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El Senado debate sobre la directiva europea de patentes de software

Expertos en leyes y tecnología analizan las implicaciones de una legislación que permitiría patentar programas informáticos

¿Se puede patentar el algoritmo informático para calcular el área de un triángulo? ¿Y el proceso de compra en Internet con un clic? Éstas y otras preguntas surgieron ayer durante las Jornadas sobre Patentabilidad del Software celebradas en el Senado. Surgieron las preguntas, pero las respuestas tendrán que esperar hasta que el Parlamento Europeo decida aprobar, o no, la Propuesta de Directiva Europea sobre la Patentabilidad de las Invenciones Implementadas en Ordenador, un texto legal que rompe con casi 30 años en los que esta práctica ha sido expresamente excluida de la normativa europea sobre patentes.

En mayo de 2002, tres meses después de la aparición de la directiva, el Senado aprobó, por iniciativa del senador socialista Félix Lavilla, una moción por la que se instaba al Gobierno a defender un retraso en la aplicación de la directiva o, al menos, que ésta no se aceptara antes de "analizar con rigor las ventajas y los inconvenientes para la investigación en materia de software". La moción sugería también que la Cámara Alta promoviera un debate con expertos científicos y tecnológicos de nuestro país y las organizaciones interesadas en la materia "antes de tomar una decisión definitiva". El debate se produjo el jueves, en forma de Jornadas, y con la participación de expertos de diversas disciplinas relacionadas con este asunto.

Armonizar las legislaciones europeas

El director general para el desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González-Echenique, abrió el acto asegurando que la directiva europea "pretende armonizar las legislaciones nacionales", para que la "flexibilidad" de algunos países a la hora de admitir patentes de este tipo no los coloque en ventaja frente a otros más rigurosos.

A continuación, el debate se sucedió en dos mesas redondas, jurídica e informática, moderadas respectivamente por Alonso Arroyo Hodgson, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y Mercedes Coloma Pesquera, presidenta de la de Sociedad de la Información y del Conocimiento.

En ninguna de las mesas pudieron escucharse opiniones abiertamente partidarias de la directiva, aunque sí se escucharon algunas opiniones muy críticas con el texto que actualmente se debate en el Parlamento Europeo.

Carlos Bercovitz, catedrático de Derecho Mercantil de la UNED, criticó la directiva europea por no exigir "capacidad inventiva" ni obligar a "describir el algoritmo ni enseñar el código fuente" de aquello que se quiere patentar. El catedrático denunció también "presiones de EEUU y Japón" para que este texto salga adelante, situación que obligaría a los inventores del software a presentar "miles de solicitudes [de patentes] que sólo podrán pagar las grandes empresas".

En la mesa informática las opiniones no fueron menos duras. Manuel de Hermenegildo, catedrático de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, abrió fuego contra la directiva al asegurar que las patentes tendrían "consecuencias potencialmente devastadoras", al suponer "el mantenimiento de los monopolios" y un "freno a la innovación". Hermenegildo se refirió también al impacto que esta normativa tendría sobre el software libre, que calificó de "modelo de negocio en el la que la UE, y particularmente España, sería muy competitiva o incluso podría ser líder".

El catedrático recordó a los presentes que "Internet no habría sido posible con las patentes de software" y concluyó su intervención pidiendo que se rechace esta normativa para que las empresas puedan dedicarse "a innovar en vez de litigar".

Por su parte, Víctor Izquierdo Loyola, subdirector general de Tecnologías Informáticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apuntó que este asunto había conseguido dibujar dos bandos enfrentados. En el primer frente se habrían alineado los partidarios de las patentes de software -grandes empresas, organismos gubernamentales y despachos de abogados-, y en el segundo, los opositores a esta regulación, representados por estudiantes, académicos e ingenieros.

Durante la clausura de las Jornadas, José López Calvo, director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas sorprendió a los presentes al asegurar que "ni se patenta ni se patentará el código de los programas". López Calvo se refería probablemente al código fuente, las instrucciones que escriben los programadores, y no a los algoritmos o fórmulas para resolver problemas, que se han venido patentando por parte de la OEP desde hace más de diez años y que la propia oficina española ha admitido a trámite.

Historia de la directiva

La concesión de patentes de software fue excluida expresamente por el Convenio Múnich de 1973, suscrito por los Quince y otros cuatro países del entorno europeo. No obstante, la Oficina Europea de Patentes (OEP), el organismo que surgió de este acuerdo y que opera con total independencia de Bruselas, ha concedido en los últimos años cerca de 30.000 patentes de software, en su mayoría solicitadas por medianas y grandes empresas.

Esta situación ha llevado al Parlamento Europeo a reaccionar con un texto legal que le permita tomar las riendas de este proceso. Así, según el eurodiputado Manuel Medina, tras la eufemística afirmación de que la directiva pretende la "armonización de las legislaciones europeas" se esconde un intento de Bruselas por sujetar a la OEP, un organismo que a pesar de su escaso control democrático y su total independencia de los cauces legislativos europeos, cuenta aún con el aval que le otorgó la firma del Convenio de Múnich.

En un principio, el Comité de Asuntos Jurídicos, dirigido por la laborista británica Arlene McCarthy, fue el encargado de analizar las ventajas e inconvenientes de las patentes de software y de elaborar una propuesta de directiva que sirviera de marco para los Quince.

Sin embargo, la postura de este comité, muy cercana a las tesis de la Oficina Europea de Patentes y los grupos multinacionales, provocó duras quejas en el seno de la cámara y forzó la entrada de opiniones diferentes. Así, se dio entrada al Comité de Educación y Cultura, dirigido por el ex primer ministro socialista francés Michel Rocard, y al de Industria, liderado por la liberal holandesa Elly Plooij-Van Gorsel.

Según Manuel Medina, las tesis de Rocard se encuentran próximas a las de los defensores del software libre y la no regulación de los programas, mientras que las de Plooij-Van Gorsel están a medio camino de McCarthy y Rocard.

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