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La Policía se desvincula del seguimiento a usuarios por descargas ilegales

La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) no ha recibido hasta la fecha ninguna denuncia contra usuarios españoles de redes de intercambio de ficheros a través de Internet, según ha asegurado la unidad del Cuerpo Nacional de Policía a Europa Press.

El 18 de julio el abogado de Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) Xabier Ribas confirmó a una agencia de noticias que se había realizado un "seguimiento" a varios miles de usuarios de redes peer-to-peer (nicks o alias, datos de conexión, ficheros compartidos, etcétera), durante varios meses, en cumplimiento del encargo de las principales empresas de software de España de denunciar a quienes descargan o permiten la descarga ilegal de programas profesionales. Precisamente, la información fue en su día desmentida por las principales empresas de software unidas en la Business Software Alliance (BSA).

El bufete, que calcula que la demanda no arrancará hasta el mes de septiembre -añade la agencia de noticias-, intentará que la actuación procesal sea "prudente", de forma que se dirigirá "primero contra los doscientos usuarios que han incidido más en esta práctica, después contra otros doscientos y así sucesivamente. Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas hasta junio, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañías denunciantes de 85 millones de euros. La denuncia se centrará en los cuatro mil internautas que descargaron más de cien ficheros.

La preocupación de los internautas

"Nosotros queremos saber la verdad. Puedo entender que se esté interesado en fomentar debate social en torno a la distribución de contenidos en Internet, pero no criminalizando a ciudadanos españoles", señaló Domingo, que no recuerda "haber visto nunca tanta preocupación en la comunidad internauta". Sostiene que, si el anuncio de la demanda "ha sido una cuestión de mercadotecnia, no es demasiado deontológico". Domingo se refirió así al hecho de que la BSA se haya desmarcado de la demanda, y a que asociaciones como la SGAE y AFYVE tampoco formen parte de la misma, según sus propias consultas.

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