A la cárcel por descargar una canción de Internet

Si es usted de los que usa programas informáticos que le ha pasado un amigo, o si cada vez que le gusta una canción se la baja de Internet con algún programa de intercambio de archivos, tenga cuidado. Seguro que ya sabe que lo que está haciendo es ilegal, pero es que además ahora puede acabar ante un juez por pirata. Un grupo de empresas de software se dispone a presentar una denuncia ante la policía para investigar a 95.000 usuarios españoles de Internet que podrían haber obtenido canciones, películas o programas protegidos por derechos de autor a través de la Red. ¿Es usted uno de ellos?

Si no lo es, seguro que ha oído hablar de algún caso similar. El día del estreno de Matrix Reload, el último bombazo de Hollywood, la película ya estaba flotando en el hiperespacio. Tan sólo era necesario conectarse a un programa de intercambio de archivos del estilo del difunto Napster, realizar una búsqueda que hasta un niño de cinco años podría hacer, y esperar a tener la película en el PC en cuestión de unas horas (con una conexión de alta velocidad, por ejemplo ADSL; con un módem la espera puede resultar interminable).

¿Quién aprieta el botón?

El mencionado Napster, el abuelo de este tipo de programas, tenía un inconveniente: si usted quería bajarse una canción de mi ordenador, tenía que pasar a través de un servidor central para conseguirlo. Así, en cuanto las discográficas se enteraron del asunto, se pusieron a disparar con todo su aparato legal contra ese servidor. No tardaron en derribarlo, y ahora Napster forma parte de la bonita historia de Internet. Sin embargo, de su cadáver florecieron programas similares pero sin servidor central: el software (KaZaa, WinMX, etcétera) sólo se encarga de decirle que yo tengo en mi ordenador la canción que a usted le interesa; luego usted aprieta un botón y ¡voila!, la canción se descarga en su ordenador.

¿Quién aprieta el botón? Usted. ¿Contra quién se dirige ahora el armamento legal de la industria? Exacto: contra usted. O para ser más exactos, contra los usuarios que se dedican al intercambio de archivos, encuadrados en lo que estas empresas han venido a denominar "comunidad".

Se trata de la primera denuncia de este estilo que se concreta en Europa, según han informado fuentes judiciales a la agencia Efe. Los sospechosos son 95.000 usuarios de programas P2P (peer-to-peer, es decir, entre iguales, es decir, sin servidor central de por medio); el denunciante es el bufete de abogados Lanswell a petición de 32 empresas informáticas; y el investigador, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional.

Piratas de perfil alto

¿Se cree usted a salvo, verdad? Claro, a priori parece difícil pescar a un usuario de Internet mientras se baja una canción, y mandar hasta la puerta de su casa a una pareja de policías. Pero los denunciantes tienen un as en la manga, en concreto un as informático: han desarrollado un programa que permite identificar al pirata y rastrearle por la Red. La mala noticia para los infractores es que esa fase del proceso ya se ha llevado a cabo; o sea: ya están localizados. Ahora sólo hace falta que la policía les pille con las manos en la masa.

Entre estos sospechosos hay empresas, alguna que otra administración pública, y sobre todo un puñado de usuario de perfil alto, cerca de 4.000, que cuentan con más de 15.000 ficheros ilegales en sus alforjas. En total, según los denunciantes esos 95.000 usuarios fichados han realizado cerca de 25 millones de descargas en los últimos seis meses. Traducido a euros, estas empresas cifran en 85 millones de euros las pérdidas ocasionadas por esta actividad en ese periodo de tiempo. Adivine ahora quién va a pagar el pato.