La UE debate una polémica regulación de la propiedad intelectual

Los falsificadores y los aficionados a las descargas masivas de música en Internet podrían ver sus bienes incautados y sus cuentas corrientes congeladas de salir adelante la propuesta de Directiva que esta semana pasa su último examen en las instituciones europeas.

La norma, que debería ser adoptada por los todos los Estados de la UE, ha suscitado las críticas de grupos de consumidores y de defensa de los derechos digitales. Afirman que las penas son iguales para las grandes mafias que para los simples usuarios de las redes de intercambio de archivos, y creen que la norma daría a la industria musical poderes ilimitados para perseguir a los internautas europeos que violen sus derechos sobre la música.

Las instituciones europeas opinan que los delitos contra la propiedad intelectual suponen un claro lastre para el funcionamiento del mercado europeo. Para luchar contra estas conductas, en alza tanto por el uso de Internet para el intercambio de música como por la llegada de productos falsificados, llevan meses perfilando la Directiva de la Unión Europea para la Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

El proceso de elaboración ha llevado años, y está diseñada para dar a los titulares de la propiedad intelectual -farmacéuticas, diseñadores de moda o discográficas- herramientas legales más efectivas para acabar con las mafias que operan en el mercado negro de productos falsificados.

Tras la aprobación por parte del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, la norma cubre esta semana sus últimos trámites antes de ser aprobada. Hoy lunes ha sido debatida en la Eurocámara, para ser votada el martes. De ser aprobada, por los parlamentarios, deberá recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros de la UE el próximo jueves 11 de marzo.

Nuevas armas contra la piratería

La norma incluye nuevas medidas de protección de la propiedad intelectual, configuradas para luchar contra el creciente tráfico de productos falsificados en las calles de muchas capitales europeas, así como contra la piratería de programas informáticos, películas y, en especial, música.

En su texto actual -el debate en el Parlamento Europeo es la última ocasión para introducir enmiendas- la Directiva permite que una empresa que crea que su marca o su derecho de propiedad intelectual ha sido violado por un individuo o un grupo de personas obtenga de un juez la incautación de sus bienes y la congelación de sus cuentas bancarias.

La norma ha sido impulsada por la parlamentaria conservadora frances Janelly Fourtou, esposa del alto ejecutivo de Vivendi Universal, Jean-Rene Fourtou. Este gigante de los contenidos es uno de las empresas que reclaman duras leyes globales contra la piratería para reducir las descargas de música a través de las redes de intercambio de archivos (redes P2P), a la que las discográficas achacan la bajada de las ventas en los últimos años. Janelly Fortou, en todo caso, defiende la Directiva diciendo que no debe ser vista como legislación ideada contra las redes P2P.

Parecidos razonables

"Bajo esta ley, su casa ya no será nunca más su castillo. Tendrá que defenderlo de una forma un poco más agresiva", afirma Andreas Dieta, miembro de Derechos Digitales Europeos (EDRi), grupo de defensa de los 'ciberderechos' que ha organizado una protesta contra la ley para la tarde del lunes en Estrasburgo. Con ella pretenden hacer oír su voz contra la Directiva antes de la votación que se celebrará en la sesión plenaria de mañana.

EDRi compara el texto legal con la controvertida Digital Millennium Copyright Act (DMCA), norma sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual aprobada en 1998 en EEUU y que las discográficas han esgrimido en este país a la hora de emprender acciones legales contra internautas que descargaron su música de Internet.

Otros grupos críticos temen que la ley permita a las multinacionales utilizar medidas legales desproporcionadas para derrotar a sus pequeños competidores, por ejemplo, hacienda que se inmovilicen bienes y cuentas bancarias mientras se dilucida un contencioso por derechos de propiedad intelectual.

Los defensores de la Directiva apuntan a su favor que es una ley largamente modelada a imagen de otras existentes en el Reino Unido, que cuenta con uno de los regimenes legales más restrictivos en este campo. John MacKenzie, abogado de la firma Masons - especializada en propiedad intelectual- afirma de hecho que la Directiva no traerá consigo redadas diarias en las casas de los internautas comunes, tal y como temen los grupos de consumidores.