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La ley de la firma digital llegará al Parlamento casi dos meses después de lo anunciado por Piqué

Esta norma pretende estimular la confianza en el medio electrónico

La Ley de la Firma Electrónica, uno de los baluartes del Gobierno para potenciar la seguridad y la confianza en la Red, no llegará al Parlamento hasta mediados del mes de abril, es decir, casi dos meses después de la fecha anunciada a principios de año por el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué.

La firma digital o electrónica es un sistema criptológico que permite cifrar los documentos enviados por Internet y que garantiza que el mensaje emitido no puede ser intervenido ni modificado en su trayecto y que quien lo envía es realmente quien dice ser.

El director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Leopoldo González-Echenique, explicó que todavía resta "mes y medio" para que la Ley de la Firma Electrónica llegue al Congreso, entre otros motivos porque todavía no se ha solicitado su correspondiente dictamen al Consejo de Estado. Sin embargo, el 2 de enero, Piqué explicó, que confiaba en que el Consejo de Ministros remitiera al Parlamento la Ley de la Firma Electrónica a finales de febrero, o, "como tarde", a principios de marzo, plazos que no se van a cumplir.

Impulsar la sociedad de la información

Tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) en el último trimestre del pasado año, el MCYT pretendía completar el marco normativo para impulsar la Sociedad de la Información en España fundamentalmente con la Ley de Firma Electrónica, además del desarrollo normativo de la propia Ley de Internet, y a la espera de las conclusiones de la comisión nombrada ad-hoc.

El MCYT publicó el 26 de julio de 2002 el segundo borrador del Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, elaborado en "estrecha" colaboración con los ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior, Justicia y la participación de la Agencia Tributaria.

El texto persigue promover un uso más generalizado de la firma electrónica como herramienta de seguridad en las transacciones, basándose en la directiva europea sobre firma electrónica y "recogiendo la experiencia y los avances constatados en el sector" desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre.