Colombia: esperanza ante los retos

Foto impensable hace pocas semanas: el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, dialogando, sin gestos adustos ni agravios. Atrás quedaban mutuas calificaciones confrontativas en los medios o en el Senado, cuando ambos lo integraban. “Paraco”, decía uno; “Terrorista”, contestaba el otro.

Señal de coexistencia entre contrarios recogida positivamente por la gente y extendida aspiración de paz. En gesto que dice mucho, en varios puestos de periódicos o de venta ambulatoria en el centro de Bogotá, la foto de Petro y Uribe ocupa espacio visible y protagónico. Porque esa paz, incompleta y que tan escurridiza ha sido en la historia colombiana, tiene, a ojos de la gente, una oportunidad única ahora.

El gobierno de Petro, que se inaugura este domingo, le plantea al propio régimen y a la sociedad colombiana todo un abanico de retos. Que van desde la esperanza de la gente que en más de un 60% ve ahora positivamente a Gustavo Petro, hasta amenazas como estructuras y poderes tradicionales que perciben como peligroso este primer gobierno “de izquierda” en la historia política colombiana.

Porque la exclusión de la izquierda ha sido sistemática y prolongada. Efecto del acuerdo en 1957 entre liberales y conservadores (Pacto de Sitges), historia convulsionada a la que se añaden temores en ciertos sectores, menos distantes en el tiempo, vinculando cualquier opción de izquierda con “guerrillas” o, más recientemente, con los fantasmas del “castrochavismo”. Las cosas ahora pintan distinto, y en ello Petro ha venido trazando un rumbo diferente y propio. En la campaña fue decantando su propio perfil llegando a hablar de “capitalismo democrático”, en línea del nada marxista premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Por otro lado, el equipo que Petro viene armando para el gobierno que se instalará en poco más de una semana es de alta calidad y calificaciones. El canciller designado, Álvaro Leyva Durán, cuajado y experimentado político e intelectual, proveniente de las canteras del partido conservador, aporta, entre otras condiciones, su valiosa experiencia como articulador de los Acuerdos de Paz celebrados el 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. A no dudarlo, su papel será singularmente clave para “desatar” la distancia con Venezuela y en impulsar un camino de salida con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con los que el gobierno de Duque cortó comunicaciones el 2019.

A Leyva Durán se suma el destacado economista Juan Antonio Ocampo, cuajado en altas funciones en las Naciones Unidas. Y el exrector universitario y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, en Educación. También el abogado Iván Velásquez, como ministro de Defensa, con relevante trayectoria en la ONU (CICIG, Guatemala). Y, last but not least, la muy bien recibida vicepresidenta Francia Márquez, aportando su experiencia como luchadora social y feminista, así como expresión de la rica multietnicidad del país.

Dentro de la multitud de retos destacan dos frentes fundamentales: el económico y el de la paz.

Cuarta economía latinoamericana, hereda Petro un alto déficit fiscal (6%) y una deuda externa creciente. Lo que llama al aumento de ingresos tributarios, para lo cual la realidad impone cambios que el gobierno tendrá que concretar en sus primeros meses. Tanto por la urgencia como porque cuenta ahora con una mayoría parlamentaria con la que el gobierno se inaugurará.

Su propuesta de reorientar la matriz energética, no permitiendo el fracking en la explotación petrolera y desincentivando la exploración en nuevas explotaciones, puede parecer discordante. Pero, a fin de cuentas, empalma con prioridades contemporáneas impulsadas en la Unión Europea en materia energética.

Con un índice de pobreza que se acerca al 40% de la población y la sonora realidad con la que Colombia ya se hizo oír en las protestas del 2019-2021, reto impostergable es no solo manejar eficientemente la economía. Es también impulsar una adecuada estrategia redistributiva y tributaria que no asuste a la inversión, pero que sí vez genere recursos adecuados para enfrentar la pobreza y cumplir con deudas sociales postergadas.

En lo que atañe a la paz, los objetivos gubernamentales conectan directamente con una sociedad que aspira a lo mismo. El cambio de gobierno limpia el escenario para que se dé cumplimiento a una serie de aspectos de los acuerdos de paz trabados por falta de voluntad política del gobierno saliente y de recursos. Por ejemplo, la reforma agraria integral o la reincorporación de excombatientes. También poder parar en seco la tragedia post acuerdos de paz del asesinato de cerca de 300 excombatientes desmovilizados.

Pero el país sigue siendo un polvorín de conflictividad armada y de inseguridad. Se desmovilizaron más de 13.000 combatientes de las FARC, sí. Pero están fuera de ese marco varios factores de violencia. Desde exmiembros de las FARC que no fueron parte de los acuerdos del 2016 a otros que, como Iván Márquez y sus seguidores, los firmaron, pero luego se retiraron.

Por cuerda separada, el ELN es un tema crucial y sobre el cual ya se han dado varias señales de que el tema será prioritariamente abordado. Por su estructura, implantación territorial, descentralización y articulación con otros focos de poder en las mismas zonas en que operan, el asunto plantea la necesidad de un manejo que no podría ser calco del de Santos con las FARC.

Pesará positivamente la solidez de Leyva Durán, quien adelantó que “con el ELN ya hay camino abierto”. Se suman a él personas que podrían desempeñar papeles clave, como el designado comisionado de paz, Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda, o, por su experiencia y condiciones, aunque no sea parte del Gobierno, el senador Humberto de la Calle.

A este panorama se añaden la diversidad de otras fuentes de violencia y de control territorial que no pueden ser soslayadas, como el “lan del Golfo, en lo que Leyva Durán ha llamado “acogimiento” cambio de información crucial y de colaboración con la justicia. Esto tiene que ver, también, con grupos armados de diversa naturaleza operando en zonas que dejaron las FARC así como en otras en las que venían operando con fuerza e impunidad.

Finalmente, el narcotráfico, asunto que abre retos tremendos que exigen reajustes creativos y efectivos. Superar una situación regional que se prolonga inercialmente ya por décadas y que no ofrece resultados, solo se revertirá con políticas globales -o, aunque sea, interamericanas- revisadas en profundidad. Esto exige que otros actores concernidos en el extremo de la producción -como Perú y Bolivia- y los principales países de consumo, dejen de repetir estériles discursos y políticas que no han funcionado. En ese corsi e ricorsi resalta hoy la ausencia de liderazgos. Reto que, acaso, podría ser asumido por Colombia.

En casi todo lo anterior, el curso y contenido de la articulación entre el gobierno con el ejército colombiano, una de las instituciones militares de América Latina de más peso relativo, es un asunto delicado y gravitante. Con recursos presupuestales que equivalen al 3,4% del PIB, es el segundo presupuesto militar de la región (después de Brasil).

Su último jefe, general Eduardo Zapatero, asumió una postura política contraria a Petro en campaña, quien luego fue electo como presidente. Una vertebración eficiente y respetuosa del ordenamiento constitucional y las decisiones política del gobierno es un reto importante para enfrentar las inmensas responsabilidades que en materia de paz y seguridad interna tienen el Estado y la sociedad colombiana.

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