Italia introduce el delito de feminicidio impulsado por el Gobierno de ultraderecha de Meloni

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Parlamento italiano ha aprobado este martes una ley que introduce en el código penal el delito de feminicidio y lo castiga con cadena perpetua. El proyecto, impulsado por el Gobierno ultraderechista liderado por Giorgia Meloni (Hermanos de Italia), había recibido el visto bueno del Senado y este martes se aprobó por mayoría en la Cámara de los diputados, por lo que ya es ley firme y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado italiano.

En concreto, la nueva norma estipula que quien mate a una mujer “como acto de odio, discriminación, abuso de poder, control sobre ella, para limitar su libertad o en relación con su negativa a establecer o mantener una relación afectiva”, se enfrenta a penas de cadena perpetua en los casos más graves. En los supuestos en los que pueda reconocerse alguna atenuante, las condenas van de los 15 a los 24 años de prisión.

Hasta ahora, la legislación italiana preveía un agravante específico para los asesinatos que pueden entrar en la definición de feminicidio, es decir, el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer ―lo que en España la ley recoge como asesinatos por violencia de género desde 2004―, pero no era considerado un delito en sí mismo, como lo será a partir de ahora.

Además, la norma contempla agravantes y castigos mayores para los delitos de maltrato a las mujeres, acoso o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como venganza (conocido como pornovenganza). La ley responde a una serie de casos de violencia de género y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, muchas muy jóvenes, que han cambiado la conciencia social en el país transalpino.

El Instituto Nacional de Estadística (Istat, por sus siglas en italiano) registró el año pasado un feminicidio cada tres días. Ha habido casos recientes que han marcado un antes y un después en Italia y han transformado el debate público y político. Una serie de asesinatos de mujeres han despertado un clamor social que ha acelerado la demanda de una reforma legal concreta. Uno de los casos es el de Giulia Cecchettin, universitaria de 23 años asesinada brutalmente en 2023 por su expareja de 23 años ―condenado a cadena perpetua el año pasado― cuando estaba a punto de graduarse en la universidad.

Su muerte sirvió como catalizador para aumentar la presión social sobre las autoridades y los partidos políticos. La indignación pública generalizada permitió que el debate sobre la violencia de género y sus causas en la cultura patriarcal del país dejara de ser casi marginal y se convirtiera en un tema central.

“Una señal importante de cohesión política”

Para Meloni, la nueva ley aprobada con una amplia mayoría representa “una señal importante de cohesión política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres”. “Hemos duplicado la financiación para centros y refugios contra la violencia, promovido una línea de emergencia y llevado a cabo actividades innovadoras de educación y concienciación”, subrayó la primera ministra. Y agregó: “Estos son avances concretos, pero no nos detendremos aquí. Debemos seguir haciendo mucho más cada día”.

Aunque la oposición de centroizquierda ha apoyado la ley en el Parlamento, ha criticado que el enfoque del gobierno solo aborda el aspecto criminal del problema, mientras que no trata causas subyacentes como los factores económicos y culturales. Entre otras cosas, en el país transalpino se ha intensificado el debate sobre la introducción de la educación sexual y emocional en las aulas como forma de prevenir la violencia de género.

Por el momento, el gobierno se plantea prohibir este tipo de educación en los estudiantes de primaria y prevé exigir el consentimiento explícito de los padres para cualquier lección que plantee estos temas en los institutos de secundaria. La coalición conservadora considera que de este modo están protegiendo a los menores de lo que llaman “activismo ideológico”, mientras que la oposición califica este planteamiento como “medieval”.

“Italia es uno de los siete países en Europa donde la educación sexual y de relaciones aún no es obligatoria en las escuelas, y estamos pidiendo que sea obligatoria en todos los ciclos escolares”, ha protestado la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein. Y ha añadido: “La represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las escuelas”.

La norma, que se acaba de aprobar se anunció el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y suscitó de inmediato un debate entre juristas, magistrados, abogados, movimientos feministas y asociaciones que se ocupan de la lucha contra la violencia machista contra las mujeres.

La cuestión es compleja. Los sectores más críticos esgrimen dos argumentos principales: consideran que la nueva norma no era necesaria y dudan de su efectividad. Algunos expertos advierten de que tipificar el feminicidio como delito autónomo no garantiza una reducción real de estos crímenes. Y señalan que existe el riesgo de que la norma se quede en un gesto simbólico y de que se pretenda resolver únicamente a través del derecho penal ―centrado en la sanción―, una problemática que tiene raíces profundas, culturales y sociales. Por ello, reclaman políticas de prevención que tengan en cuenta el conjunto de prácticas sociales, políticas, públicas e institucionales que justifican o favorecen la violencia machista contra las mujeres.

Por otro lado, quienes respaldan la ley sostienen que el delito de feminicidio permitirá a los organismos públicos actuar con mayor precisión y eficacia. Creen también que la medida contribuirá a visibilizar la dimensión estructural de la violencia de género y permitirá impulsar cambios sociales, culturales e institucionales para superar los numerosos factores que aún perpetúan la violencia contra las mujeres.

Al mismo tiempo, en Italia se está debatiendo otra reforma legislativa para introducir el concepto de consentimiento en los casos de violencia sexual y la cuestión cuenta con un amplio consenso. Hace unos días, Meloni y Schlein llegaron a un acuerdo para incluir este principio en el Código Penal. Se trata de un pacto poco habitual entre fuerzas políticas opuestas en Italia.