Los jóvenes detenidos en las protestas entran a la agenda del nuevo Gobierno

Julián Barón recuerda que era el más joven de la cárcel. A los 19 años, acusado por los delitos de concierto para delinquir, agresión a servidor público y porte y fabricación de sustancias peligrosas, llegó a la prisión de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, en noviembre del año pasado. Meses antes había sido una de las caras visibles del estallido social en Paipa. Colombia había estado sumergida en una ola de protestas y en esa región él era uno de los líderes. El 7 de agosto el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció desde el Puente de Boyacá que estaban listas las capturas de varios participantes de las marchas. Unas semanas después, diez policías allanaban su casa y, frente a sus papás, sus hermanos y su abuela, se lo llevaban detenido. “Fue impactante. Nunca nos imaginamos que participar en una manifestación nos iba a llevar a la cárcel”, cuenta por teléfono, ya en libertad. Después de tres meses un juez de segunda instancia consideró que no había razones para tenerlo encerrado. Pero su proceso sigue abierto y podría enfrentar una pena de hasta 30 años.

Cuenta su historia esta semana, cuando casos como el suyo entraron a la agenda del nuevo Congreso. Parlamentarios del Pacto Histórico, la coalición de partidos que lidera Gustavo Petro, se unieron a víctimas y líderes sociales para buscar que se cree una comisión especial de congresistas que haga seguimiento a los procesos de los jóvenes que fueron judicializados por protestar. Muchos siguen en la cárcel o bajo detención domiciliaria. No hay cifras claras sobre cuántos fueron víctimas de montajes judiciales durante las marchas, pero la Defensoría del Pueblo ha dicho que en al menos 89 casos las detenciones fueron ilegales.

“El Gobierno no quiso escuchar. Fuimos víctimas de persecución política, fuimos acusados injustamente y bajo cargos muy graves, mucha gente inocente ha estado presa”, señala Barón. A la primera línea, que enfrentaba la represión estatal con el Esmad en las calles, el Gobierno la equiparó a un grupo criminal. Y como si lo fuera, actuó contra ellos. Nunca hubo un diálogo y fueron perseguidos hasta llevarlos a la cárcel.

Junto a Julián, otros seis jóvenes fueron detenidos en las mismas circunstancias en Boyacá. Todos, después de pasar meses en la cárcel, lograron que la justicia les permitiera enfrentar el proceso en libertad. Pero en otras partes del país hay muchos que no lo han conseguido. Por esos casos congresistas como Alirio Uribe, Robert Daza o Pedro Suárez Vacca, todos del Pacto Histórico, buscan salidas para que no haya un solo joven detenido injustamente.

“Hemos dado el primero paso, creamos una comisión accidental para tratar el tema de los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente en las protestas. No hay un censo de cuántos exactamente son, pero sabemos que son más 300 que están en la cárcel, bajo prisión domiciliaria o con órdenes de captura en su contra. Desde aquí vamos a evaluar mecanismos legales que permitan que sean liberados”, explica Uribe. El tema lo van a mover por varios frentes. Uribe es el responsable de poner en marcha una ley estatutaria sobre el derecho a la protesta social como ordenó la Corte Constitucional, pero hasta ahora el Congreso no lo ha hecho. También tienen en sus manos la modificación de la ley de orden público, en la que también habría lugar para hablar de las víctimas de la persecución judicial. “Todavía no hay ninguna decisión y cualquier cosa que se haga será en el marco constitucional”, dice el congresista y señala unas cifras: “Entre 2002 y 2019, más de 10.400 jóvenes, entre los 18 y 25 años, fueron procesados. De esos, solo 400 fueron llamados a juicio. Es necesario que se empiece un proceso que permita revisar caso por caso para ver en cuáles fue una medida arbitraria”.

Pedro Suárez Vacca, representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, dice que la intención inicial como partido de gobierno es garantizar el derecho a la protesta social y revisar el estado actual de las personas que han sido detenidas. “Los delitos por los que se les acusa no se compadecen con los hechos que sucedieron. Se les señala de terrorismo, daño en bien ajeno, concierto para delinquir. El Estado persiguió judicialmente a personas que legítimamente se manifestaron”, asegura el congresista, que fue juez penal y consiguió la libertad de varios jóvenes capturados.

Según la Defensoría del Pueblo, entre el 28 de abril y el 3 de junio de 2021 hubo 12.288 actos de protesta, que dejaron todo tipo de víctimas. Además de los procesos judiciales, al menos los jóvenes sufrieron agresiones que les marcaron para siempre.

Gareth Sella perdió la visión de uno de sus ojos por un disparo del Esmad cuando participaba en una marcha contra la violencia policial en febrero de 2021. Su caso fue uno de los más de 100 de lesiones oculares que se registraron durante el estallido social del año pasado, y su presencia en el debate nacional frente a los abusos policiales lo llevó a dar un discurso ante el Congreso para denunciar la brutalidad estatal. “Hoy, ellos [la Policía] son cómplices del gobierno. La gente ha despertado, y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, decía en marzo de 2021 ante el Congreso. Esta semana volvió al Capitolio, pero esta vez del lado del Gobierno electo, en una sesión para crear la comisión para ayudar a los jóvenes detenidos. “Nos hemos estado reuniendo muchas organizaciones desde que ganó Gustavo Petro para pensar en formas jurídicas que permitan que vuelvan a libertad, pero no es fácil porque están por delitos ajenos a la protesta, todo el sistema judicial está muy amarrado para que sea difícil sacarlos”, dice Sella, cineasta y activista.

Con la llegada de Petro al poder se reactivó la búsqueda de justicia, un esfuerzo perdido durante el gobierno de Iván Duque que no reconoció, a pesar de informes de organismos internacionales, que hubo exceso de fuerza y abuso policial en su respuesta a la protesta. La campaña Ni un día más, de la que hace parte Sella, busca sacar del silencio los casos de los jóvenes judicializados y exigir su libertad. “Que sean libres de sus procesos penales también. Libres y absueltxs”, señala. Es optimista con la llegada del Gobierno Petro. “Es chévere encontrarse con la voluntad política de dar el respaldo a la juventud, de respaldar el movimiento social y de darle el valor que se le debió dar y es el del cambio. Este cambio le debe mucho a las juventudes, la forma de responderles correctamente es darles vida digna, no solamente sacarlos de la prisión”.

La defensora de derechos humanos Érika Prieto dice que se debe tomar con prudencia la idea de plantear una liberación. “Se trata de unos escenarios de alternatividad penal en el marco de una ley ordinaria en el Congreso, que no sea solamente perdonar y olvidar, sino que se reconozca una falta por parte del Estado. No se busca, como equivocadamente se ha dicho, un sometimiento a la justicia o una amnistía como formas de excarcelación”. Antes de cualquier salida -dice Prieto- es necesario ver cuántos y en qué condiciones están los jóvenes judicializados. Ni el Inpec, ni la Policía, ni el Ministerio de Defensa han respondido, cuenta la defensora, a las peticiones para resolver esas dudas.

Prieto cree que la voluntad del gobierno en este tema se medirá justamente en el mensaje de urgencia que le dé al trámite de una ley que beneficie a los jóvenes detenidos. “Veremos cuál es la apuesta del gobierno y qué tanto está dispuesto a luchar por la libertad de estos muchachos. Sin ellos, Gustavo Petro no sería presidente”, dice.

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