La primera casa de apuestas madrileña exige el cierre de sus rivales 'on line'

En los próximos días, los madrileños podrán apostar en una multitud de eventos deportivos en la casa de juegos Victoria (propietaria de la firma española Codere y de la británica William Hill) que, tal y como informaba hoy EL PAÍS, estará pronto operativa, tras haber recibido el visto bueno de la Comunidad de Madrid.

Los responsables de esta casa de apuestas han aprovechado sus primeras declaraciones públicas para solicitar a las operadoras de juego on line que cesen su negocio por ser "ilegales" y ha señalado que la Administración regional comenzará en breve a tomar "de oficio" las medidas que correspondan para cumplir la Ley.

Para no llegar a este punto, el director general de Operaciones de Victoria, Jaime Estalella, ha solicitado a dichas operadoras virtuales que obtengan su licencia o que dejen de operar en Internet. "No es sostenible un modelo con operadores que cumplen las reglas de juego con los que no las cumple", ha señalado.

Según Estalella, "las casas de apuestas on line no pagan impuestos a la Agencia Tributaria, ni cumplen las condiciones del servicio, ni la oferta de la Comunidad de Madrid ni respetan las medidas para proteger a los grupos de riesgo".

Apoyo de la CAM

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ha recordado que actualmente no existe ninguna empresa con licencia de la Comunidad para organizar y comercializar apuestas deportivas a través de Internet y que la única marca que lo ha conseguido trabaja en locales, de modo "presencial".

El portavoz del Ejecutivo madrileño ha recordado que existe una normativa vigente en la Comunidad, "aprobada desde hace tiempo", que regula el juego y la realización de apuestas deportivas y que exige a las empresas interesadas disponer de la correspondiente licencia para ejercer esa actividad.

Regulación descoordinada

El problema surge porque la normativa madrileña no incluye la tramitación de apuestas a través de Internet. Pero va más allá.

Durante la pasada legislatura el Senado exigió al Gobierno, a propuesta de CiU, que elaborara un proyecto de ley para la regulación de los servicios de juego y apuestas prestados por medios electrónicos y, en particular, a través de Internet, así como la coordinación de las distintas normativa con las comunidades autónomas, que tienen determinadas competencias en la materia.

Según datos de las empresas, el juego on line facturó en España más de 400 millones de euros. Para el empresario tradicional, la situación de los nuevos operadores es ilegal y un caso claro de competencia desleal. Éstos, sin embargo, reclaman una legislación acorde a sus necesidades.

Tal y como puso de manifiesto en un encuentro sectorial hace unos meses uno de esos nuevos operadores, es imposible "segmentar por regiones el juego on line" porque si una empresa saca una licencia para la Comunidad de Madrid, ¿cómo controla que alguien con Wi-Fi no opere desde Guadalajara? O, ¿podría un madrileño jugar, con su teléfono móvil, desde Zaragoza?