El Senado exige la regulación del juego 'online'
La propuesta de CiU ha sido apoyada por todos los grupos y obliga a coordinar la normativa con las comunidades autónomas
La Comisión de Economía y Hacienda del Senado ha pedido al Gobierno, a propuesta de CiU, que elabore un proyecto de ley para la regulación de los servicios de juego y apuestas prestados por medios electrónicos y, en particular, a través de Internet.
Todos los grupos de la Cámara Alta han apoyado la moción con una enmienda de adición, presentada por el Grupo Popular y defendida por la senadora del PP Andrea Fabra, que añade la obligación de coordinar la norma con las comunidades autónomas.
La senadora Fabra defendió su enmienda por la necesidad de introducir la urgencia ya que quedan pocos meses de actividad parlamentaria antes de las elecciones, y porque las comunidades autónomas también tienen algunas competencias en esta materia.
Además, la senadora del PP introdujo una petición en su intervención, por la que insta al Gobierno a paralizar las actividades de los operadores hasta que se regule el juego y las apuestas por Internet y otros medios electrónicos.
Sin recaudación
El senador de CiU Carles Gasóliba, ponente de la moción, defendió la iniciativa por la existencia de un vacío legal que crea una inseguridad jurídica en todos los actores, los que juegan por Internet y los operadores autorizados. Además, argumentó que, al no existir regulación, Hacienda deja de recaudar los impuestos que gravan a las loterías y apuestas.
El parlamentario de CiU apuntó como referencia otros países de la Unión Europea que sí tienen legislación y normativa para regular esta actividad.
Operadores autorizados
Por su parte, la senadora del PP indicó que en la actualidad sólo tienen licencia para operar de forma legal la Quiniela, las loterías gestionadas por el Estado, los juegos que están gestionados por la ONCE y los autorizados por las comunidades autónomas.
En definitiva, la iniciativa de CiU enmendada por el PP, con la que han estado de acuerdo todos los grupos, trata de eliminar la incertidumbre existente en la actualidad, define la tributación a la que debe someterse esta actividad y fija las condiciones para la publicidad de estas empresas.
Además, pretende luchar contra el fraude. Según la senadora Fabra, las apuestas y el juego por Internet o teléfonos móviles están operando a través de empresas gestionadas desde el extranjero y son una alternativa rápida y sencilla para el blanqueo de capitales.
Por otro lado, según los senadores, la ley debe garantizar la protección de los usuarios, advirtiendo de los riesgos de adicción, con especial atención a los menores, y determinar el órgano competente para poder actuar con todos los instrumentos legales paralizando la actividad de los que no cumplan la legislación en materia de juego o apuestas por Internet o por cualquier otro canal electrónico.
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