millones, más del doble del oficial.

Las emberas, como el resto de las indígenas colombianas, tienen las tasas de asistencia escolar más bajas de Colombia. “La formación es esencial para nosotras porque tenemos poco acceso a la educación”, dice Ana Teresa Vergara, embera, y responsable de la Consejería de la Mujer de la Organización Indígena de Antioquia. “Somos las que damos vida a nuestros hijos, pero es hora de que opinemos y decidamos en la organización”. Su trabajo consiste en que sus pares no solo participen en los espacios de decisión de los pueblos indígenas, sino que su voz se oiga.

El machismo y la falta de recursos económicos condenan a estas mujeres a la cocina y el patio de sus casas. En 2014, el último dato registrado en el Censo Agropecuario, algo más de 115.000 chicas mayores de cinco años acudieron a las aulas de un censo escolar de casi 360.000. De estas, una mayoría, 61.300, se quedaron en la básica primaria. Solo 2.726 llegaron a la Universidad. El resumen es que las mujeres desempleadas que viven en zonas rurales y forman parte de comunidades indígenas o afrodescendientes representan la población más vulnerable en el que está considerado uno de los países más desiguales del mundo, según indicadores internacionales como el índice Gini del Banco Mundial.

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“Cambiarle el chip a las mujeres indígenas no es difícil”, explica Vergara, “intentamos que hagan una reflexión interna: hace más de 500 años, cuando ya estábamos en América Latina, las mujeres estaban al lado de los hombres, eran lideresas”. Ahora quieren volver a conseguirlo. Y, como antaño, mano a mano con los varones. “Si ellos generan la violencia y la restricción, tienen que formar parte del proceso de sensibilización”, dice. La primera fecha marcada en el calendario es 2030, el año en que la mutilación genital femenina deberá haberse erradicado en el mundo según los Objetivos del Milenio de la ONU. Para entonces, o antes, esperan que las indígenas colombianas, incluidas las emberas, no solo aprendan y combatan por sus derechos, sino que dejen de ser las mujeres más vulnerables de Colombia. “Estamos en el inicio del camino, acabamos de empezar”, reconocen ambas.